GINEBRA – La designación por Israel de seis organizaciones de la sociedad civil palestina como “organizaciones terroristas” es un ataque contra los defensores de los derechos humanos y debe ser revocada de inmediato, declaró este martes 26 la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
“Reclamar derechos ante la ONU u otro organismo internacional no es un acto de terrorismo, defender los derechos de las mujeres en el territorio palestino ocupado no es terrorismo y brindar asistencia legal a los palestinos detenidos no es terrorismo”, dijo Bachelet.
La medida del gobierno de Israel vulnera las libertades de asociación, opinión y expresión, y el derecho a la participación pública, según la declaración divulgada por la oficina de Bachelet en esta ciudad suiza.
El Ministerio de Defensa israelí sostuvo que las agrupaciones civiles palestinas “operan de forma encubierta en ámbitos internacionales, disfrazadas como organizaciones de la sociedad civil, aunque son una rama de un grupo (el FPLP) cuyo objetivo es destruir Israel y participar en acciones terroristas”.
El Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) es un pequeño partido laico de tendencia izquierdista, crítico con las autoridades palestinas a la vez que sostiene su oposición a Israel y es considerado terrorista por algunos gobiernos occidentales.
“Reclamar derechos ante la ONU u otro organismo internacional no es un acto de terrorismo, defender los derechos de las mujeres en el territorio palestino ocupado no es terrorismo y brindar asistencia legal a los palestinos detenidos no es terrorismo”: Michelle Bachelet.
La oficina de Bachelet sostuvo que la calificación como terroristas de las organizaciones civiles, en virtud de la ley israelí contra el terrorismo de 2016 “se basa en razones extremadamente vagas o sin fundamento, incluidas actividades de derechos humanos totalmente pacíficas y legítimas”.
Las organizaciones señaladas “son algunos de los grupos humanitarios y de derechos humanos de mayor reputación en el territorio palestino ocupado y durante décadas han trabajado en estrecha colaboración con la ONU”, dijo Bachelet.
Se trata de Addameer Prisoner Support and Human Rights Association; Al Haq; Defensa de los Niños Internacional – Palestina; Unión de Comités de Trabajo Agrario; Centro Bisan de Investigación y Desarrollo; y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas.
Al Haq se especializa en asuntos legales internacionales y actúa como consultora de la ONU, y Addameer, que se dedica a la defensa de los presos palestinos en cárceles israelíes, a menudo es consultada como fuente por diplomáticos occidentales y periodistas extranjeros.
La organización israelí defensora de los derechos humanos B’Tselem se solidarizó con sus colegas palestinos y consideró la decisión de su gobierno “un acto característico de regímenes totalitarios para acallar voces críticas”.
Las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch sostuvieron en una declaración conjunta que “esta deplorable e injusta decisión constituye un ataque del gobierno israelí al movimiento internacional de derechos humanos”.
“La comunidad internacional lleva décadas sin cuestionar graves abusos contra los derechos humanos cometidos por Israel, que no ha sufrido consecuencias significativas por ello, todo lo cual ha envalentonado a las autoridades israelíes para actuar con semejante desfachatez”, agregó la declaración.
Advirtieron que la calificación de terroristas puede conducir al bloqueo de recursos, cierre de oficinas y encarcelamiento de los activistas de las organizaciones.
La Ley contra el terrorismo de Israel de 2016 establece penas de prisión de entre cinco y 25 años para el personal y los miembros de las organizaciones designadas, prevé la confiscación de activos y el cierre de la organización.
Bachelet, quien fue dos veces (2006-2010 y 2014-2018) presidenta de Chile, insistió en que la legislación contra el terrorismo no debe aplicarse a la labor humanitaria y de derechos humanos legítima.
“La prohibición de las organizaciones no debe utilizarse para reprimir o negar el derecho a la libertad de asociación, reprimir la disidencia política, silenciar opiniones impopulares o limitar las actividades pacíficas de la sociedad civil”, expresó.
Agregó que “las autoridades nacionales responsables de prohibir las organizaciones deben cumplir plenamente con las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado, incluso respetando los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad, igualdad y no discriminación”.
Las seis organizaciones señaladas respondieron a la medida anunciando que mantendrán sus actividades y no se dejarán silenciar por Israel.
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