RÍO DE JANEIRO – El presidente Jair Bolsonaro logró movilizar multitudes en su respaldo el 7 de septiembre, día de la Patria en Brasil, pero la demostración de fuerza tuvo un efecto boomerang. El gobernante de extrema derecha avanzó en la construcción de su propia inhabilitación política.
La amplia y prolongada convocatoria de sus partidarios, además del carácter militar de su gobierno, generó temores de que se preparaba un golpe para concentrar poderes absolutos en la presidencia. Pero la evaluación más común es que Bolsonaro terminó políticamente más aislado con su aparente “demostración de fuerza” del martes 7.
Varios partidos que lo apoyan en el legislativo Congreso Nacional empezaron a discutir un posible cambio. El Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), que gobernó el país de 1995 a 2002, abandonó la posición ambigua que tenía, se declaró en la oposición y evalúa adherir a pedidos de inhabilitación de Bolsonaro.
El empresariado, que ya venía alejándose del gobierno, ante los daños económicos de la creciente tensión política provocada por el presidente, amplió su deserción. Se propaga la evaluación de que con el actual presidente se deteriorará más aún el ambiente de negocios.
Eso se reflejó en el mercado financiero el día siguiente a las manifestaciones. La Bolsa de São Paulo cayó 3,78 por ciento, acentuando la tendencia negativa de las semanas anteriores y la moneda nacional, el real, se devaluó 2,89 por ciento.
La reacción se debió a los discursos de Bolsonaro, ante los centenares de miles de seguidores que respondieron a su convocatoria en Brasilia y São Paulo, con ataques al Supremo Tribunal Federal (STF) y a las urnas electrónicas usadas en las elecciones en Brasil desde 1996.
“Cualquier decisión del señor Alexandre de Moraes, este presidente no la cumplirá”, fue su afirmación más contundente contra el ministro (magistrado) del STF que conduce las investigaciones sobre difusión de falsedades y actos antidemocráticos de los bolsonaristas, incluyendo el mismo presidente y sus tres hijos que son políticos.
El juego electoral creó estímulos singulares que pueden impulsar la mayoría de centro a reforzar la propuesta de deponer legalmente a un líder que persiste en minar la democracia. Ello dentro de un palpable esfuerzo de las corrientes políticas de centro y moderadamente de derecha o de izquierda en romper la polarización entre el ultraderechista Bolsonaro y el izquierdista exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), cuya candidatura es viable para los comicios de octubre de 2022.
Rechazar fallos judiciales, cuando es una acción de “un jefe de cualquier de los Poderes” de la República, “configura crimen de responsabilidad, a ser analizado por el Congreso Nacional”, al atentar contra la Constitución y la democracia, señaló el presidente del STF, Luiz Fux, el miércoles 8, tras consultar con los otros 10 ministros del máximo tribunal.
Afirmó por lo tanto que Bolsonaro cometió un delito punible con la inhabilitación. Pero el proceso solo puede ser abierto por el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, un aliado del gobernante que ignoró hasta ahora más de 120 pedidos, pese a las presiones cada día más intensas para acogerlos.
Tras la decisión individual de Lira, se necesita la aprobación de dos tercios de los 513 diputados, es decir 342, para que Bolsonaro sea sometido al juicio político, en ese caso a cargo del Senado, donde se exige también mayoría de dos tercios de los senadores para condenar al presidente de la República.
Elineudo Meira/ @fotografia.75-Fotos Públicas
Dos expresidentes de Brasil ya fueron destituidos de esa forma en las tres últimas décadas, Fernando Collor en 1992 y Dilma Rousseff en 2016. Hubo otros dos casos en los años 50.
El precedente de Collor tiene similitudes de mal agüero para Bolsonaro. También el presidente investido en marzo de 1990, el primero elegido por votación popular directa desde la dictadura militar de 1964 a 1985, se presentaba con los colores de la bandera nacional, verde y amarillo.
En agosto de 1992, ante denuncias de corrupción y presiones por su destitución, llamó la población a manifestarle el apoyo con los colores patrióticos. En respuesta, miles de estudiantes salieron a las calles con ropas negras y el rostro colorido. Las protestas de los “caras pintadas” fueron decisivas para la inhabilitación de Collor cuatro meses después.
