¿Qué aceite de palma está comprando Nestlé en la Amazonia brasileña?

Piñas de aceite de palma preparadas para su transporte en Pará, Brasil | Wenderson Araujo/Trilux/ O Joio

ACARÁ, Brasil – El domingo 6 de febrero, Raimundo Serrão y un grupo de unos 60 quilombolas decidieron no detenerse ante las amenazas que impedían su desplazamiento, y cruzaron el río Acará, en el municipio del mismo nombre, en el noroeste del estado brasileño de Pará, para retomar parte del territorio que reclaman.

Los quilombolas dicen que fueron expropiados de allí en la década de los 80, y que sus antiguas comunidades están hoy superpuestas a las fincas y áreas de preservación ambiental de la empresa Agropalma SA.

El lunes 7 La situación se volvió tensa cuando empleados de la empresa y guardias de seguridad armados y encapuchados contratados por Agropalma acorralaron a los quilombolas, los descendientes afrodescendientes de los esclavos que se refugiaron en los quilombos, territorios apartados, tras huir o lograr su libertad, a los que la Constitución reconoce derechos ancestrales sobre esas tierras.

Raimundo Serrão afirma que el territorio en el que vivía con su familia hasta que fue expulsado está hoy parcialmente ocupado por la finca Roda de Fogo y la finca Castanheira, pertenecientes a Agropalma, empresa que suministra aceite de palma a la compañía alimentaria transnacional Nestlé, según indican los documentos hechos públicos por la propia firma suiza.

Los quilombolas afirman que estas fincas ocupan partes del territorio donde vivían las comunidades quilombolas Nossa Senhora da Batalha y Comunidade Santo Antônio y donde vivía el pueblo indígena Tembé, todos expulsados de sus tierras.

Como prueba, los quilombolas señalan los cuatro cementerios ancestrales que se encuentran allí, donde están enterrados muchos de sus seres queridos fallecidos -hay al menos tres cementerios quilombolas y un cementerio tembé. Junto con las tejas y los elementos que componían la estructura de soporte de las edificaciones, estos cementerios atestiguan la existencia de un territorio multiétnico destruido por el monocultivo de la palma aceitera en la región del alto río Acará.

Fue por la importancia física y simbólica de estos cementerios que, a finales de octubre de 2021, Raimundo Serrão y un grupo de unos 10 quilombolas iniciaron una misión arriesgada, que al mismo tiempo removió los sentimientos de todos los involucrados. Después de unos 35 años, decidieron limpiar el cementerio. Raimundo resume los riesgos: «Iba a limpiar el cementerio. Iba a bajar vivo al cementerio. Pero no sabía si iba a volver con vida».

Este desplazamiento forzado es la propia historia de vida de Raimundo Serrão, quien, emocionado, relata el proceso de expulsión. Recuerda que los conflictos con un cultivador de palma local comenzaron en 1975. Afirmó tener documentos y reclamó la zona donde vivía Raimundo con su familia: «Este cultivador vino a la casa para decirle a mi padre que aceptara el dinero de la indemnización. Que si no aceptaba, matarían a mi padre, matarían a mis hermanos».

Raimundo tenía 12 hermanos, siendo él el mayor. Cuando los conflictos se intensificaron, tenía 15 años. Asustado, trató de mediar en la situación, llamando a su madre para que le ayudara a convencer a su padre de que aceptara la oferta de la zona donde vivían.

«La oferta era de cien cruzeiros. O él (su padre) se llevaba cien cruzeiros, o ellos (el campesino y los pistoleros) incendiaban la casa, y todo terminaba. Iban a matar a todo el mundo», recuerda Raimundo entre lágrimas.

Con dolor y voz temblorosa, cuenta una visita particular de unos pistoleros armados, que amenazaron con matarlos a todos. Raimundo Serrão y su madre finalmente convencieron a su padre para que aceptase los cien cruzeiros y se fueron a Belén. la capital de Pará.

