MÉXICO – El gobierno mexicano privilegia la construcción y modernización de megaproyectos hídricos, sin considerar impactos y su viabilidad a largo plazo, según coinciden diferentes expertos y activistas.
Embalses, canales y plantas integran el menú de esa infraestructura gris que busca garantizar el abastecimiento del líquido en zonas que enfrentan escasez, pero sin abordar el trasfondo de problemas como desperdicio, fugas, contaminación y el impacto de la crisis climática, como sequías.
Uno de los proyectos emblemáticos es Agua Saludable para la Laguna (ASL), destinado a atender a cinco municipios del norteño estado de Coahuila y cuatro de la vecina región de Durango, lo que beneficiará a 1,6 millones de personas.
Para Gerardo Jiménez, integrante del no gubernamental Encuentro Ciudadano Lagunero –una confluencia de 12 organizaciones–, la iniciativa, lanzada en 2020, desatiende las causas estructurales de la crisis hídrica, la polución del agua y la sobreexplotación de las fuentes.
“Se enfoca en los efectos, el desabastecimiento y la contaminación. Está diseñado para un periodo de 25 años y basado en una fuente vulnerable. Hay extracción y tráfico ilegal de agua. No provee alternativas de solución”, señaló a IPS desde la ciudad de Torreón.
En la zona, ocho acuíferos proveen del recurso hídrico y de ellos, cinco presentan sobreexplotación. El Principal-Región Lagunera es el más importante, al abastecer a cuatro ciudades.
Ese depósito se vuelve cíclicamente deficitario, pues su extracción anual rebasa a la recarga. Además, el fluido rebosa de arsénico, por encima de los límites establecidos por la regulación mexicana y el estándar de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
ASL incluye la construcción de una planta potabilizadora, con capacidad de 6,34 metros cúbicos (m3) por segundo; un canal de desvío y un acueducto para transportar 200 millones de m3 anuales provenientes del río Nazas.
Con un costo de 485 millones de dólares, la obra es parte de un tejido de nuevas infraestructuras hídricas promovidas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el órgano rector del sector en México, y que parte de ellas son objetadas por organizaciones sociales y comunidades, en algunos casos por la vía judicial.
El proyecto consta también de una presa derivadora del flujo fluvial, una planta de bombeo, tanques de almacenamiento y ramales de distribución.
La proyecto entrará en operaciones en 2023, aprovechará también los escurrimientos de los embalses Francisco Zarco, conocido popularmente como Las Tórtolas, y Lázaro Cárdenas, conocido como El Palmito.
Esos embalses podrían aminorar su dotación de agua, debido a la sequía que ha afectado la zona en los últimos años. La falta de lluvia azota a la mitad de Coahuila, situación que podría agravarse en los próximos meses, con el arribo de la temporada seca.
Ambas presas prácticamente rebalsan de agua en la actualidad, pero ese nivel podría cambiar conforme se ausente la precipitación.
Para 2022, el presupuesto de la gubernamental Conagua se ha recuperado en comparación con años previos, al pasar de 1400 millones de dólares en 2017 a 1600 millones, concentrados primordialmente en obras para evitar inundaciones, por sus altos efectos humanos y económicos.
México, un país de unas 128 millones de personas, es altamente vulnerable a los efectos de la emergencia climática, como sequías, tormentas intensas, inundaciones, aumento de la temperatura y subida del nivel del mar. Mientras el sur y el sureste tienen agua en exceso, los habitantes del centro al norte se enfrentan a su insuficiencia.
Esta nación latinoamericana exhibe un riesgo de estrés hídrico alto, de acuerdo al ranking de la plataforma Aqueduct, elaborado por la Alianza Aqueduct, formada por gobiernos, empresas y fundaciones. De hecho, México es el segundo país de América en estrés hídrico, tan solo por detrás de Chile.
Enfoque convencional
Otra obra central es la Presa Libertad, cuya edificación arrancó en 2020 y concluiría en 2023. Financiada con 132 millones de dólares y orientada a aprovechar los escurrimientos del río Potosí, el embalse aportará 1,5 m3/s para cubrir la demanda en 24 de los 51 municipios del nororiental estado de Nuevo León y en beneficio de 4,8 millones de personas.
Para Aldo Ramírez, investigador del privado Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la gran infraestructura y las obras amigables con el ambiente deben convivir, pues tienen aportes diferentes, con una visión de desarrollo urbano con enfoques hidrológicos.
