LA HABANA – Cuba readecuó sus planes para lograr que en 2030 al menos 37 % de la electricidad provenga de energías limpias, prometedor pero arriesgado desafío para una nación altamente consumidora de combustibles fósiles y con persistentes problemas financieros.
Se trata de un primer escalón dentro de una meta más audaz, la de una matriz energética basada 100 % en fuentes nacionales, con el fin de alcanzar soberanía.
Aprobada en 2014, la Política para el desarrollo perspectivo de las fuentes renovables de energía (FRE) y su uso eficiente, proyectó que la solar fotovoltaica, eólica, biomasa e hidroeléctrica significaran 24 % de la generación en 2030.
En la actualidad, 95 % de la electricidad producida en este país insular caribeño proviene de la quema de combustibles fósiles, incluido el gas natural.
Por indicaciones del gobierno, y basado en investigaciones de la Unión Eléctrica y universidades cubanas, “se determinó que podemos llegar a 37 % (en 2030) con FRE”, afirmó en diálogo con IPS Rosell Guerra, director de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minas.
El directivo recordó que dada su condición insular “Cuba no está interconectada con algún sistema de potencia importante”, por lo cual, durante el incremento paulatino de las FRE debe “cuidarse la estabilidad del sistema eléctrico y la calidad del servicio, el voltaje y la frecuencia”, así como la acumulación para el horario nocturno.
Este archipiélago consume anualmente poco más de ocho millones de toneladas de combustibles de las cuales 4,4 millones se usan para la electricidad.
Cerca de 40 % de ese combustible debe importarse, fundamentalmente fuel y diésel, con mayores precios en el mercado internacional.
El país destina unos 2800 millones de dólares anuales al sector eléctrico, incluida la compra de combustibles; para la operación y mantenimiento de las envejecidas plantas termoeléctricas y la compra de energía a productores independientes.
“No tenemos alternativa, el país no puede seguir cargando con esas facturas que junto con las compras de alimentos (estimadas en unos 2000 millones de dólares anuales), son las más grandes”, subrayó Guerra.
Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de Cuba disminuyeron en el último lustro, hasta 22,9 millones de toneladas en 2020, según datos internacionales, pero las actividades generadoras de la energía se mantienen como las principales responsables internas de los gases contaminantes.
Lograr 37 % de generación con energías sostenibles “significará dejar de emitir cada año nueve millones de toneladas de dióxido de carbono”, agregó el funcionario.
Acelerar el paso
El mayor país insular del Caribe deberá poner el pie en el acelerador si desea, dentro de ocho años, disponer de 3954 megavatios por hora (MW/h) de potencia instalada en energías renovables, como reflejan los planes.
“La implementación de la Política de FRE está atrasada; al cierre de 2021 debíamos tener 649 MW/h en operación, pero hoy solo se alcanza 47 % de lo previsto, 304 MW/h,”, reconoció Guerra.
Atribuyó los atrasos a la crisis económica que arrastra el país desde hace tres décadas, y con sus principales fuentes de ingreso impactadas por la pandemia de covid-19, lo cual llevó a las autoridades a solicitar una moratoria en los pagos de los intereses de la deuda a los acreedores internacionales.
Guerra se refirió asimismo a los efectos del embargo del gobierno de Estados Unidos contra La Habana, vigente desde 1962, que obstaculiza el acceso a créditos y tecnologías, encarece los fletes para transportar combustibles y presiona a inversionistas para que desistan de invertir.
No obstante, matizó, desde 2014 “se invirtieron 500 millones de dólares en FRE”, lo cual permite sostener al mediodía el consumo de unos 300 000 hogares, en un país de más de 3,8 millones de viviendas y 11,2 millones de habitantes.
El cambio de la matriz energética para 2030 requerirá una inversión de unos 6000 millones de dólares “que habrá que buscar en fuentes externas, sean por créditos o por inversión extranjera directa”, pues el país no está en condiciones de asumirlo solo, dijo el funcionario.
Apuntó que “además del análisis económico y medioambiental, la visión en este asunto pasa por la necesidad de avanzar hacia la independencia energética”.
Proyectos en marcha
Cuba posee ocho plantas térmicas con un promedio de explotación de más de 30 años.