Una vez en la ciudad, no pudieron adaptarse. «Hablo de ello. Pero para mí es lo mismo que ha ocurrido hoy. Duele demasiado. Y desde entonces nunca he tenido paz. Solo me muevo, solo me muevo…», dice Raimundo, que desde entonces se ha movido por la región amazónica, y solo ha conseguido volver a establecerse a finales de 2021 definitivamente en Vila Palmares, la comunidad que alberga a familias desplazadas por la implantación del monocultivo de palma aceitera en la región.

La historia se repite

La historia de Raimundo Serrão no es única. La comparten cientos de quilombolas e indígenas tembés. «Había 186 familias. Hoy tenemos una media de 80 familias», informa José Joaquim dos Santos Pimenta, presidente de la Asociación de Remanentes de Quilombola de las Comunidades de Balsa, Turiaçu, Gonçalves y Vila Palmares de Vale do Acará y uno de los residentes de Vila Palmares.

Muchas de las familias se han extendido a estos pueblos, que dan nombre a la Asociación Quilombola. Otros se fueron, intimidados.

Joaquin afirma que los ganaderos y sus pistoleros «tomaron un documento falso y presentaron a los residentes una propuesta de compra, que valía mucho menos que cualquier hectárea de tierra». Y entonces dijeron: ‘Si no aceptáis la propuesta, el granjero os expulsará de aquí’. Y ya sabes cómo el agricultor desaloja a la gente de la tierra'».

«La gente tenía miedo», continúa Joaquim. «La gente tenía miedo de irse. Algunos fueron a Acará, otros a Tailandia (ciudad del noreste de Pará). En los años 90, un ciudadano llamado Bolívar compró una zona, que hoy es la Vila de Palmares. Esta aldea recibió a la mayoría de las personas que fueron expropiadas», dice el líder quilombola.

En 2018, las dos granjas – Roda de Fogo y Castanheira – pertenecientes a la empresa Agropalma, tuvieron sus registros bloqueados por el Tribunal del Estado de Pará, después de que el Ministerio Público del Estado de Pará presentara una Acción Civil Pública.

En una nota publicada en el momento de la decisión, el Ministerio Público del Estado de Pará dijo que «las áreas de las fincas Roda de Fogo y Castanheira habían sido vendidas con base en documentos falsos emitidos por una notaría inexistente y por personas no calificadas para ello».

Después de que Agropalma recurriera, el Tribunal de Justicia de Pará, en una decisión de la jueza Célia Regina de Lima Pinheiro, confirmó la cancelación del registro de las fincas Roda de Fogo y Castanheira.

Las decisiones judiciales indican la existencia de acaparamiento de tierras, fraude notarial y corroboran la narrativa de los quilombolas desplazados. Sin embargo, las dos explotaciones siguen operando con Agropalma, ya sea para la preservación del medio ambiente de la empresa o para la producción de palma aceitera.

Los indios tembé también se dispersaron por aldeas de la región o se fueron a vivir a la Tierra Indígena Tembé. «Los pobres indios abandonaron sus pueblos. Se escaparon por la noche, hicieron un casco de canoa con un tronco (muy grande) de madera de Angeli, metieron sus cosas y se fueron», informa Raimundo Serrão.

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Cultivo de palma de aceite para consumo alimentario | Alamy Stock Photo

Vigilancia del monocultivo

A lo largo del día, mientras limpiaban el cementerio, a pesar de conocer los peligros que conlleva la limpieza del cementerio, cuando escucharon disparos desde arriba, Raimundo Serrão y los demás quilombolas no entendieron inmediatamente que eran disparos de advertencia o amenazas. Pensaban que eran cazadores, en busca de carne de caza, una práctica común entre los caboclos de la región.

Al terminar la limpieza, cuando volvieron al lugar donde habían aparcado las motos, el grupo se llevó una triste sorpresa: tres de ellas habían desaparecido, incluida la de Raimundo.

«El día que me trajeron (se llevaron) la moto lloré mucho. Lo dejé en un rincón, lo trajeron escondido», dice el quilombola, refiriéndose a una zona gris donde se mezclan las acciones de los guardias de seguridad privada de Agropalma (y de la empresa contratada por ella) con las de los miembros de la Policía Militar de Pará.

Las motos fueron incautadas el día de la limpieza del cementerio y llevadas a la Comisaría Municipal de Tailândia. «Algo así me parece demasiado triste», dice Raimundo.