“Ambos enfoques tienen sus ventajas en ciertos nichos. Cuando pensamos en manejo del agua en ciudades, hace muchos años el enfoque era desalojar el agua lo más rápido posible para que no cause problemas. La infraestructura verde puede ayudar mucho, tiene un gran valor ambiental, en manejo de agua, recarga de acuíferos”, explicó para IPS desde Monterrey, capital del estado.
Como otras zonas del país, Monterrey y su área metropolitana, integrada por 13 municipios y habitada por más de cinco millones de personas, depende de la provisión de las presas El Cuchillo, Rodrigo Gómez o La Boca y Cerro Prieto. La primera guarda la mitad de capacidad, mientras las dos restantes apenas almacenan líquido, según datos de Conagua.
Mediante un decreto presidencial publicado en noviembre, el mandatario Andrés Manuel López Obrador clasificó de interés público y de seguridad nacional los proyectos que considere prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
Entre ellos están aquellos hidráulicos e hídricos, por lo cual recibirán permisos provisionales exprés, en una medida cuestionada por organizaciones ambientalistas por la violación a procesos de evaluación de impacto.
ASL, por ejemplo, aún enfrenta un recurso de amparo interpuesto por Encuentro Ciudadano Lagunero, mientras que otros cinco fueron retirados luego de acordar con el gobierno la revisión del proyecto. Pero si ese arreglo no se respeta, persiste la amenaza de la vía legal.
Más y más agua
El noroeste mexicano enfrenta una situación similar a las otras regiones en crisis y ahí el gobierno construye dos embalses y un canal, y moderniza un acueducto.
En el estado de Sinaloa, avanza la construcción de la presa Santa María, sobre el río Baluarte y que también debe estar terminado en 2023, destinado a regar 24 250 hectáreas en dos municipios. Además, generará 30 megavatios (Mw), con una inversión por casi 1000 millones de dólares.
Además, moderniza la presa Picachos, donde también se pondrán turbinas para generar 15 Mw e irrigar 22 500 hectáreas. Con capacidad de almacenamiento de 580 millones de m3, alberga 322 millones y cuesta unos 136 millones de dólares.
Hacia el sur, en el estado de Nayarit, se edifica el Canal Centenario, de 58 kilómetros de longitud y capacidad de 60 m3/s para el riego de 43 105 hectáreas en cuatro municipios. Con una inversión de unos 437 millones de dólares, beneficiará a unos 7500 productores agrícolas, con agua de los embalses El Jileño y Aguamilpa, surtida por el río Santiago.
Además, el gobierno acordó con los opositores a la presa El Zapotillo, en el occidental estado de Jalisco, dejar la cortina en 80 metros de altura y operar a 50% de capacidad, para no inundar tres poblados, de modo que la obra, de unos 340 millones de dólares y capacidad de 411 millones de m3, pueda entrar en funcionamiento.
Pero la construcción de los nuevos embalses tiene connotaciones ecológicas, como la alteración del paisaje, la generación de metano y el desplazamiento de personas, como lo evidencian varios estudios científicos recientes.
En la norteña ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, el gobierno moderniza el acueducto Río Colorado-Tijuana, que traslada el recurso del río homónimo, compartido por ambos países, para satisfacer la demanda urbana y agrícola de la zona, a un costo de unos 47 millones de dólares.
Jiménez, del Encuentro Ciudadano Lagunero, propone la regulación de la extracción de la presa Lázaro Cárdenas sobre el río Nazas, así como de los pozos, un sistema de medición de extracción más preciso, el combate al tráfico ilegal de concesiones y el mantenimiento de la red de distribución urbana.
“Se tiene que tomar una medida urgente, para que en el mediano plazo las extracciones equivalgan al nivel concesionado y a largo plazo la extracción iguale a la recarga. Hablamos de modificar las condiciones de producción agrícola y ser más eficientes en el uso del agua”, planteó.
A su juicio, “esta situación nos anticipa crisis recurrentes. Si no se atiende, se va a agravar, y no es necesario llegar a esa crisis”.
Pero, en medio del escenario complejo, alertó de la falta de decisión política para cambiar la política hídrica del país. “Acá no se cumple el derecho humano al agua”, sentenció.
El investigador Ramírez resaltó medidas en marcha, como la gestión de la presión, para reducir fugas; la revisión de pozos asignados a la industria, la reutilización de aguas residuales tratadas y la gestión de la demanda.
“Se tiene que hacer un uso más eficiente del agua. Tenemos todavía un margen de consumo, pero necesitamos pensar en soluciones más amables con el ambiente. Transitamos hacia una crisis hídrica”, sostuvo.
ED: EG
