WASHINGTON – En diciembre del año pasado, Argentina despenalizó el aborto. Apenas cuatro días después, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, revocó la “ley mordaza global” contra la salud reproductiva, lo cual liberó fondos para los proveedores de servicios sanitarios de todo el mundo que proporcionan información sobre el aborto o acceso a él.
Estos avances hacia una mayor protección de los derechos sexuales y reproductivos impulsaron el entusiasmo y el optimismo en toda Latinoamérica.
El triunfo de la ola verde en Argentina —denominada así por el uso de pañuelos verdes para solidarizarse con la causa— ha inspirado a otros movimientos por los derechos de la mujer en la región con llamados a la legalización del aborto. Ya han comenzado a surgir esfuerzos visibles en Colombia, México y otros países vecinos donde el aborto ha sido históricamente ilegal o severamente restringido.
A pesar del entusiasmo por lo que parece el comienzo de una nueva era para los derechos de las mujeres en las Américas, la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de aborto sigue estando en peligro debido al uso generalizado de las objeciones de conciencia.
Apenas unos días después de la entrada en vigor de la ley de acceso al aborto en Argentina, los grupos antiabortistas lanzaron una estrategia destinada a hacer que los abortos fueran inaccesibles para la mayoría de las personas que los solicitan.
Esta estrategia incluía inundar las cortes con demandas que impugnaban la ley recién promulgada y animar a los proveedores de servicios de salud sexual y reproductiva a utilizar objeciones de conciencia.
Alentado por estos grupos antiabortistas, un médico presentó una demanda contra la nueva ley que solicitaba la protección de “la vida humana y la objeción de conciencia médica”.
Hacer que los servicios de salud sexual y reproductiva sean accesibles en la práctica significa que los límites de la objeción de conciencia deben plantearse de manera incisiva.
Además, el Consorcio de Médicos Católicos y la Corporación de Abogados Católicos exhortaron a sus miembros a obedecer a Dios antes que a los hombres, y a resistir la ley del aborto mediante la apelación a la objeción de conciencia.
Lo más atroz de todo es que un hospital privado de Córdoba, afiliado a la Iglesia, declaró su objeción de conciencia institucional, una acción que representa claramente un alejamiento abusivo de la comprensión tradicional del derecho a la objeción de conciencia.
El examen de los orígenes de la objeción de conciencia demuestra que las aplicaciones modernas de este derecho son, en su mayoría, injustificadas. Por ejemplo, el derecho a la libertad de conciencia está limitado en la medida en que su ejercicio no debe inhibir los derechos o libertades de los demás.
En otras palabras, la objeción de conciencia no debería constituir un obstáculo para los servicios de salud sexual y reproductiva; y, sin embargo, la invocación de reclamaciones basadas en la conciencia constituye uno de los escollos más importantes para la realización del derecho fundamental de los demás a la salud.
Desde el punto de vista de la salud pública, la negativa de los proveedores a practicar abortos por motivos de conciencia crea un obstáculo para el acceso efectivo a estos servicios sanitarios, lo que, a su vez, puede aumentar los riesgos para la salud.
Cuando la objeción de conciencia se populariza entre comunidades más amplias de proveedores de atención sanitaria, puede dejar sin acceso a servicios sexuales y reproductivos esenciales a personas de regiones enteras.
Por ejemplo, en la capital de la provincia de Salta, la séptima ciudad más poblada de Argentina, solo hay 19 profesionales sanitarios dispuestos a garantizar el derecho al aborto legal en los hospitales públicos. Además, en el Hospital Materno Infantil de la ciudad, un asombroso 90 % de los 70 especialistas en ginecología se niegan a prestar servicios de aborto por motivos de conciencia.
En lugar de cumplir con su objetivo de proteger a las poblaciones marginadas y vulnerables, el derecho a la libertad de conciencia y el uso de la objeción de conciencia se han convertido en los últimos años en armas para perpetuar y reforzar las estructuras de poder existentes en la sociedad.
La reacción contra las leyes del aborto no es exclusiva de Argentina. En toda Latinoamérica, los grupos antiabortistas han prometido luchar contra cualquier esfuerzo por ampliar el acceso a los servicios reproductivos.
En Brasil, por ejemplo, el presidente Jair Bolsonaro anunció, con el apoyo de los evangélicos, que vetaría cualquier ley que legalizara el aborto. En enero de 2021, en Honduras, donde el partido conservador tiene estrechas conexiones con las iglesias católica y evangélica, el Congreso aprobó una iniciativa que requiere una mayoría calificada para hacer cualquier enmienda constitucional relacionada con el aborto, lo cual blindaría así la prohibición total del aborto que está consagrada en su Constitución.
Está claro que, en lugar de desanimar a los grupos antiabortistas, las victorias en materia de derechos reproductivos han revigorizado sus empresas para limitar e incluso subvertir el progreso hacia el acceso efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva.
Ante este panorama, los gobiernos deben perfeccionar las condiciones en las que se justifica la invocación de la objeción de conciencia, garantizar la existencia de sistemas adecuados para facilitar las derivaciones en caso de que un profesional la invoque, y esforzarse por normalizar estas condiciones en la legislación.
Los defensores de los derechos de la mujer deben ejercer una fuerte presión política sobre los gobiernos para que cumplan por fin con sus responsabilidades de proteger el derecho a la salud.
Los gobiernos deben dejar de pretender que el uso abusivo de los mecanismos legales por parte de los grupos antiabortistas, como la objeción de conciencia, para limitar el disfrute de los derechos de otras personas es un mero reflejo de las reglas del juego.
Por el contrario, deben reconocer la naturaleza antidemocrática de proteger el derecho a la objeción de conciencia cuando su uso previsto es vetar el disfrute de los derechos de otras personas
Las farsas legales no son suficientes. Para garantizar plenamente los derechos sexuales y reproductivos, un aspecto fundamental del derecho a la salud, los gobiernos deben eliminar las principales barreras que impiden a las mujeres, personas trans y no binarias acceder a estos servicios sanitarios.
Cualquier esfuerzo para promover los derechos sexuales y reproductivos debe incluir formas de prevenir el uso abusivo de las demandas basadas en la conciencia.
Si bien la derogación de la ley mordaza global y los avances en la despenalización del aborto en Argentina pueden parecer, a primera vista, que el aborto seguro es más accesible en las Américas, la verdad es que, con estas victorias, los grupos que quieren socavar el progreso están más activos que nunca.
Hacer que los servicios de salud sexual y reproductiva sean accesibles en la práctica, y no sólo en la teoría, significa que los límites de la invocación de la objeción de conciencia deben ser interrogados incisivamente.
Este artículo se publicó originalmente en OpenGlobalRights.
RV: EG
