RÍO DE JANEIRO – “Ya no podemos beber el agua de los ríos, de los arroyos, porque está envenenada desde sus nacientes”, lamentó Megaron Txucarramãe, uno de los más conocidos líderes indígenas de Brasil.
El mercurio que los “garimpeiros” (mineros informales) usan en la búsqueda descontrolada de oro contamina el agua y el suelo. En algunos ríos amazónicos, como el Tapajós, el desastre ambiental y sanitario ya está en marcha.
Un estudio concluido en 2020 por la Fundación Oswaldo Cruz, principal institución en salud pública de Brasil, y la oficina en el país del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), comprobó la intoxicación por mercurio de 60 % de los habitantes de algunas aldeas del grupo indígena munduruku, en las orillas del río Tapajós, en la Amazonia oriental.
Por lo menos 200 niños, adultos y ancianos indígenas presentaban índices de mercurio superiores al nivel considerado tolerable por la Organización Mundial de Salud (OMS). Es producto de siete décadas de intensa minería ilegal en la cuenca.
El temor es que se repita allí el desastre de Minamata, la ciudad costera de Japón en que murieron miles de personas envenenadas por el mercurio descartado por una empresa industrial en las aguas de la bahía local en los años 50.
El consumo de pescado fue la vía de contaminación humana y de los consecuentes daños neurológicos, muchas veces mortales o deformadores.
“Nosotros comemos mucho pescado y ‘tracajá (Podocnemis unifilis, una tortuga de agua dulce conocida en español como taricaya o terecay)’, los necesitamos como alimentación”, destacó Megaron a IPS por teléfono desde Brasilia, donde participa en el Campamento Tierra Libre, una manifestación anual que los indígenas de este país sudamericano protagonizan en abril en defensa de sus derechos.
Campamento de resistencia
El campamento, que va a congregar a unos 7000 participantes entre el 4 y 14 de abril en una de las plazas de la capital brasileña, volvió a ser presencial tras dos años de actividades virtuales en el “Abril indígena”, a causa de la pandemia de covid-19.
“Es un acto de resistencia” ante las medidas del gobierno del presidente Jair Bolsonaro, resumió Marcio Santilli, socio fundador del no gubernamental Instituto Socioambiental y expresidente de la Fundación Nacional del Indígena (Funai), la agencia estatal responsable de la política indígena.
Desde su posesión en la presidencia, en enero de 2019, Bolsonaro mantiene una ofensiva contra los derechos indígenas fijados en la Constitución. Anunció que no demarcaría siquiera “un centímetro cuadrado de tierra indígena”, en oposición al dictamen constitucional.
Además intentó dos veces transferir al Ministerio de Agricultura la responsabilidad por las tierras indígenas en manos del Funai. La medida fue anulada por el legislativo Congreso Nacional la primera vez y suspendida por el Supremo Tribunal Federal (STF) la segunda, todo en 2019.
Sería entregar las cuestiones indígenas al ministerio que cuida un sector en constante conflicto con los pueblos originarios, por tierras en disputa.
Funai perdió recursos presupuestarios, funcionarios calificados y capacidad operacional durante el actual gobierno de extrema derecha.
“Fue creada para apoyarnos a nosotros, los indígenas, pero ya no lo hace, solo nos produce miedo”, señaló Megaron.
La amenaza minera
Pero la gran amenaza actual proviene de la Cámara de Diputados, donde se tramita el Proyecto de Ley 191 (PL 191), propuesto en 2020 por el Poder Ejecutivo para abrir las tierras indígenas a la minería, construcción de centrales hidroeléctricas y otras obras de infraestructura.
“Esa ley, si resulta aprobada, apunta al nuestro exterminio”, evaluó el líder del pueblo kayapó, que congrega a unos 12 000 miembros, distribuidos en varias planicies de la Amazonia oriental brasileña y practicantes ancestrales de la agricultura itinerante, en pequeños terrenos que abren en el bosque y donde instalan sus “purus” (huertos rotatorios) .
Según el último censo, de 2010, en Brasil sobreviven 350 pueblos originarios, con 987 000 indígenas. Actualmente se estima que hay más de 1,1 millones, dentro de una población total de 214 000 millones.
