SAN SALVADOR / EL MOZOTE – Las investigaciones judiciales de dos de las peores masacres de civiles cometidas durante la guerra civil de El Salvador están en peligro de sufrir retrasos y manipulaciones políticas, luego de que los jueces que llevaban esos procesos fueron separados de los casos.
Se trata de las masacres de El Mozote y del Sumpul, ejecutadas por unidades militares en diciembre de 1981 y en mayo de 1980, respectivamente.
“Este cambio ha sido duro para nosotros porque él llevaba el caso bien adelantado, y tantos años de lucha y esfuerzo que hemos tenido, es como si se hubiera venido abajo todo”, dijo a IPS una de familiares de las víctimas la masacre de El Mozote, María de la Paz Chicas, de 51 años.
Los horrores de la guerra
Entre el 9 y 13 de diciembre de 1981 unidades del ejército incursionaron a El Mozote y a otras aldeas aledañas del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán, en el este del país, y asesinaron a mansalva a unas 1000 personas, incluyendo niños, ancianos y mujeres embarazadas.
Esa zona era controlada por la entonces guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), convertido en partido político en 1992, con la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 años de guerra civil.
La cúpula militar consideraba a la población civil del área como apoyo de la guerrilla.
El juez Jorge Guzmán, que había estado al frente de las investigaciones, dejó el caso en virtud de un decreto legislativo que cesó a más de 200 jueces con 60 años y 30 de servicio, una acción promovida por el gobierno del presidente Nayib Bukele para “depurar” el sistema judicial.
El decreto fue aprobado el 31 de agosto por una Asamblea Legislativa, de 84 escaños, dominada desde el 1 de mayo por los 56 diputados del partido Nuevas Ideas, del presidente Bukele, conocido por sus arrebatos autoritarios desde que llegó al poder, en junio de 2019.
“Este cambio ha sido duro para nosotros porque él (el juez Jorge Guzmán) llevaba el caso bien adelantado, y tantos años de lucha y esfuerzo que hemos tenido, es como si se hubiera venido abajo todo”: María de la Paz Chicas.
Los críticos del mandatario señalan que, lejos de una medida para sanear el órgano judicial, se trata de una purga de los jueces independientes para imponer a unos que estén más alineados con la visión del oficialismo.
La Asamblea destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, así como al fiscal general, el 1 de mayo, el mismo día que se instaló la nueva legislatura, en una maniobra calificada de inconstitucional y criticada por la oposición y por organizaciones de derechos humanos, dentro y fuera del país.
Los miembros de la nueva Sala Constitucional tomaron con una de sus primeras medidas la modificación de la norma que hasta ahora impedía la reelección inmediata de los gobernantes.
Analistas alertan que, si bien la nueva reelección inmediata solo aplica para un periodo adicional, nadie puede asegurar que en el futuro no se siga manipulando las leyes para ampliar ese margen, en busca de que el llamado presidente milenial, de 40 años, pueda perpetuarse en el poder.
El juez del caso de El Mozote
La salida del juez Guzmán, de 61 años, generó una gran repercusión mediática, por el impacto negativo sobre el proceso más emblemático de derechos humanos en el país y que mantiene abiertas las heridas de la guerra.
Guzmán no tenía que dejar su tribunal, según determinó la Corte Suprema de Justicia, que en un comunicado emitido el 22 de septiembre aseguró que el decreto excluía a los jueces que tuviesen en sus manos casos sobre delitos de lesa humanidad.
Pero Guzmán renunció por solidaridad con sus pares y condicionó su seguimiento a que la depuración judicial se revocase, lo que no sucedió.
Se teme que quien lo reemplace pueda ser afín a los lineamientos girados desde la presidencia y obstaculice y retrase el proceso.
La nueva titular del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, que lleva el caso, es Mirtala Teresa Portillo, con poca experiencia en casos de violaciones a los derechos humanos.
Ella estuvo al frente del juzgado de paz de Sesori, una pequeña localidad del oriental departamento de San Miguel.
Guzmán había empujado decisivamente el caso desde que se reabrió en septiembre 2016, tras permanecer archivado desde 1993, cuando se aprobó la Ley de Amnistía, un año después de suscritos los Acuerdos de Paz.
El conflicto armado en este pequeño país centroamericano dejó unos 75 000 muertos y 8000 desaparecidos.
“Es como volver a comenzar el caso”, señaló Chicas, durante el diálogo que sostuvo con IPS en El Mozote, al lado del mural donde están grabados unos 800 nombres de las mil personas ejecutadas en diciembre de 1981, entre ellas varios de sus parientes.
Chicas era una niña de 11 años cuando sucedieron los hechos. Ahí perecieron tres hermanas y un hermano, además de 17 sobrinos.