Según el dirigente Joaquim, las motos fueron retenidas durante 15 días. Los quilombolas informan de que las convulsiones de este tipo son frecuentes. Cuando se le ocurren a Raimundo, este, que solo tiene una pierna y depende de la moto adaptada para su locomoción, se ve obligado a recorrer casi 12 kilómetros a pie.

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Trabajador cosechando «coronas» de palma aceitera. | Fuente: fotograma del documental «Árboles de violencia: trabajo esclavo e infantil en la producción de aceite de palma» de Marques Casara

Además de verse desplazados de su territorio tradicional, los quilombolas afirman que no pueden circular libremente ni por los cementerios de la comunidad, donde yacen sus seres queridos, ni por las zonas comunes, como el río Acará, donde pescan, ni por los bosques, donde cazan, que son fundamentales para su supervivencia.

«Soy un caboclo, me gusta pescar, comer carne de caza. No como carne de res ni pollo», comenta Raimundo.

«Nos impiden el acceso al río. Con la seguridad de la empresa, e incluso la policía allí. Si ven a una persona, cogen el arpón (un hierro en el extremo de una caña para pescar), cogen la red de pesca, cogen la bicicleta, rompen la canoa», dice.

«Esto, cuando no lo llevan encima del coche, a Tailandia. Y luego, cuando los cogen, es peor, porque la persona sólo comerá cuando salga de la cárcel, al día siguiente», sigue.

Según él, hay un intenso sistema de vigilancia, para evitar que los quilombolas lleguen al río.

«Tienen cámaras, en el centro del campo, tienen los guardias. Cuando no consiguen atrapar a la gente en la carretera, cogen la voadeira (un tipo de barco rápido) y van a por ellos. Tienen unas cuatro embarcaciones sólo para hacer este tipo de trabajo, meten a dos policías dentro de la embarcación y van a humillarlos», continúa Raimundo.

«Creo que ninguna empresa es dueña del río», sentencia.

«Una lógica de conservación ambiental-empresarial»

Elielson Pereira da Silva es doctor en Desarrollo Socioambiental por el Núcleo de Altos Estudios Amazónicos de la Universidad Federal de Pará (UFPA). Su tesis doctoral compara los procesos políticos y la violencia implicados en la instalación de plantaciones, grandes monocultivos de palma aceitera, en dos territorios amazónicos, uno en Colombia y otro en la región del Alto Acará.

Explica la relación entre la expulsión forzada y las tecnologías de control y vigilancia que impiden a los quilombolas disfrutar de los espacios comunes.

«Hay una gran dispersión. Estas personas que reclaman el territorio, no están en el territorio. ¿Y por qué no están en el territorio?», pregunta retóricamente. «Porque hay un control muy estricto, con vigilancia, cámaras, drones, señales, con puestos de vigilancia», se responde.

«Tienen dos tipos de agentes que actúan en la seguridad de la empresa: los vigías que permanecen en puestos de vigilancia repartidos por el campo, y los que están en las orillas del río Acará, observando los movimientos.

Cuando ven una situación que se considera ‘sospechosa’, llaman a una empresa de seguridad», explica el investigador. Según Elielson, «esto cuenta a su vez con el apoyo irrestricto de la Policía Militar de Vila Palmares”.

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Tractor cargando fruta de palma en Pará | Fuente: fotograma del documental «Árboles de violencia: trabajo esclavo e infantil en la producción de aceite de palma» realizado por Marques Casara

Para Elielson Silva, «los pistoleros de esta región se han transmutado en «seguridad patrimonial» en colaboración con la Policía Militar. Agropalma es el propio Estado corporativo. Determina quién vive y quién muere. El poder soberano es ejercido por ella”.

El investigador critica lo que llama «una lógica de conservación ambiental-empresarial».

Un discurso que aboga por la preservación del medio ambiente pero que excluye a las personas que viven en sus territorios. El atractivo de este discurso es tan significativo que la propia Agropalma lo elogia en su página web.

En ella se lee: «de las 107 000 hectáreas que forman parte del Grupo Agropalma, 64 000 están ocupadas por reservas forestales protegidas, en las que están prohibidas las actividades de caza y pesca, lo que permite mantener los procesos ecológicos dentro de estas áreas».

La Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social del Estado de Pará no respondió a los reiterados pedidos del autor del reportaje para que se pronuncie sobre las denuncias de los quilombolas.

En un comunicado, el Ministerio Público Federal (MPF) en Pará dijo que «tiene un procedimiento administrativo abierto para acompañar las acciones de los órganos responsables del procedimiento de identificación, reconocimiento, delimitación, demarcación y titulación de la propiedad definitiva de las tierras ocupadas por los restantes quilombos (…) en el municipio de Acará/PA».

El MPF, la fiscalía general, también indica que ha actuado en varias investigaciones y procesos relacionados con «los impactos socioambientales causados por este sector en Pará» y destaca «la necesidad de mejoras en la fiscalización».

Para Andreia Macedo Barreto, Defensora Pública del Estado de Pará, de la Defensoría Agraria de Castanhal, que acompaña la demanda de titulación de los territorios quilombolas y las violaciones cometidas por la empresa Agropalma, «los procesos administrativos de la empresa deben ser desestimados, ya sea por la práctica de acaparamiento de tierras o porque está en marcha el proceso de la asociación quilombola, que tiene prioridad en el proceso de regularización de tierras».

«Las tierras deben ser recuperadas por el Estado de Pará para su uso por los pueblos y comunidades tradicionales que han sido despojados», señaló el defensor público.

La Defensoría presentó un amparo en 2020″ para garantizar el acceso a los cementerios en el Día de los Difuntos», y pretende «presentar otra demanda para discutir no sólo el acceso a los cementerios, sino el derecho al territorio, que implica el acceso a los recursos naturales, al trabajo y a la vivienda».

Reclamación quilombolas

«El Alto Acará es el epicentro de la palma aceitera, no sólo de Pará, sino de Brasil», explica Elielson Silva. Allí se encuentran los municipios de Acará, Tomé-Açu, Tailandia y parte de Moju, todos en el noreste de Pará.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca del Estado de Pará (Sedap), el Estado concentra el 98,47% de la palma aceitera producida en Brasil.

En conjunto, estos municipios concentran cerca del 72% de toda la producción paraense, que ha ido creciendo. Entre 2015 y 2019, el área que el estado de Pará cosechó de palma aceitera pasó de cerca de 86 000 hectáreas a 164 000 hectáreas, también según datos de la Sedap.

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Imagen aérea del monocultivo de palma aceitera en Pará | Fuente: fotograma del documental «Árboles de violencia: trabajo esclavo e infantil en la producción de aceite de palma», realizado por Marques Casara

Elielson reflexiona sobre el vaciado de las comunidades quilombolas y lo que él llama la privatización del río.

«En el Alto Acará verás muy pocas casas en la orilla del río. Verás restos de casas, trozos de puntales de casas, ruinas de trapiches, donde la gente solía anclar sus barcos. Antes de la plantación de palma aceitera había un flujo muy intenso de personas y mercancías. Ese caudal muere, porque la empresa (Agropalma) simplemente privatiza el río», asegura.

El investigador se refiere a este proceso de expulsión de las poblaciones quilombola y tembé para la instalación de monocultivos de palma aceitera como «desplazamiento forzoso».

Y afirma que «en 1993/1994 se produjo la última gran expulsión». «Los agricultores los expulsaron para dar paso a la moderna plantación de palma aceitera a gran escala», resume.

Joaquim dos Santos Pimenta y los demás quilombolas repartidos por los pueblos de la región luchan por la recuperación de las comunidades expropiadas.

En 2015, los refugiados de la ribera se organizaron en una asociación para reclamar su territorio.

«El tamaño de la zona que reclamamos es de 19 000 hectáreas: la comunidad de Nossa Senhora da Batalha y la comunidad de Santo Antonio. Estas dos comunidades se extinguieron, se expropió a la gente para hacerse con las tierras. Es este territorio el que reivindicamos», dice Joaquim. «La comunidad ya ha sufrido demasiado», explica.

