RÍO DE JANEIRO – La guerra desatada en Ucrania ya es un conflicto mundial, por sus efectos económicos y políticos. En Brasil repercute en la posible privación de fertilizantes vitales para la agricultura, especialmente la de exportación.
Brasil es el mayor importador de fertilizantes del mundo, pese a ser el cuarto mayor consumidor. Las importaciones responden por cerca de 85 % del consumo nacional de los tres insumos básicos para la siembra: potasio, urea y fosfato, según el Ministerio de Agricultura.
La invasión militar de Rusia a Ucrania destapó el riesgo de esa abrumadora dependencia externa. Brasil puede quedar sin ua cuarta parte de los fertilizantes que suele usar para mantenerse como el principal productor de soja, caña de azúcar y café, si se prolonga la guerra.
El gobierno de Rusia recomendó al sector privado suspender sus exportaciones de fertilizantes mientras persistan las dificultades para el transporte de esos productos, debido a la guerra y a las sanciones occidentales contra el ataque a Ucrania. La medida afecta 20 % del consumo brasileño, o 9,2 millones de toneladas en 2021.
Además Bielorrusia, que en 2021 suministró 2,5 millones de toneladas de potasio a Brasil, redujo sus exportaciones desde fines de 2021, debido a las sanciones que le impusieron la Unión Europea (UE), Estados Unidos y el Reino Unido por fraudes en las elecciones de agosto de 2020 y la violenta represión a los opositores.
La guerra interrumpió totalmente sus exportaciones, ya que Bielorrusia también sufre las sanciones impuestas a Rusia por apoyar los ataques militares a Ucrania.
Rusia y Bielorrusia concentran un tercio de las exportaciones mundiales de potasio, es decir su ausencia afecta la agricultura en todo el mundo, sea por falta del producto, sea por el alza de su precio.
Más guerra, menos alimentos
“No hay motivos para la desesperación, en Brasil”, evaluó Maisa Romanello, agrónoma y analista de la empresa consultora Safras & Mercado, aunque la productividad agrícola nacional dependa del abono importado, porque se siembra en suelo pobre de nutrientes.
“La gran demanda solo ocurrirá en octubre”, cuando empieza la siembra de soja, cultivo que acapara 40 % de los fertilizantes, argumentó, en coincidencia con la ministra de Agricultura, Tereza Cristina Dias.
La Asociación Nacional para Difusión de Abonos (Anda) divulgó el 3 de marzo un comunicado más alarmante que limita en tres meses la disponibilidad de fertilizantes en el país, aunque las existencias actuales sean superiores al promedio de años anteriores.
Pero soja y maíz, que juntos representan 57 % de la demanda, según datos de la Secretaria de Comercio Exterior, ya tienen resuelto sus siembras del ciclo actual. Igual sucede con la caña de azúcar, el café y el algodón, que suman otros 21 % del consumo en Brasil.
Los cultivos del invierno austral, de mediados del año, como trigo, centeno y frijoles, demandan pocos fertilizantes.
“No es posible prever si faltarán fertilizantes en Brasil para las próximas siembras”, depende de la duración de la guerra”, acotó Romanello a IPS desde Campinas, una ciudad del suroccidental del estado de São Paulo.
Pocos proveedores
La ministra de Agricultura busca alternativas de suministro. Anunció que viajará la próxima semana a Canadá, mayor productor mundial de potasio, para negociar un aumento de las ventas a Brasil. Chile e Irán son otras fuentes suplidoras.
De todos modos, un daño ya está hecho y tiende a agravarse. El precio de los insumos prácticamente se duplicó en 2021 y, con la guerra, “las especulaciones pueden generar pánico”, lamentó la analista.
De los grandes insumos para la siembra, el potasio es lo que más preocupa la agricultura brasileña por la dificultad de obtenerlo. El fosfato presenta la menor dependencia externa, aunque es de 75 %. La producción de urea se puede aumentar más rápidamente pero su materia prima, el gas natural, está “con el precio en las alturas y en aumento”.
