GINEBRA – A pesar de la expansión sin precedentes de la protección social durante la crisis generada por la covid-19, más de 4000 millones de personas en el mundo siguen estando completamente desprotegidas, señaló un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Guy Ryder, director de la OIT, dijo al presentar el informe este miércoles 1 que “los países se encuentran en una encrucijada. Este es un momento propicio para utilizar la respuesta a la pandemia a fin de construir una nueva generación de sistemas de protección social basados en los derechos”.
El informe constata que la respuesta a la pandemia ha sido insuficiente y desigual, aumentando la distancia entre los países con altos y bajos ingresos, y no logró ofrecer la protección social indispensable que todos los seres humanos merecen.
La protección social incluye el acceso a la atención médica y a la seguridad del ingreso, en particular para las personas de edad, en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, accidente en el trabajo, maternidad o pérdida del principal generador de ingresos de la familia, así como para las familias con hijos.
El Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022, divulgado por la OIT en esta ciudad suiza, señaló que solo 47 por ciento de la población mundial está efectivamente cubierta por al menos una prestación de protección social.
Mientras, 4100 millones de personas (53 por ciento de los habitantes del planeta) no se benefician de ninguna seguridad en su sistema de protección social nacional.
“Este es un momento propicio para utilizar la respuesta a la pandemia a fin de construir una nueva generación de sistemas de protección social basados en los derechos”: Guy Ryder.
Existen diferencias regionales considerables, pues Europa y Asia Central tienen las tasas de cobertura más altas, con 84 por ciento de la población cubierta por al menos una prestación. América también posee una tasa superior a la medida mundial, con 64,3 por ciento.
Asia y el Pacífico (44 por ciento), los Estados árabes (40) y África (17,4 por ciento) tienen evidentes deficiencias en materia de cobertura.
La gran mayoría de los niños en el mundo aún no tiene una cobertura efectiva de protección social; apenas uno de cada cuatro (26,4 por ciento) se beneficia de una prestación de protección social.
Solo 45 por ciento de las mujeres con recién nacidos recibe una prestación de maternidad en efectivo, y solo una de cada tres personas con discapacidad grave en el mundo (33,5 por ciento) recibe una prestación por invalidez.
La cobertura de las prestaciones de desempleo es aún más baja: apenas 18,6 por ciento de los trabajadores desempleados en el mundo están efectivamente cubiertos.
Y si bien 77,5 por ciento de las personas con derecho a pensión de vejez reciben una forma de pensión de ancianidad, persisten importantes disparidades entre las regiones, entre zonas urbanas y rurales, y entre hombres y mujeres.
El gasto público en el área también varía de manera significativa. En promedio, los países destinan 12,8 por ciento de su producto interno bruto a la protección social, (excluyendo la salud), pero los países de altos ingresos invierten 16,4 por ciento de su PIB en protección social y los de bajos ingresos sólo 1,1 por ciento.
El informe señala que el déficit de financiación (el gasto adicional necesario para garantizar al menos una protección social mínima para todos) aumentó alrededor de 30 por ciento desde el comienzo de la crisis generada por la covid.
A fin de garantizar al menos una cobertura de protección social básica, los 29 países de bajos ingresos (de África subsahariana y Asia, más Haití) deberían invertir 77 900 millones de dólares adicionales al año, según el estudio.
Los 50 países de ingresos medios-bajos (como Angola, Bolivia o Mongolia) requerirían 362 900 millones de dólares adicionales al año, y los 56 países de ingresos medios-altos (como Brasil, Sudáfrica o Tailandia) 750 800 millones de dólares adicionales anuales.
Shahra Razavi, directora de protección social en la OIT, reconoció que “hay una gran presión para que los países alcancen una consolidación fiscal, después de los gastos enormes relacionados con su respuesta a la crisis, pero sería sumamente perjudicial reducir los gastos en protección social; es necesario invertir en ello ahora”.
La protección social es una herramienta que “puede favorecer una mejor sanidad y educación, una mayor igualdad, sistemas económicos más sostenibles, una mejor gestión de la migración y el respeto de los derechos fundamentales”, dijo Razavi.
“Debemos reconocer –señaló finalmente Ryder- que una protección social eficaz y completa no sólo es esencial para la justicia social y el trabajo decente, sino también para la creación de un futuro sostenible y resiliente”.
A-E/HM
