Los DDHH y las minorías concentran la diana represiva en Bielorrusia

Imagen de la Marcha por la Justicia, en septiembre de 2020 en Minsk, la capital de Bielorrusia, una de las protestas contra la campaña de represión del régimen autoritario de Alexander Lukashenko. Foto: Andrew Keymaster / Unsplash

BRATISLAVA –  Pronto no quedará nadie que defienda los derechos humanos o ayude a las minorías en Bielorrusia porque se está aniquilando en el país al llamado tercer sector social, el de entidades no lucrativas y activistas en defensa de los intereses colectivos, alertan grupos internacionales.

El autoritario presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha intensificado en las últimas semanas la represión de cualquier oposición potencial, ordenando el cierre de decenas de organizaciones no gubernamentales, bajo el argumento de que las dirigen directa o indirectamente  entidades extranjeras que fomentan la desestabilización del país.

A mediados de agosto, se habían cerrado más de 60 grupos de la sociedad civil, entre los que se encontraban  organizaciones de derechos humanos, sino también algunas que promovían los derechos de la mujer, ayudaban a los discapacitados y trabajaban con personas afectadas por el VIH/sida.

Esto se produce en el marco de una represión más amplia contra los medios de comunicación independientes y los activistas prodemocráticos, que comenzó hace un año tras las protestas masivas que siguieron a la controversial reelección de Lukashenko, en el poder desde 1994, en unos comicios generalizadamente cuestionados.

Heather McGill, investigadora de Amnistía Internacional, dijo a IPS que “estamos cerca de la liquidación del tercer sector. Apenas queda nadie en Bielorrusia que preste ayuda a la gente que la necesita. No quedará ningún grupo en Bielorrusia que proteja a nadie, ni que defienda sus derechos”.

La sociedad civil bielorrusa se ha visto sometida a una presión creciente en el último año, ya que las autoridades del país han actuado con energía para reprimir cualquier posible oposición al régimen.

Muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) se han enfrentado a redadas y controles policiales repentinos, mientras miembros de su personal han sido detenidos o acosados, mientras que el cumplimiento de exigencias administrativas, calificado como imposible por las entidades, se han utilizado para forzar su cierre.

“La sociedad civil bielorrusa, a pesar de los años de autocracia autoritaria, había conseguido florecer, expandirse y hacerse bastante fuerte. La escala y el alcance de las redadas, las detenciones y las medidas para cerrar organizaciones cívicas en los últimos meses en Bielorrusia no tienen precedentes en esta región”: Rachel Denber.

Algunas organizaciones se han trasladado fuera del país y continúan su labor desde el extranjero. Sin embargo, esto limita los servicios y la ayuda que pueden prestar.

“Algunos grupos prestan servicios jurídicos, abogados, por ejemplo, a las personas. Esos simplemente no estarán allí ahora”, dijo McGill.

También se verán afectados los grupos que prestan servicios sociales fundamentales, como la ayuda a los ancianos o a los enfermos.

“Muchas organizaciones sin ánimo de lucro trabajaban con los problemas que el Estado no hacía y, al haber perdido los servicios de las ONG, la gente corriente, incluida la de los grupos vulnerables, se verá perjudicada”, planteó Svetlana Zinkevich, de la Oficina Europea para la Experticia y las Comunicaciones, a la plataforma mediática Devex.

A su organización, que trabaja en la creación de capacidades en el tercer sector, se le ha comunicado que debe cerrar.

Durante los largos años de Lukashenko en el poder, Bielorrusia ha sido criticada en repetidas ocasiones por las violaciones de los derechos humanos y la represión de la oposición. A menudo se le ha calificado como último dictador de Europa.

Pero la magnitud de los ataques al tercer sector social, y la represión más generalizada en la sociedad contra cualquiera que se considere vinculado a los movimientos prodemocráticos o contrarios al régimen, ha conmocionado a los observadores más experimentados del país.

Rachel Denber, subdirectora de la División de Europa y Asia Central de Human Rights Watch (HRW), dijo a IPS que “la sociedad civil bielorrusa, a pesar de los años de autocracia autoritaria, había conseguido florecer, expandirse y hacerse bastante fuerte”.

Pero, acotó, “la escalada y el alcance de las redadas, las detenciones y las medidas para cerrar organizaciones cívicas en los últimos meses en Bielorrusia no tienen precedentes en esta región”.

La mayoría de los medios de comunicación independientes se han visto obligados a cerrar y los pocos periodistas independientes que siguen trabajando hablan de que viven con el temor diario de ser arrestados.