Joaquim dice que en 2016, después de la solicitud de la asociación quilombola, el Instituto de Tierras de Pará (Iterpa) fue a hacer el trabajo de titulación del territorio. Según Elielson Silva, el Iterpa hizo una inspección en 2018, y en noviembre de 2019 una inspección específica de las explotaciones de Roda de Fogo y Castanheira.

Según el sitio web del Iterpa, la misión del instituto es «prestar servicios de regularización de títulos de propiedad de las áreas públicas del estado de Pará y reconocer la validez de los títulos de propiedad que emite con el objetivo de asegurar a los productores rurales en todos sus perfiles, comunidades tradicionales y quilombolas restantes la titularidad de sus áreas».

Sin embargo, Joaquim informa que la documentación relativa al proceso de titulación de los quilombolas de Alto Acará no se encontraba «tanto en el Iterpa como en el propio sitio».

El proceso de exigencia de titulación del territorio quilombola al Iterpa solo fue obtenido por los quilombolas y por la Defensoría Pública Agraria de Castanhal en diciembre de 2021, después de que la Defensoría notificara al Iterpa.

La oficina de prensa del Instituto de la Tierra de Pará no respondió a los repetidos intentos de ponerme en contacto con ellos.

Joaquim resume la situación de expulsión y exclusión de su propio territorio: «quieren que nos alejemos de allí. Tienen miedo, porque somos una piedra en su zapato».

En un comunicado, la fiscal del Ministerio Público del Estado de Pará (MPPA), Herena Neves Maués Corrêa de Melo, dijo que «el concepto de ‘desarrollo sostenible’ asumido en ese proyecto (de Agropalma), aunque muy publicitado en los círculos empresariales, está lejos de representar lo que se espera de la buena fe económica y jurídica que justifica el uso del término interés público».

En cuanto a la situación de los residentes quilombolas en el municipio de Acará, el fiscal afirma que estas poblaciones «han sufrido un largo proceso de expropiación para dar paso al monocultivo de la palma Dendê por parte de Agropalma SA. y que reclaman la titularidad de su territorio tradicional», por lo que la 8ª Fiscalía Agraria de Castanhal tiene investigaciones en curso en los municipios de Moju, Tailandia, Acará y Tomé-Açu.

Por último, en cuanto a las acusaciones de los quilombolas de que la empresa Agropalma, en asociación con agentes de la policía militar, impide su circulación por las antiguas comunidades y por el río Acará, la fiscal Herena Neves Maués Corrêa de Melo afirma que el MPPA «recomienda a la empresa Agropalma SA y a sus epresentantes, según corresponda, la adopción de medidas que no obstruyan/impidan/restrinjan el tránsito de los miembros de la comunidad del Alto Acará por el camino que da acceso al cementerio de la antigua Aldea Nossa Senhora da Batalha, ubicado en las márgenes del Río Acará, y del Río Acará en el Municipio de Acará-PA, a fin de garantizar los derechos de locomoción y la libertad de religión, creencia y conciencia.

Agrotóxicos y residuos en los ríos

Otra faceta de este proceso de implantación de monocultivos de palma aceitera en el Alto Acará son los impactos ambientales.

El investigador Elielson Silva señala el uso excesivo de glifosato, un pesticida que se ha ido prohibiendo progresivamente en todo el mundo debido a una incidencia relevante de casos de cáncer relacionados con su aplicación. «Siguen utilizando grandes cantidades de glifosato para limpiar y coronar las plantas de palma aceitera. No quieren contratar mano de obra para desherbar y prefieren utilizar glifosato en grandes cantidades», afirma.

Un estudio de 2018, realizado por Rosa Helena Ribeiro Cruz, investigadora de la Universidad Federal de Pará (UFPA), señala el «uso indiscriminado de pesticidas» y los «impactos en los recursos hídricos» relacionados con la plantación de palma aceitera en subcuencas del municipio de Tailandia.

También están los impactos causados por la tiborna, término utilizado para referirse a los relaves, los efluentes agroindustriales de la cocción de la palma aceitera y el lavado de los tanques que, a pesar de la existencia de balsas de relaves, se vierten en los palmerales como abono.

«Dicen que esta tiborna es el abono orgánico de las palmeras», dice Joaquim.

