Acciones campesinas reactivan lucha por reforma agraria en Brasil

El Campamento Miriam Farias que campesinos sin tierra instalaron en junio de 2021, al ocupar un predio que nada produce en el oeste del estado de São Paulo, en el sur de Brasil. Son más de mil familias empobrecidas que reclaman tierra para sembrar en una región que ya tiene varios asentamientos de la reforma agraria. Foto: Mario Osava/ IPS

SANDOVALINA, Brasil – “Este semestre es histórico” celebra José Rainha Junior, al enumerar las ocupaciones de tierras por centenares de familias campesinas en cada caso, en esta región de Brasil conocida por conflictos en el área rural.

Bajo su liderazgo la lucha por la reforma agraria se reanudó en el Pontal del Paranapanema, un conjunto de 32 municipios en el oeste del estado de São Paulo, con las tiendas improvisadas de plástico de los campamentos bautizados con nombres revolucionarios.

Son cientos de familias en cada uno de los ocho campamentos instalados en áreas de los municipios de Sandovalina, Euclides da Cunha, Caiuá, Rosana, Marabá Paulista y en tres más  con nombres de antiguos presidentes brasileños: Bernardes, Epitacio y Venceslau.

Ocupan tierras  públicas, ilegalmente apropiadas por hacendados, o predios que nada o muy poco producen, por lo que no cumplen la función social que exige la Constitución brasileña a la propiedad privada.

Carlos Marighella, el líder guerrillero de la resistencia a la dictadura militar muerto en 1969; Zumbi dos Palmares, héroe de los esclavos negros; y Marielle Franco, la concejala negra de Río de Janeiro asesinada en 2018 y símbolo de luchas populares, son algunos nombres de los campamentos instalados en los últimos seis meses.

En total son cerca de 2500 familias acampadas, según Rainha, “más que en los años 90”, cuando la región vivió un auge de las ocupaciones y asentamientos de los campesinos sin tierra, luego frenados.

José Rainha Junior, lider del Frente Nacional de Lucha Campo y Ciudad, que organiza el movimiento campesino en el Pontal del Paranapanema, región occidental del estado de São Paulo, conocida en Brasil por sus numerosos conflictos por la tierra. Foto: Mario Osava / IPS

Solo en el campamento Miriam Farias, donde el dirigente recibió a IPS, en el municipio de Sandovalina, eran 1037 familias el 7 de diciembre. Se duplicará pronto, vaticinó, basado en el aumento de la pobreza, del desempleo y el hambre en los últimos años en Brasil, debido al estancamiento económico y gobiernos ajenos a cuestiones sociales.

Farias fue una campesina asentada, herida a tiros por pistoleros de los hacendados en 1997, así como otros siete activistas. Murió en mayo de 2021, debilitada por secuelas del atentado.

Los asentados son los campesinos beneficiados por un programa de reforma agraria que empezó en 1985 y que está aún  inconcluso, que les Otorga un terreno y algunas condiciones para la producción agrícola.

Para apurar ese proceso los campesinos sin tierra ocupan predios y se establecen en campamentos precarios, como forma de presión. Muchas veces son desalojados por orden judicial, a pedido de los supuestos dueños del predio.

Rainha lideró las movilizaciones locales de los años 90 como activista del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), principal organización y sinónimo de luchas campesinas en Brasil. Discrepancias lo llevaron a dejar el MST en 2003, sin renunciar a la acción .

En 2014 fundó el Frente Nacional de Lucha Campo y Ciudad (FNL), que lidera la mayoría de las ocupaciones actuales en el Pontal del Parapanema.

Además de la crisis social, logros obtenidos en los tribunales estimularon esa ofensiva. Una disputa de más de 50 años acabó finalmente cuando la Justicia reconoció definitivamente que un grupo de hacendados ocupó ilegalmente gran parte de las tierras del Pontal de Paranapanema.

“Son tierras públicas y una ley del estado de São Paulo, de 1985, destina esas tierras a asentamientos de la reforma agraria, eso no tiene vuelta”, sostuvo Rainha. La movilización de los campesinos es necesaria para acelerar la ejecución de sus derechos.

Son 300 000 hectáreas de tierras públicas, estiman procuradores que defienden el patrimonio del estado paulista. “En esas tierras podremos asentar por lo menos 10.000 familias, descontando el área de reserva ambiental”, calculó Rainha.

Érica dos Reis Andino decidió con su marido sumarse a la ocupación de tierras para reclamar la reforma agraria en un campamento en el sur de Brasil, porque el arriendo de la casa en la ciudad se hizo demasiado caro y sueñan vivir en el campo, cultivar hortalizas y frutas, además de producir leche. Foto: Mario Osava / IPS

Desde el inicio de la reforma agraria, con la redemocratización de Brasil tras el final de la dictadura militar en 1985, el estado de São Paulo distribuyó 150.000 hectáreas a 7133 familias. Fueron 140 asentamientos rurales, de los cuales 98 en el Pontal de Paranapanema.

Es una región donde los poderosos locales se apropiaron de las tierras estatales por siglos. A pasó en el pasado lo que pasa en la Amazonia hoy”, comparó Rainha.