De esa forma es inevitable la inflación de alimentos que ya venía castigando la población brasileña por desajustes en la producción, a causa de la pandemia de covid-19. Fue uno de los factores de la inflación de 10,06 % en Brasil el año pasado.
La ministra Dias anunció también la preparación de un Plan Nacional de Fertilizantes para reducir la dependencia externa, pero repite una iniciativa que se intentó varias veces sin éxito. Varios factores, como sistema tributario y costos de las materias primas nacionales, siempre hicieron más ventajoso importar.
Además serían soluciones a largo plazo, no resuelven la crisis actual.
La guerra en Ucrania amenaza con dejar a los extensos monocultivos de soja en la región del Centro-oeste de Brasil sin los fertilizantes importados de Rusia y Bielorrusia, que representan 25 por ciento de la demanda brasileña y no podrán exportarlos mientras estén vigentes las sanciones económicas occidentales a esos dos países. Foto: Mario Osava / IPS
Contra los indígenas
Un efecto positivo de todo eso, según Romanello, es un estímulo a la producción de abono orgánico, para sustituir el químico, y a los cultivos agroecológicos.
El presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, por su parte, aprovechó los riesgos actuales para insistir en su vieja prédica de la minería en tierras indígenas como solución para muchos males del país. En ese caso estarían allá las materias primas para superar la escasez de fertilizantes nacionales y la prosperidad indígena.
Pero se trata de una actividad restringida por leyes y reglas ambientales, que se busca suprimir o modificar a través de un proyecto de ley, en trámite en el legislativo Congreso Nacional. Ambientalistas y líderes indígenas batallan contra su aprobación.
El objetivo es principalmente un área minera en Autazes, un municipio cerca de la desembocadura del río Madeira en el río Amazonas, donde habría el mayor yacimiento de potasio de Brasil, pero cerca de una tierra indígena y cuya autorización ambiental enfrenta objeciones judiciales y ambientales.
Seguridad alimentaria
La minería en áreas indígenas aseguraría la seguridad alimentaria en el país, al facilitar la producción nacional de fertilizantes, consideró Bolsonaro.
“Pero la dramática situación que vivimos hoy, en la que mitad de los brasileños sufren algún grado de inseguridad alimentaria, con 19 millones de personas en situación de hambre, se generó hace varios años”, antes del alza de precios de los fertilizantes, contrarrestó Maria Emilia Pacheco, asesora de Fase, una organización no gubernamental de educación y derechos sociales.
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Brasil dejó el Mapa del Hambre de la Organización de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura (FAO) en 2014, pero volvió en 2018 con un gran aumento de la desnutrición.
En 2020 un estudio de la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Penssan) registró 55,2 % de la población en inseguridad alimentaria.
“Estamos retrocediendo, el hambre ya afectaba 9 % de la población antes de la pandemia y se agravó”, señaló a IPS en Río de Janeiro Pacheco, quien presidió el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea) en el cuatrienio 2012-2016.
Ese consejo, creado en 1993 con la participación de distintos sectores de la sociedad, tuvo papel importante para reducir la desnutrición a menos de 5 % de la población y eliminar el hambre como “problema estructural” en Brasil.
Pero el actual gobierno del presidente Jair Bolsonaro extinguió el consejo en 2019 y el hambre se agravó con la pandemia, incremento de la inflación y supresión o reducción de los programas sociales.
El encarecimiento de los fertilizantes y la amenaza de su escasez deberían fomentar una revisión de la agricultura brasileña, su lógica de gran escala, con haciendas de más de 2500 hectáreas y un consumo desmesurado de insumos químicos, señaló Pacheco.
Es una cantidad “absurda” de tierras, fertilizantes y agroquímicos que en su inmensa mayoría no se destina a nutrir la población, sino a la exportación para alimentar el ganado, en desmedro de la soberanía y seguridad alimentaria y de la biodiversidad, “un ecocidio”, lamentó la activista.
ED: EG