Bolsonaro intenta legalizar las invasiones de tierras indígenas por los “garimpeiros”. Eso intensificaría los daños que la minería ilegal ya impone a los indígenas, las poblaciones ribereñas y al medioambiente, especialmente en la Amazonia.
El territorio yanomami, con una población estimada en 28 000 indígenas en el extremo norte de Brasil, en la frontera con Venezuela, soporta esas invasiones hace cuatro décadas. Actualmente se estima que operan allí más de 20 000 garimpeiros.
Como se trata de un pueblo milenario con reciente y escaso contacto con los no indígenas, la presencia de foráneos provoca frecuentes brotes de malaria y otras enfermedades contagiosas, con alta mortalidad y otras secuelas, como la subnutrición, además de los ríos sedimentados y contaminados de mercurio.
El Campamiento Tierra Libre, organizado por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), forma parte de “nuestro movimiento contra el PL 191, pero necesitamos el apoyo de la opinión pública, de la fuerza del pueblo brasileño y también del apoyo de Naciones Unidas y de la Unión Europea”, reclamó Megaron.
El respaldo internacional es importante, porque Bolsonaro intenta “poner la sociedad brasileña en contra de los indígenas”, subrayó en un diálogo telemático entre el campamento y el Parlamento Europeo, el 6 de abril.
Presión sobre legisladores
“No tenemos dinero para comprar el voto de los diputados”, volvió a comentar Megaron, uno de sus mantras para subrayar la necesidad de movilizar la solidaridad y a la vez criticar los mecanismos corruptos que maneja el gobierno para asegurarse la mayoría parlamentaria, como liberar recursos del presupuesto para proyectos de los legisladores.
El Frente Parlamentario Indígena lanzó en el campamento una carta abierta, con la meta de obtener un millón de firmas, para manifestar el rechazo al proyecto de ley que busca ofrecer territorios indígenas a la minería.
Además de rechazar el PL 191, los indígenas luchan también contra el “marco temporal”, por el cual las comunidades originarias solo tendrían derecho a las tierras que ocupaban en octubre de 1988, cuando se promulgó la Constitución vigente.
Significaría prácticamente abortar la demarcación de tierras indígenas identificadas, en proceso de identificación o ya reconocidas, que suman 241 según el Instituto Socioambiental. Brasil tiene 487 áreas homologadas, es decir ya atribuidas a los grupos indígenas, pero incluso algunas de ellas podrían sufrir alguna revisión, en lo que sería un lio judicial.
Esa es una cuestión que el STF deberá dirimir este año. Empezó a juzgarla en agosto de 2021, con interrupciones.
De todas maneras, nadie espera que se reanuden las demarcaciones en lo que queda del gobierno de Bolsonaro, que termina el último día de 2022.
“Hay luz en el fin del túnel”, auguró Santilli, al hablar con IPS por teléfono, también desde Brasilia, en referencia a la posibilidad de que Bolsonaro no logre la reelección. Las encuestas hasta ahora otorgan un amplio favoritismo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).
Por eso el Campamento Tierra Libre de este año se realiza en un clima de más esperanzas que los de los años anteriores. “Tiene más participantes, cuenta con nuevos aliados y apoyadores personales e institucionales, y durará más días” que otras ediciones presenciales, observó Santilli.
De hecho, hace un mes, el 9 de marzo, representantes del mundo artístico, como el cantautor Caetano Veloso, movimientos sociales e indígenas protestaron delante del Congreso Nacional contra el llamado “paquete de la destrucción”.
Los objetos de las mayores críticas eran proyectos de ley en trámite parlamentario que favorecen la deforestación y los agroquímicos y amenazan los derechos indígenas, como el PL 191.
“Este año se trata de contener los daños que aún puede provocar el gobierno, pero con la expectativa de reanudar las demarcaciones y reconstruir la Funai”, a partir del próximo año, apuntó el indigenista del Instituto Socioambiental.
Además, acotó, se encara las elecciones de octubre como una oportunidad para ampliar la representación indígena en el Congreso, hoy limitada a una única diputada, Joenia Wapichana, elegida en 2018 por el norteño estado de Roraima, afiliada al partido Rede Sustentabilidad.
“Tendremos varios candidatos y podremos elegir algunos con el voto de los indígenas”, corroboró Megaron.
ED: EG