Ahora habrá presiones y posiblemente violencia por parte de los hacendados, como ocurrió en el pasado, teme el líder del FNL, que ya sufrió atentados, en uno de los cuales salió herido a bala. Él tampoco espera benevolencia de los poderes públicos, escarmentado por haber sido preso 13 veces a causa de su activismo.

El actual gobierno del estado de São Paulo, por ejemplo, busca aprobar una ley que, bajo pretexto de conceder títulos de propiedad a las familias asentadas, abre la posibilidad de regresión en los pocos avances de la reforma agraria.

Los asentados tendrían que pagar 10 % del valor de su parcela de tierra y perderían algunos beneficios concedidos a los que tienen derecho de uso vitalicio de la tierra, y no la propiedad legal, como ellos.

Como propietarios en dificultades serian presas fáciles de ofertas de compra de grupos poderosos, lo que desataría nuevo proceso de concentración de la tierra. Y los hacendados podrían legalizar predios hoy en su posesión ilegal.

Jueces locales suelen favorecer a los ricos locales, a los que son allegados, lamentó Rainha.

Dictan, por ejemplo, el desalojo de los campamentos a pedido de los hacendados, aunque ellos no comprueben legalmente la propiedad de las tierras ocupadas.

Rainha cuenta con el apoyo o por lo menos la neutralidad de los alcaldes, que conocen los beneficios económicos y sociales de la reforma agraria en sus municipios, por la experiencia reciente.

Asentar las familias pobres les asegura vivienda, trabajo, alimentación e ingresos, la inclusión social que una política gubernamental debería promover, arguyó. A los 61 años, él mismo cultiva media hectárea en un asentamiento, donde siembra hortalizas, cría peces y “unas 50 gallinas para tener huevos y carne”.

Tres de los ocho coordinadores del campamento Miriam Farias. Emerson Oliani (I) ya es asentado de la reforma agraria en otro predio cercano. Los demás se integraron ahora al movimiento campesino en lucha por la tierra en el sur de Brasil. Foto: Mario Osava / IPS

Érica dos Reis Andino, de 36 años, ocupa una casucha en la ocupación Miriam Farias, con el marido y dos hijos.

“Venimos porque ya no podíamos pagar el arriendo de la casa en Teodoro Sampaio, ciudad a 20 kilómetros, con sus ingresos eventuales y el sueldo del marido en una central azucarera a cerca de 50 kilómetros, donde él va de moto.

“Anhelo obtener una tierra para tener unas vacas de leche, sembrar un huerto y frutas”, dijo a IPS.

Ya lo intentó antes, sin éxito, después que los abuelos fueron asentados en un municipio cercano. Ahora su familia y la de sus padres están en la ocupación con el mismo objetivo.

La precariedad del campamento se soluciona. El agua, traída por camión desde afuera o de un pozo perforado por un vecino, se almacena en barriles de plástico.

Los niños frecuentan la escuela del Asentamiento Ché Guevara, producto de las acciones del MST en los años 90, a cinco kilómetros del campamento. Andino solo lamenta no traer el perro, que tuvieron que dejar en la ciudad. “Es muy peludo y acá hay mucho polvo, con la poca lluvia actual”, explicó.

La misma situación vive Vilmara Diniz dos Santos, cortadora de caña de 34 años, con un marido vendedor  de automóviles, dos hijos y sueños parecidos.

El padre la invitó a acompañarlo en la ocupación. Le molesta la escasez de agua, no la falta de electricidad. Lava la ropa en el río cercano, donde la natación ayudó al hijo de ocho años a renunciar al teléfono celular.

Osvaldo Gomes de Souza, de 47 años, ya fue policía militar un año y funcionario de una alcaldía por 15 años, dispensado de trabajar debido a una debilidad cardíaca que lo puso “en la cola de un trasplante de corazón”.

Ahora cría ganado en nueve hectáreas que arrienda del suegro en un asentamiento.

Adhirió a la ocupación Miriam Farias por insistencia de su mujer, Marcia da Silva, que convive con la lucha campesina desde niña. Sus padres participaron de otras ocupaciones hasta lograr una parcela de tierra.

“Descubrí mi vocación a los 50 años”, bromea Souza, confesando el entusiasmo con que abrazó la causa y la función de coordinador del campamento, que comparte con otros siete acampados. Su casucha de plástico cuenta con la electricidad de la batería de su automóvil.

Su colega en la coordinación Emerson Oliani, de 43 años, ya es asentado en otro predio donde cría vacas lecheras y gusanos de seda. Otro, Valentino da Costa, a los 67 años busca “empezar de nuevo”, tras “conocer el mundo como camionero”.

“La jubilación no alcanza para vivir bien”, por eso espera asentarse con su mujer y producir leche, carne de distintos animales y alguna hortaliza, ahora que los cuatro hijos ya son adultos y encaminados en la vida.

ED: EG

Compartir

Facebook
Twitter
LinkedIn

Este informe incluye imágenes de calidad que pueden ser bajadas e impresas. Copyright IPS, estas imágenes sólo pueden ser impresas junto con este informe

Últimos Artículos