WASHINGTON – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamó por el abandono de años que sufren las prisiones de Ecuador, en las que motines causaron la muerte de 316 detenidos en 2021, y abogó por nuevas políticas carcelaria y criminal en ese país, en un informe divulgado este jueves 17.
La persistente crisis carcelaria “está caracterizada por altos niveles de violencia y corrupción sin precedentes dentro de las prisiones, y responde al abandono estatal del sistema penitenciario desde hace años, así como a la ausencia de una política criminal integral”, indica el texto de la CIDH.
Recordó que en 2021 “un total de 316 personas privadas de libertad perdieron la vida bajo custodia del Estado, y cientos resultaron heridas en una serie de ataques ejecutados por las mismas personas detenidas”.
Esa cifra “representa un incremento de 587 % respecto al 2020, cuando se registraron 46 muertes. La mayoría de las personas fallecidas eran jóvenes que se encontraban en prisión preventiva acusados por delitos menores, y algunos, incluso, contaban con la boleta de excarcelación”.
En febrero del año pasado, motines casi simultáneos en cuatro cárceles del país, con enfrentamientos muy violentos entre grupos de presos causaron 79 muertos. En julio, hechos similares provocaron la muerte de otras 22 personas.
El 28 de septiembre se produjo la mayor masacre carcelaria en la historia del país, en la Penitenciaría del Litoral, en la ciudad de Guayaquil (suroeste), en la que fueron asesinados 119 reclusos y otros 80 quedaron heridos.
En la misma cárcel se registró una nueva masacre el 12 de noviembre, en la que perecieron 68 detenidos y otros 25 resultaron heridos.
El presidente Guillermo Lasso decretó un estado de emergencia en todas las 36 cárceles del país, de 256 370 kilómetros cuadrados y 18 millones de habitantes, y en las cuales hubo en 2021 unos 39 000 detenidos.
Los muertos en las disputas cayeron victimas de disparos, impactos de granadas o armas blancas. En casi todas las reyertas hubo presos decapitados. El control de varias cárceles está desde hace años en manos de bandas criminales de las que hacen parte grupos de presos que son quienes controlan el terreno.
La CIDH visitó el país en diciembre de 2021 y produjo el informe “Situación de personas privadas de libertad en Ecuador”, que acaba de divulgar.
Como principal causa de esa violencia la CIDH identificó “la ausencia de control efectivo por parte del Estado en los centros donde ocurrieron los hechos de violencia más graves, lo que habría derivado en que, en la práctica, el control intracarcelario esté a cargo de las propias personas detenidas”.
El informe destacó “la existencia de una política que privilegia el encarcelamiento como medida para resolver los problemas de seguridad ciudadana, que resulta en un incremento exponencial del encarcelamiento durante los últimos años”.
Asimismo, “uso excesivo de prisión preventiva”, obstáculos legales y administrativos para conceder beneficios e indultos, e imposibilidad de garantizar la reinserción social a las personas detenidas.
La institucionalidad del sistema carcelario está debilitada por la disminución de su presupuesto, falta de personal técnico y de custodia, y ausencia de política penitenciaria, reconoció el organismo interamericano.
Incluyó en el informe “las lamentables condiciones de detención a raíz del hacinamiento; falta de separación entre personas condenadas y procesadas; infraestructura deficiente; atención médica negligente, y alimentación inadecuada”.
“Se destacan los riesgos que corren las mujeres de ser víctimas de violencia (los cuales) se agudizan por la proximidad entre los centros de privación de libertad para mujeres y para hombres”, se indicó.
La CIDH recomienda “implementar una política criminal y penitenciaria integral y transversal, con acciones eficaces para prevenir y controlar todo tipo de violencia; y reducir la población en las cárceles con la aplicación de la prisión preventiva de forma excepcional”.
Lasso decretó el pasado febrero nuevas condiciones para indultar a detenidos, y se espera la liberación de al menos 5000 de los detenidos en las cárceles ecuatorianas.
La CIDH también pidió “garantizar la reinserción social de personas privadas de libertad. De igual forma, se llama al Estado a garantizar el fortalecimiento institucional del régimen penitenciario y a asegurar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana”.
Esas medidas “deben tener en cuenta la perspectiva de género y una mirada a la discriminación histórica contra grupos en situación de vulnerabilidad”, dijo la CIDH, y pidió “una ruta común” en la tarea carcelaria “que incluya la participación de personas detenidas, familiares, y organizaciones de la sociedad civil”.
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