TENOSIQUE, México – Liliana se aferró a su bebé de un mes cuando empezó la redada. Cuando los agentes de Migración entraron a la casa donde estaban, les dijo que su hijo es mexicano y que por ley no deberían detenerla ni a ella ni a él.
“Yo les dije que yo tenía los papeles del niño (que acreditan su nacionalidad). Se los enseñé y me dijeron que no valía ese papel”, contó.
Liliana es una mujer que salió de su natal Honduras con dos hijos y embarazada de otro. Se fue a escondidas de la segunda ciudad del país, San Pedro Sula, porque está amenazada por su expareja, un integrante de la pandilla MS13.
El bebé nació con siete meses de gestación el 19 de julio en Tapachula, en el estado sureño de Chiapas, en la frontera de México con Guatemala, mientras su mamá aguardaba la resolución a su petición de refugio. Y como miles en esa ciudad, se cansó de esperar la respuesta de la gubernamental Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y se unió a una caravana migrante que salió en agosto a pie rumbo al centro del país.
Aquel 29 de agosto en que fueron detenidos en Mapastepec, en el mismo Chiapas, la caravana había parado a descansar. Liliana había encontrado una casa donde se quedarían unos días. Pero los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) allanaron casas, hoteles y cuarterías sin órdenes judiciales, respaldados por elementos armados de la Guardia Nacional.
“Yo me había ido a una casa para bañarme y llegó el relajo. Todo taparon (huyeron). Yo pensé que ahí (en la casa donde se refugió) no iban a llegar. Se llevaron a todas las personas que estaban en el parque, se metieron a los hoteles sacando gente”, contó.
En la cacería de migrantes se llevaron por la fuerza a Liliana, a su bebé mexicano y a su hija mayor. “Me agarraron del brazo. Yo iba cargando al bebé”. Pero faltaba uno más de la familia.
José, de ocho años, había corrido en estampida junto con un grupo de mujeres hondureñas cuando se escuchó el escándalo de la redada en el pueblo.
“El niño más grande se me había perdido porque unas muchachas pegaron la carrera al monte y él se fue tras de ellas. El creyó que yo también iba a correr y yo no corrí”, contó Liliana a Pie de Página desde un lugar seguro, mientras amamantaba a su bebe.
Cuando entraron por ella al domicilio particular donde estaba, Liliana dijo a los agentes de migración que no se iría sin su hijo. Insistió hasta que un agente de Migración buscó y encontró al niño y lo reunió con su familia.
La mamá con sus tres hijos fue llevada por la fuerza a uno de los autobuses blancos alquilados por el INM para expulsar a miles de migrantes cada día en los estados de Chiapas y Tabasco sin trámite legal de por medio.
En su trayecto hacia el autobús atestiguaron la represión violenta en que un elemento del INM pateó la cabeza de un hombre haitiano que se encontraba en el piso.
Otra mujer hondureña llamada Marta vio a Liliana en el momento justo en que estaba a punto de ser privada de su libertad y separada de uno de sus hijos por los agentes de Migración.
“Venía con tres niños, un recién nacido, otro de siete y una de cinco. La querían montar a fuerza al bus. A su hijo no lo hallaba, tuvo suerte de que no la golpearon. Les decía que no se iba a mover si no lo hallaba. Los de Migración fueron a buscarlo hasta que lo hallaron escondido”, contó.
Marta recuerda los momentos vividos por Liliana con más intensidad que los suyos propios, que fueron similares, pues al final ambas fueron víctimas de la cacería y acabaron en el mismo autobús que no sabían a dónde las llevaría ni para qué.
En ese autobús había un baño sucio y hombres amarrados de pies y manos ocupando tres asientos. Pedían que los suelten. Gemían, gritaban. “A uno lo golpearon con su niña en brazos. Él clamaba por sus maletas donde estaban sus papeles. A él lo amarraron con unas abrazaderas y cinta en pies, manos y boca”, narró Marta.
Los agentes de Migración les tomaron fotos y registraron el nombre de cada persona asegurada en el autobús. No soltaron a los migrantes maniatados. Tampoco le dijeron a nadie a dónde iba el autobús ni cuál era su situación legal en ese momento o en qué situación migratoria se encontraban.
¿Iban a ser llevados a una estación migratoria? ¿El autobús se dirigía a la frontera más cercana que está en Ciudad Cuauhtémoc? ¿Las llevaban a la frontera entre Honduras y Guatemala? ¿Las trasladarían hasta Honduras? Son preguntas que, según el relato de ambas, se hicieron durante el viaje.
“No sabíamos a dónde nos llevaban. Pasaban horas tras horas y no sabíamos a dónde nos llevaban”, recordó Marta.
Ese autobús salió de Mapastepec alrededor del mediodía y llegó -según sus cálculos- alrededor de las 3:00 horas del día siguiente a una ciudad que no conocían. Cuando bajaron les informaron que se encontraban en Villahermosa, en el estado de Tabasco, también en el sur, sobre la costa del Caribe.
