El dilema de los esfuerzos por la seguridad alimentaria en Zimbabue

Los pequeños agricultores de Zimbabue dependen de la lluvia para sus cultivos, lo que afecta los esfuerzos por alcanzar la seguridad alimentaria en el país. Foto: Ignacio Banda/IPS

BULAWAYO, Zimbabue  – El 10 de enero, la Policía de la República de Zimbabue arrestó a tres hombres a los que se les encontró fertilizantes escondidos por valor de unos 130 000 dólares.  El «botín» era parte de los insumos proporcionados por el gobierno a los pequeños agricultores en los esfuerzos del país para impulsar la seguridad alimentaria.

El caso es uno de los muchos que ponen de manifiesto el dilema de los esfuerzos a favor de la seguridad alimentaria en el país del sur de África. El plan multimillonario financiado por el gobierno que proporciona semillas y fertilizantes a los pequeños agricultores no ha contribuido a incrementar la producción de alimentos en forma adecuada y sostenida.

Los delitos con los insumos agrícolas subsidiados ha sido una espina clavada en el gobierno, y los funcionarios lo ven como un sabotaje deliberado a las ambiciones del país de autoabastecerse. Al mismo tiempo, los analistas sostienen que estos planes gubernamentales se prestan a abusos por parte de personas con buenas conexiones.

En los últimos años, Zimbabwe, como también se conoce al país, ha redoblado sus esfuerzos para impulsar la producción de maíz, y el año pasado el gobierno se propuso suministrar semillas de maíz y fertilizantes a 1,8 millones de familias rurales.

La mayor parte de la producción de maíz del  -hasta 70 %- procede de pequeños agricultores rurales, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), pero también es aquí donde reina la pobreza generalizada, y el Banco Mundial señala que casi ocho millones de los 14,5 millones de zimbabuenses ganan menos de un dólar al día.

Estas condiciones, señalan los analistas, han provocado el desvío de insumos agrícolas para su reventa, lo que ha frenado los esfuerzos del país por alimentarse.

Durante la temporada 2020-2021, Zimbabue produjo 2,7 millones de toneladas de maíz, el triple que el año anterior, gracias a unas lluvias superiores a las normales, pero sigue preocupando el mantenimiento de los niveles de producción.

“Como la dolorosa experiencia de los últimos 20 años desde la reforma agraria ha demostrado claramente, tales ganancias no son necesariamente sostenibles», dijo a IPS el académico Ian Scoones, investigador del Instituto de Estudios de Desarrollo de la británica Universidad de Sussex, especializado en los temas agrícolas de Zimbabue.

En esta temporada 2021-2022, la incertidumbre climática ha hecho que muchos agricultores retrasen la siembra a la espera de la lluvia. El Ministerio de Agricultura informó a principios de enero que el país no había alcanzado su objetivo de sembrar en este ciclo dos millones de hectáreas de maíz.

Según el ministerio, a principios de año solo se habían plantado alrededor de un millón de hectáreas.

En 2020, el presidente Emmerson Mnangagwa lanzó la Estrategia de Transformación del Sistema Agrícola y Alimentario, mediante el que Zimbabue se propone destinar 8200 millones de dólares a la producción agrícola para 2025.

La producción de cereales ha fluctuado en las dos últimas décadas. Por ejemplo, durante la temporada de cultivo de 2001 se plantaron alrededor de 1,5 millones de hectáreas, lo que representó un descenso de 15 % respecto a la temporada anterior, según las cifras de la FAO.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos señaló que la cosecha de maíz de 2021-2022, que fue de 2,7 millones de toneladas, fue la más alta desde la temporada 1984-1985.

Estas fluctuaciones ponen de manifiesto la lucha del país por alimentarse.

Ese Departamento afirma que la abundante cosecha se debió a «condiciones meteorológicas favorables», lo que pone de manifiesto los límites de los subsidios gubernamentales al maíz y a las semillas en el sector de secano.

Los analistas afirman que el país necesitará más para alcanzar sus objetivos más allá de proporcionar insumos a los agricultores en medio de otros desafíos como la incertidumbre climática.

“El gobierno tendrá que ofrecer incentivos, como cuotas de producción de cultivos alimentarios, a los grandes agricultores que tienden a especializarse en cultivos comerciales no alimentarios, lo que empeora la situación de la seguridad alimentaria”, dijo Stanley Mbuka, analista de la Unidad de Inteligencia de la británica publicación The Economist.

“Una moneda inestable también dificulta que los pequeños agricultores se amortigüen, ya que venden a la junta de comercialización de cereales en la moneda local, que pierde valor muy rápidamente», dijo Mbuka a IPS desde Londres.

Los investigadores también han observado que otras innovaciones para animar a los agricultores a adoptar nuevos métodos para impulsar la producción de alimentos, a pesar de mostrarse prometedoras, han sido abandonadas por, entre otras razones, ser demasiado intensivas en mano de obra.

Gran parte de la agricultura rural de Zimbabue no está mecanizada y depende del agua de lluvia para los cultivos.

A esto se suma una combinación de factores subyacentes a largo plazo, como los problemas macroeconómicos, la mayor incidencia de las perturbaciones climáticas, la pandemia de covid-19 y los efectos acumulados de dos años consecutivos de sequía, afirma el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

“Para romper el ciclo de recaídas en las crisis alimentarias, las partes interesadas son cada vez más conscientes de la necesidad de invertir más en la creación de resiliencia y en la alerta temprana», dijo Maria Gallar, portavoz del PMA en Zimbabue.

“Las posibilidades de que los pequeños agricultores caigan en la inseguridad alimentaria disminuyen de manera estable si tienen acceso a activos productivos como las represas», dijo Gallar a IPS.

A pesar de que la cosecha de maíz del año pasado fue superior a la media, el PMA afirma que las últimas cifras indican que más de 5 millones de personas sufren inseguridad alimentaria. Esto incluye a 42 % de la población urbana, unos 2,4 millones de personas, donde el gobierno ha promovido la agricultura urbana.

“Un cambio sostenible, después de tantos años de contratiempos, requerirá esfuerzos continuos y tiempo», sentenció Gallar.

T: MF / ED: EG

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