Contó que una de sus hermanas, Lucrecia Chicas, de 27 años, tenía seis meses de embarazo cuando fue asesinada. Fue encontrada en el convento de la iglesia de El Mozote abrazando a su pequeño hijo de cuatro años, también asesinado.
Lucrecia vivía en Rancherías, una aldea vecina, pero se había ido a El Mozote pensando que ahí estaría más segura.
“A ella la encontraron con una piedra de moler en su estómago, en el convento, al levantar la piedra, durante la exhumación, estaban los restos aún del feto”, narró, sollozando.
Otro sobreviviente de la masacre, José Cruz Vigil, dijo sobre la salida del juez Guzmán: “Todo se puede esperar, el presidente Bukele ofreció abrir los archivos y no lo hizo, eso nos deja claro de que no hay voluntad política para encontrar la verdad”.
“Esto tiene un propósito claro, el de ir dilatando los procesos, no se ve voluntad real de llegar al fondo”: Felipe Tobar.
En efecto, Bukele prometió en noviembre de 2019 dar al juez acceso a los archivos de seis guarniciones militares, para buscar documentos sobre el operativo militar. Pero luego dio marcha atrás aduciendo que el letrado iba también a buscar información sobre operativos militares recientes.
El mandatario ha mostrado, además, su repulsión al proceso de paz que acabó con la guerra civil, proceso que ha calificado públicamente de haber sido una farsa.
Alrededor de 16 oficiales del ejército están siendo acusados por presuntamente participar en el operativo.
Poca voluntad política
Además de Guzmán, IPS confirmó que igual suerte ha tenido también la jueza Morena Concepción Laínez, que llevaba las pesquisas de la matanza de alrededor de 600 personas en la llamada masacre del río Sumpul, cometida en mayo de 1981 también por efectivos militares.
El hecho sucedió en las riberas del río con ese nombre, en el caserío Las Aradas, del municipio de Ojos de Agua, en el norteño departamento de Chalatenango.
Al igual que en el caso de El Mozote, los familiares de las víctimas de la matanza del Sumpul se mostraron preocupados de que las investigaciones sufran más retrasos y obstaculizaciones.
“Esto tiene un propósito claro, el de ir dilatando los procesos, no se ve voluntad real de llegar al fondo”, aseguró a IPS, vía telefónica, Felipe Tobar, presidente de la Asociación de Sobrevivientes de la Masacre del Sumpul.
Recordó las imágenes que han quedado grabadas en su memoria, cuando cientos de personas fueron masacradas por fuego de ametralladoras desde dos helicópteros, así como por fusilería disparada por soldados en tierra.
“Vi los borbotones de sangre cuando a la gente le caían los balazos en la espalda y el río se los llevaba”, señaló. “Siempre que cuento este testimonio me digo y me hago la pregunta de por qué yo estoy vivo”, confió.
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Añadió que, a diferencia del caso de El Mozote, la jueza que llevaba el proceso de las muertes en las riberas del Sumpul, Morena Concepción Laínez, no le imprimió la determinación necesaria para avanzar con más celeridad.
En casi 41 años, apenas se han realizado dos exhumaciones, dijo Tobar, una en enero de 2020 y la más reciente, en julio de 2021, en parte por el poco compromiso de los fiscales en aportar las pruebas necesarias.
“Ha ido lento porque la fiscalía lo llevó también un poco lento, cuando vino a retomarlo faltaba mucho trabajo fiscal, mucho que incorporar. Pero se ha ido avanzando y el caso está también en etapa de instrucción”, señaló a IPS el abogado Alejandro Díaz, de Tutela Legal María Julia Hernández.
Esa organización es parte del proceso como acusación particular, en representación de las víctimas, al igual que lo hacen los fiscales que llevan el caso por parte del Estado.
Tobar señaló que con la llegada de un nuevo juez, existe aún mayor riesgo de más retrasos y manipulación.
El proceso lo lleva el Juzgado de Instrucción de Chalatenango, cuya titular fue removida debido al decreto legislativo.
El 27 de septiembre llegó Ana Janci García como jueza interina, pero IPS ha conocido que ella también sale de ese tribunal y será reemplazada por un nuevo funcionario, el lunes 1 de noviembre.
“Vi a soldados, con el agua hasta la rodilla, dando el tiro de gracia a los que habían quedado heridos, en la orilla”, narró Tobar.
Los familiares y sobrevivientes de las masacres de El Mozote y Sumpul siguen viendo aún lejos el momento en que este pequeño país centroamericano de 6,7 millones de habitantes pueda encontrar la verdad y justicia de esas y otras tantas atrocidades, para ir poco a poco sanando las heridas de la guerra.
ED: EG