Les dieron un oficio de salida del país expedido por Fermín García Lázaro, encargado de la Oficina de canalización de niñas, niños y adolescentes solos y acompañados del INM en Villahermosa, Tabasco, el 1 de septiembre.
El documento -ambas aseguran que no pudieron leerlo antes de firmar- muestra una fotografía de ellas dentro del autobús, recién detenidas, y explica que el oficio de salida se expide “a petición expresa” de la persona que está por abandonar México.
Según Alejandra Elizalde Trinidad, coordinadora del Programa de género y migración de la organización Formación y Capacitación (Foca) México, “no está ofreciendo posibilidades de regularización de ningún tipo” a personas como Liliana, que tiene a su bebé nacido en México.
El bebé mexicano fue concebido en un sector controlado por la MS13 de San Pedro Sula, la ciudad más violenta de Honduras, en el norte del país. Su padre biológico era una amenaza permanente para él, su mamá y sus dos hermanos. De hecho, sigue siendo un peligro hasta la fecha.
Por eso Liliana dejó su casa y se escondió en un cerro con un familiar y planeó su salida de Honduras durante varias semanas. Por eso, pese a su embarazo de tres meses, se arriesgó a irse con sus otros dos hijos a la ruta migratoria, que ya desde Honduras está llena de “polleros” y tratantes de personas de las que podría haber sido presa fácil.
Por eso pidió refugio a la Comar, pero la espera se le hizo demasiado larga dentro de un albergue para migrantes.
En julio, Liliana tuvo una complicación en su embarazo y fue llevada por el grupo Beta del INM a un hospital de Tapachula donde tuvo el parto con siete meses de gestación.
Y cuando recibió llamadas amenazantes a su teléfono con lada de México, ya con su bebé en brazos, decidió unirse a la caravana migrante y salirse de Tapachula.
“Según la ley mexicana es un derecho, esta chica podría tener la regularización sin que se la cuestionen, es un trámite administrativo, pero tiene que pagar”, dijo la trabajadora de Foca, una organización basada en el estado de Chiapas, con trabajo en terreno en la frontera sur.
Cuando las dos mujeres con sus familias cruzaron el límite de Chiapas y Tabasco adentro del autobús, sin saberlo, abandonaron su proceso de solicitud de refugio ante la Comar.
“Pero cuando son detenidos ilegalmente y son trasladados a otro estado, el trámite de refugio queda totalmente invalidado. Al estar en Villahermosa se ven obligados a iniciar nuevamente todo el proceso de refugio. Se vuelven deportables”, explicó Raúl Granados, integrante del equipo de Cambio Estructural del albergue La 72, que se encuentra en Tenosique, en Tabasco.
Esa organización está documentando un claro incremento del flujo de personas detenidas por el INM con dos orígenes: el aeropuerto de Villahermosa a donde llegan en vuelos procedentes de Estados Unidos y Tapachula, donde son detenidas en operativos similares al que sucedió en Mapastepec.
Es decir, ya no sólo es el flujo de personas que llegan expulsadas desde Estados Unidos bajo la figura del Título 42, creada por el gobierno de Donald Trump (2017-ener o 2021) por motivos de seguridad nacional relacionados a la covid-19 y aplicada por su sucesor, Joe Biden, para expulsar a miles de personas cada día hacia Villahermosa y Tapachula.
Ahora también está la llegada de personas retenidas en Tapachula y llevadas a Villahermosa.
En ambos casos, explicó Granados, no se trata propiamente de deportaciones, sino de “detenciones ilegales” de las cuales no queda ningún rastro oficial.
“No es una deportación, no les informan a donde llegan. No hay debido proceso. Lo que hacen no está dentro del parámetro y criterio de una deportación. Es totalmente ilegal. Es una violación sistemática a los derechos humanos, a la ley de refugio y asilo político y protección complementaria, a la propia ley de migración y a los convenios internacionales que México a firmado sobre movilidad”, dijo Granados.
Después de la redada y su traslado arbitrario, decidieron no abandonar el país, sino intentar juntas seguir hacia el norte. El mismo día que lo intentaron, sufrieron un intento de secuestro.
Continuaron juntas un tiempo más y después se separaron. No más caravanas, no más reflectores. Ahora, cada una está por su cuenta en lugares seguros, están retomando su trámite de refugio ante la Comar y pensando qué hacer, “para dónde jalar” después.
El bebé tapachulteco está bien. Liliana ha conseguido seguir adelante con la lactancia y eso le ha dado fuerzas suficientes a su hijo. Ella se imagina a su niño estudiando una profesión y después “con un buen trabajo y que me pueda ayudar a mí”. Lo mismo dijo de sus otros hijos.
-¿Usted cómo se siente, qué quiere hacer para usted misma, hay algo que le guste hacer?, le preguntamos.
-¿Cómo? No, yo ya no siento ánimos de nada, respondió la migrante hondureña.
Este artículo se publicó originalmente en Pie de Página, una publicación de la red mexicana de Periodistas de A Pie.
RV: EG