«Pero cuando cae en el río, lo destruye todo. Los peces mueren, penetran en el suelo, en el fondo del igarapé (caño fluvial que puede ser navegable), y crean una especie de limo que no permite a los peces reproducirse en el fondo del agua. Flota unas mantas de arcilla podrida del fondo del igarapé».

Al no poder beber el agua de los arroyos, Joaquim lamenta que los peces ya no suban a los ríos para desovar, la llamada piracema: «¿y cómo van a sobrevivir los que dependen de la pesca?», se pregunta el líder quilombola. «Nuestra lucha no es solo por el territorio. Es una lucha por la supervivencia», resume Joaquim.

Además de los quilombolas y de los indígenas expulsados de sus territorios que viven bajo vigilancia y tienen sus aguas contaminadas, los residentes y pequeños propietarios de las comunidades de la región son utilizados como mano de obra esclava.

Según Marques Casara, periodista y director ejecutivo del Instituto Papel Social, organismo especializado en investigar las cadenas de producción, de todas las empresas que operan en la región «Agropalma es la más criminal de todas». Opera con fraudes, opera con sobornos y opera con contratos inhumanos que conforman el trabajo esclavo. Este es el escenario.

En 2019, a partir de una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Ministerio Público del Trabajo (MPT), Casara realizó un análisis de la cadena de producción del aceite de palma en Pará.

Según él, el trabajo esclavo de los agricultores que suministran aceite de palma a Agropalma tiene su origen en el momento de la llegada de la empresa al Alto Acará, que además de las tierras públicas y las comunidades tradicionales (como las de Raimundo y Joaquim), encontró pequeños agricultores en la región.

«Se construyó un discurso de que la llegada de Palma iba a ser como un Eldorado para esta gente. Se pusieron en marcha proyectos y se hicieron una serie de contratos con los agricultores familiares, para que obtuvieran financiación de los bancos públicos, y pagaran las cuotas en función de los informes, y pudieran renovar los contratos, en función de los informes emitidos por las propias empresas», resume Casara.

Esto ha creado una relación de poder que califica de «absolutamente desigual, en la que el agricultor está a merced de la empresa». No puede vender a otra empresa. Si no puede vender a otra empresa, está violando el Estatuto del Suelo. Si se viola el Estatuto de la Tierra, según las condiciones de trabajo que se observan allí, se esconde el trabajo esclavo», resume.

Para él, la relación de poder de la empresa con los agricultores es tan desigual que determina cuánto pagará por una palma aceitera que el agricultor no puede vender a otro.

«Aunque venga alguien y le diga: ‘Te voy a pagar más por esta palma, por el fruto’, no puede, porque está atado a un contrato de exclusividad, a un precio determinado por la empresa, que dice que está referenciado por la tarifa internacional», asegura.

Así, tal y como descubrió Casara en su investigación, el «agricultor se ve atrapado en esta situación de una deuda que nunca podrá pagar, y entonces utiliza todos los recursos disponibles para hacer el trabajo».

Y el recurso disponible más a mano son los niños.

Casara denuncia que el trabajo infantil es una práctica extendida en toda la zona, y en varias empresas dedicadas a la producción de aceite de palma en el noreste de Pará, entre ellas Agropalma,

«Allí opera un discurso ilegal de que esto forma parte del día a día de las familias. Que los niños sólo van a estar con ellos, que no trabajan», reflexiona Casara.

Una de las preocupaciones de Casara en su investigación se centra precisamente en conocer los vínculos de los compradores internacionales de aceite de palma producido en la región, y es tajante al explicar el papel de Nestlé en esta cadena: «Nestlé financia la explotación del trabajo infantil en la cadena de producción de aceite de palma», dice Casara.

También narra que la propia Organización Internacional del Trabajo y la Fiscalía del Trabajo advirtieron a las multinacionales que compran a Agropalma y a otras empresas productoras de aceite de palma que tenían sus cadenas de producción analizadas: «las multinacionales lo saben, porque fueron advertidas por la Organización Internacional del Trabajo, en 2019, cuando hicimos la investigación», explica Casara.