En su mayoría, estas industrias procesan el pesado crudo nacional, con un contenido de azufre de entre siete y 18 grados API lo cual exige ciclos de reparaciones más frecuentes y a veces postergadas por falta de financiamiento.
Averías en las instalaciones motivaron crisis en la generación en años recientes, la más reciente de abril a julio de 2021, con afectaciones en producciones de industrias y en las familias cubanas que en su mayoría usan la electricidad para la cocción de alimentos, entre otros usos.
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Distribuidos en los 168 municipios cubanos, complementan el sistema electroenergético motores fuel y grupos electrógenos diésel también aquejados por la falta de piezas.
El resto de la generación se completa con el gas acompañante del petróleo nacional, unidades flotantes (patanas), junto con 5 % de las energías renovables.
El programa fotovoltaico aparece como el más adelantado y con mejores oportunidades de crecimiento en una nación cuya radiación solar promedia más de cinco kilowatts por metro cuadrado al día, considerada alta.
Los parques solares fotovoltaicos aportan 238 MW/h, poco más de 78 % de la energía renovable en el país, muestran estadísticas.
De acuerdo con Guerra, “las universidades cubanas están muy proactivas con las FRE y la eficiencia energética, con varios proyectos de innovación y ciencia aplicada, y con financiamiento, tanto nacional y en colaboración con la Unión Europea”.
Marlenis Águila, especialista de la misma Dirección de Energías Renovables, aclaró a IPS que “algunos de estos programas o proyectos responden a tecnologías nacionales, aplicadas en fincas, y con resultados en el campo de la agroenergía, los cuales vale la pena generalizar”.
Ambos especialistas se refirieron a la instalación, sobre todo en zonas rurales, de más de 1000 sistemas de bombeo con paneles solares que ahorran energía y aportan agua al ganado y familias campesinas, mientras se prevé montar una planta de biogás de 4000 metros cúbicos para generar electricidad.
“En el país existen siete plantas de biogás, son pequeñas; la más grande tiene una potencia de 250 KW/h, pero aportan en el horario pico, cuando más falta hacen”, precisó Guerra.
Además, se construyen dos nuevas bioeléctricas con una capacidad de 40 MW/h, tres parques eólicos (151 MW/h) y dos pequeñas centrales hidroeléctricas (3,4 MW/h), entre otros proyectos en distintas fases de negocios con inversión extranjera y gestión de créditos.
Oportunidades
La segunda edición de la Feria de energías renovables, prevista en La Habana del 22 al 24 de junio, buscará atraer inversionistas extranjeros para la transición a favor de las FRE en Cuba.
“La primera feria, en enero de 2018, fue modesta en tamaño, pero muy útil. Vinieron agencias internacionales de prestigio que nos trasladaron conocimientos. En esta ocasión pretendemos hacer énfasis en la energía solar –tanto fotovoltaica como térmica- y en la biomasa”, indicó Guerra.
Se prevé la asistencia de representantes de organismos, proyectos y empresas internacionales como la Agencia Internacional de las Energías Renovables, la Asociación Internacional Eólica, la Alianza Solar Internacional, el Fondo Verde para el Clima, la Alianza Energética de la Franja y la Ruta de la Seda, la Agencia Francesa de Desarrollo y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), entre otros.
En años recientes, Cuba aprobó normas para incentivar la presencia de inversionistas extranjeros en el desarrollo de las energías sostenibles, tanto en grandes como en pequeños proyectos locales.
La resolución 223 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada en junio de 2021, exime a las empresas de capital totalmente extranjero que ejecuten proyectos de generación de electricidad con FRE, del pago de impuestos sobre utilidades durante ocho años, a partir del comienzo de sus operaciones comerciales.
Otros como el decreto-ley No. 345 de 2019 contiene estímulos para promover el autoabastecimiento, la venta de excedentes al Sistema Eléctrico Nacional, así como beneficios arancelarios y fiscales para personas naturales y jurídicas que las utilicen.
La estrategia gubernamental también propone instalar las más eficientes luminarias LED en el alumbrado público y la venta de calentadores solares de agua y equipos eficientes, que pese a sus elevados precios, busca ampliar en la ciudadanía el empleo de las energías renovables.
ED: EG