Ahora, además de las manifestaciones, otra iniciativa se volvió contra el mismo gobierno. Bolsonaro y sus activistas movilización algunos centenares de camioneros que bloquearon carreteras en por lo menos 14 de los 26 estados brasileños el apoyo al gobierno, luego de manifestaciones en las ciudades. Ahora las autoridades e incluso el presidente tratan de desactivar ese paro, ante el trastorno y el desabastecimiento de alimentos y combustibles en crecientes localidades.
El tiro por la culata puede profundizarse, aunque Bolsonaro disponga actualmente de un cómodo sostén parlamentario y las masivas manifestaciones de sus seguidores aparezcan como un escudo de seguridad.
Su popularidad, cerca de 25 por ciento según las últimas encuestas, tendría que caer aún más para cumplir las condiciones para el éxito de un juicio político de destitución, según la mirada coincidente de los especialistas en el tema. Además el poco tiempo que le sobra de gobierno, 15 meses, contribuye a desechar el juicio político.
Pero el juego electoral creó estímulos singulares que pueden impulsar la mayoría de centro a reforzar la propuesta de deponer legalmente a un líder que persiste en minar la democracia.
Ello dentro de un palpable esfuerzo de las corrientes políticas de centro y moderadamente de derecha o de izquierda en romper la polarización entre el ultraderechista Bolsonaro y el izquierdista exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), cuya candidatura es viable para los comicios de octubre de 2022.
Las encuestas y los análisis en general apuntan a Lula con amplio favoritismo, aunque estuvo involucrado en los escándalos de corrupción y encarcelado por 580 días entre 2018 y 2019. La anulación de algunas condenas y la absolución de otros procesos le permitieron recuperar sus derechos políticos.
A Bolsonaro, los sondeos le aseguran cerca de 25 por ciento de electores fieles, pese a la pérdida de popularidad especialmente a causa de la trágica gestión de la pandemia por parte de su gobierno. Ese índice, que parece estable, le permite avanzar a la segunda vuelta para intentar la reelección en disputa con Lula.
La llamada “tercera vía” de centro, fragmentada en al menos seis precandidatos, solo tendría alguna posibilidad de alcanzar la segunda vuelta si sale Bolsonaro de la disputa. El otro “polo”, el de Lula, no tiene por ahora ningún mecanismo de exclusión visible.
El actual presidente enfrenta variadas amenazas a su reelección. Además de la inhabilitación por el Congreso, el Tribunal Superior Electoral (TSE) puede hacerlo inelegible en 2022 por haber dicho públicamente, sin pruebas, que hubo fraudes en elecciones anteriores y que las urnas electrónicas favorecen tales delitos.
Además, su triunfo electoral en 2018 puede ser anulado en otro proceso del TSE que investiga abuso del poder económico y uso de medios ilegales de propaganda, con informaciones falsas y abuso de sistemas virtuales para dañar la comunicación de adversarios.
Si resultan condenados, tanto Bolsonaro como su vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão, no podrían ser candidatos en 2022.
Pero se considera que el tribunal difícilmente los condenará o adoptará un fallo antes de las próximas elecciones, en una decisión que depende de siete jueces. Más robusta se presenta la inhabilitación por parte de los legisladores, legitimados por el voto popular.
Bolsonaro cuenta por ahora con la protección del llamado “Gran Centro” (Centrão en portugués), un conjunto de partidos pequeños y medianos sin compromisos ideológicos, pragmáticos, que casi siempre respaldan el gobierno de turno, a cambio del control de ministerios u órganos gubernamentales, así como parcelas del presupuesto.
En Brasil los legisladores tienen derecho a destinar parte de los recursos presupuestarios, a través de las “enmiendas parlamentarias” con que financian proyectos en sus ciudades o bases electorales. Pero la entrega de esos recursos depende de negociaciones con el presidente y las autoridades económicas.
El poder de decidir sobre buena parte de esos recursos hace de la presidencia de la Cámara de Diputados una función clave. Mantener a un presidente dependiente de los diputados, como lo está Bolsonaro ante la amenaza de destitución, le conviene a ese Gran Centro, liderado por Lira, el presidente de la cámara baja.
Esa relación interesada hace más difícil que Lira autorice un proceso de inhabilitación, pero los intereses políticos de la “tercera vía” y la necesidad de recuperar la economía pueden quizás sacar a Brasil del borde del abismo con el que convive.
ED: EG