Según Reporteros sin Fronteras (RSF), el país es ahora el lugar más peligroso de Europa para los periodistas, y la Asociación Bielorrusa de Periodistas (BAJ, en inglés) afirma que en el último año han sido detenidos casi 500 periodistas, 29 han sido encarcelados y se han documentado casi 70 incidentes de violencia contra reporteros.

Mientras tanto, la BAJ, única organización independiente que representa a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en Bielorrusia y una de las más destacadas defensoras de la libertad de expresión del país, ha sido disuelta por orden del Tribunal Supremo, por no atender sus supuestas infracciones administrativas, tras una inspección del Ministerio de Justicia a principios de año.

Un trabajador de lo que queda de los medios de comunicación independientes de Bielorrusia dijo a IPS bajo reserva de su nombre: “Nunca habíamos enfrentado tantas violaciones de los derechos de los periodistas, especialmente ataques físicos, arrestos y detenciones”.

“Un número sin precedentes de periodistas están siendo perseguidos penalmente, siendo considerados presos políticos. Es evidente que las autoridades intentan silenciar a la prensa, aumentando constantemente el nivel de presión, con lo que violan gravemente el derecho de sus ciudadanos a la información, y nadie sabe cuándo acabará esto”, denunció.

Aparte de las ONG y su personal, la grave situación también ha obligado a muchas personas comunes a dejar el país.

Natalia, una extrabajadora de los servicios de emergencia que participó en la organización de las protestas del año pasado, contó a IPS que había huido de Bielorrusia tras temer que ella y miembros de su familia fueran arrestados.

Bajo anonimato, contó que fue detenida muchas veces, secuestrada en la calle por la policía, cuyos efectivos le dijeron que le quitarían a sus tres hijos y los pondrían bajo custodia a menos que dejara de organizar las protestas.

También denunció que la torturaron en los calabozos de la policía, que la policía antidisturbios le rompió una pierna en una protesta y que una noche huyó repentinamente con el resto de su familia tras descubrir que las fuerzas de seguridad habían entrado en su casa.

“Había guardado una pequeña bolsa de ropa en caso de que me detuvieran y retuvieran antes de un juicio. Era todo lo que tenía cuando crucé la frontera. Más tarde me enteré de que se había emitido una orden de arresto contra mí”, afirmó.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

Por su parte, Alexiy, un antiguo estudiante de Minsk que brindó testimonio de su caso también bajo reserva de su identidad, contó a IPS cómo había abandonado el país a principios de este año atravesando los bosques de la frontera con Rusia y viajando después a Europa Occidental.

Dijo que lo que había sucedido en Bielorrusia durante el último año era “espantoso y triste” y que la vida se había vuelto “terrible en muchos lugares” del país, especialmente en la capital, Minsk.  “Hay miedo en todas partes”, resumió.

No está claro cuánto durará la actual represión en el país. Gran parte de la comunidad internacional ha condenado lo que califica como “terribles violaciones de los derechos humanos” que se cometen en Bielorrusia, y algunos países han impuesto duras sanciones al régimen de Lukashenko.

Sin embargo, es difícil determinar si estas medidas están surtiendo el efecto deseado.

Grupos como Amnistía Internacional sospechan que los cierres de ONG están relacionados con las sanciones impuestas por los países occidentales.

También se cree que el régimen está orquestando flujos de miles de inmigrantes indocumentados hacia sus fronteras con los Estados de la Unión Europea (UE) en la región del Báltico, para provocar una potencial crisis internacional de refugiados que pueda utilizar como contrapartida, a fin de que el bloque revierta las sanciones.

Los analistas también creen que el destino del régimen -y el de los movimientos prodemocráticos, los medios de comunicación independientes y el tercer sector en general- depende más de las inyecciones financieras de Rusia que de la presión  de los gobiernos occidentales.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha aprobado préstamos por valor de 1500 millones de dólares para Bielorrusia en el último año, mientras que Lukashenko también está tratando de estrechar lazos económicos con su tradicional aliado.

A juicio de McGill,  de Amnistía, “el país puede seguir adelante sin el tercer sector, y puede seguir como está mientras no se produzca un colapso económico, lo que no va a ocurrir mientras Rusia preste su apoyo financiero”.

Pero otros ven algo de esperanza en el hecho de que, incluso cuando se enfrenta a la liquidación, la gente que trabaja en las organizaciones a favor de los derechos civiles de Bielorrusia se niega a abandonar su trabajo por completo.

“La situación es sombría. (Pero) es alentador que tantos grupos cívicos sigan encontrando formas de llevar a cabo su trabajo. Eso habla de su compromiso y de su determinación”, resumió Denber, de HRW.

T: MF / ED: EG

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