Por correo electrónico, el Ministerio Público del Trabajo en Pará y Amapá nos confirmó que se «abrió una investigación civil activa con base en el informe producido por el Instituto del Papel Social, en 2021», en relación con las graves violaciones de los derechos humanos señaladas por el Instituto del Papel Social en la cadena de producción de aceite de palma por Agropalma SA y otras empresas que operan en la región.

«La gran pregunta que me hago es la siguiente: ¿por qué Nestlé no explota a los niños en Suiza y sí lo hace en Brasil? ¿Qué cambia en el comportamiento de una empresa, o qué cambia en sus códigos, en sus protocolos de actuación, para que no explote a los niños en Suiza, donde está la sede de la empresa, pero acepte la explotación de los niños en varias cadenas de producción, en Brasil y en África?», se pregunta Casara.

Responsabilidad empresarial

Para esta investigación, consultamos a Daniel Cerqueira, un abogado brasileño con una sólida trayectoria en la defensa de los derechos humanos en casos internacionales. Es el director del programa de derechos humanos y recursos naturales de la Fundación para el Debido Proceso cuya sede se encuentra en Washington.

Cerqueira hizo una amplia reflexión sobre la responsabilidad corporativa internacional, que considera un campo en «plena evolución».

Citó un documento elaborado por Naciones Unidas, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que son una serie de directrices publicadas en 2011 para que los Estados y las empresas prevengan, aborden y remedien las violaciones de los derechos humanos cometidas por las actividades empresariales.

Paralelamente a la publicación de los Principios Rectores, se creó un grupo de trabajo en la ONU para aplicar estos principios.

Cerqueira explica que este «grupo de trabajo ha emitido una serie de declaraciones en las que se aclara un concepto muy antiguo en derecho llamado diligencia debida. Este concepto se utiliza para determinar cómo deben actuar las empresas para no ser tolerantes o copartícipes de las violaciones de los derechos humanos.

El especialista detalla la existencia de un concepto específico para los derechos humanos: la «diligencia debida de las empresas en materia de derechos humanos», según la cual, una empresa multinacional que opera en varios países, con una cadena de suministro compleja, puede ser considerada responsable de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas que componen el eslabón de su operación.

«Cuanto más compleja sea la operación de esta empresa, mayor será la necesidad de anticiparse a los posibles peligros en su cadena de producción. Incluyendo los peligros que provienen de sus proveedores», explica.

«No son decisiones tomadas directamente por la empresa, pero si la empresa está contratando algún servicio de otra empresa que está involucrada en, digamos, trabajo esclavo, otro tipo de violaciones de los derechos humanos, esto puede generar responsabilidad civil, al menos, y eventualmente incluso responsabilidad penal de la propia empresa», detalla.

Para el abogado, el concepto de diligencia debida «establece claramente unos requisitos para que este tipo de empresas, como es el caso de Nestlé, se anticipen y, obviamente, si ya tiene conocimiento de este tipo de prácticas violatorias de los derechos humanos, tiene que tomar medidas para, eventualmente, suspender a los proveedores que estén implicados en este tipo de violaciones de los derechos reconocidos internacionalmente».

Hay investigaciones e informes desde por lo menos 2012 que indican prácticas de violaciones de derechos humanos que involucran a la empresa Agropalma  SA, incluyendo la compra de fincas dos veces atrapadas con trabajadores sometidos a trabajo análogo a la esclavitud, además de las investigaciones del Ministerio Público del Estado de Pará y del Ministerio Público Federal en Pará.

Aunque no hay ningún tribunal internacional con jurisdicción para juzgar a una empresa internacionalmente responsable en materia de derechos humanos, existen dos posibilidades de acción legal.

La primera posibilidad es que Nestlé sea demandada en Suiza, su sede central, por las violaciones de los derechos humanos cometidas por su cadena de producción. La segunda posibilidad es que Nestlé sea demandada en Brasil, y entonces correspondería al Ministerio Público Estatal o Federal, según la jurisdicción, exigir justicia en los tribunales.

En otras palabras, «si la empresa es consciente de que hay una violación de los derechos humanos, y sigue manteniendo a estos proveedores en su cadena de producción, podría ser responsable civilmente tanto en Suiza como en Brasil», resume Cerqueira.

El propio Brasil, como Estado, podría ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. «Obviamente, el Estado brasileño está obligado por el derecho internacional a prevenir y remediar, y en este caso, a impartir justicia, en este tipo de situaciones», indica el experto.

«Si es información pública, el Estado brasileño también incumple sus obligaciones internacionales», concluye Cerqueira.

Cerqueira cita también tres mecanismos no judiciales para responsabilizar a Nestlé por tolerar violaciones de los derechos humanos en su cadena. El primero es un instrumento llamado «puntos de contacto» de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un grupo de países ricos al que pertenece Suiza y del que Brasil aspira a formar parte.

«Los puntos de contacto son básicamente mecanismos de mediación para la resolución de conflictos relacionados con las inversiones de las empresas de los países miembros, o de los países que se adhieren a los mecanismos de los puntos de contacto», explica el abogado.

El segundo ejemplo es el Pacto Mundial. Se trata de una iniciativa de las Naciones Unidas lanzada en el año 2000 para difundir las prácticas empresariales según 10 principios, en ámbitos como el medio ambiente y los derechos humanos y laborales, a los que las empresas pueden adherirse voluntariamente, y de la que Nestlé es miembro.

Las empresas pueden ser retiradas de esta lista si sus decisiones demuestran ser tolerantes con las violaciones de los derechos humanos por parte de la propia empresa o de su cadena de suministro.

El abogado también explica que entre las medidas extrajudiciales, existe la posibilidad de que los accionistas de la empresa se sientan agraviados por la actuación de la empresa que tolera violaciones de los derechos humanos o de su cadena de suministro, y presenten demandas contra las empresas.

«Cuando el brazo ejecutivo de una empresa toma decisiones que acaban tolerando violaciones de los derechos humanos y esto genera daños a la marca de la empresa, los accionistas pueden entonces demandar precisamente por la falta de transparencia, porque la junta de accionistas no fue informada», afirma Cerqueira.

¿Qué dicen las empresas implicadas?

Contactada, Nestlé no hizo comentarios hasta el cierre de este informe.

Por su parte, Agropalma afirma en una nota que «Agropalma está en la región desde 1982, es decir, desde hace 40 años. Todos sus terrenos fueron adquiridos de buena fe a sus legítimos propietarios y poseedores, incluso con la confirmación de la documentación por parte de los organismos competentes en el momento de la adquisición».

Añade que «desgraciadamente, décadas después de la compra, se encontraron fallos notariales que comprometían la legitimidad de la documentación de las propiedades citadas. En cuanto tuvo conocimiento del problema, la propia Agropalma se puso en contacto con los organismos competentes y solicitó la cancelación de las inscripciones, iniciando el proceso de regularización de los títulos de propiedad, tal y como determina la ley».

La nota también afirma que «Agropalma nunca ha desalojado a ninguna comunidad de sus tierras y nunca ha amenazado a ninguna comunidad ni a los vecinos que viven alrededor de sus fincas», y sostiene que «no hay plantaciones de palma aceitera en ningún cementerio».

En cuanto a las acusaciones de que Agropalma impide la circulación en los ríos y bosques, la empresa afirma que «la circulación en el río Acará es libre para quien quiera navegar por él».

Puntualiza, eso sí, que «siempre que detectamos la presencia de cazadores dentro de nuestras reservas forestales, la empresa toma las medidas oportunas, según determina la normativa medioambiental, incautando las armas de fuego caseras montadas en trampas y, si es necesario, llamamos a la policía para que incaute las armas y los vehículos de los cazadores».

Por último, en cuanto a los impactos ambientales de la acción de la empresa, Agropalma afirma, sin datos, que «los estudios realizados por los investigadores de la UFPA registran que todas las muestras de agua recogidas dentro del área de la empresa no estaban contaminadas».

También concluye, sobre la «tibórnia», nombre dado por los habitantes de la zona al efluente de la industria de extracción de aceite de palma, que «todo el efluente se trata en lagunas anaeróbicas y se utiliza posteriormente como abono líquido en las plantaciones» y que «no vertemos el material en los cursos de agua, reduciendo al mismo tiempo la necesidad de fertilizantes».

Este artículo se publicó originalmente en democraciaAbierta (en español) y O Joio e o Trigo (en portugués).

RV: EG

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