LA LIBERTAD, El Salvador – Luego de subir una empinada colina, a través de serpenteantes veredas, se llega a la cima donde se yergue un enorme tanque de agua que abastece a familias campesinas que, ante la falta del servicio, se esforzaron por montar su propio proyecto comunitario en la franja costera del centro de El Salvador.
“No fue fácil montar nuestro proyecto, la construcción del tanque nos costó bastante porque ya se imagina subiendo los materiales al hombro, por el cerro, la grava, el cemento, arena y el hierro”, explicó a IPS el tesorero de la Asociación de Agua Potable de Cangrejera, José Dolores Romero.
La asociación se localiza en el caserío Desvío de Amayo, del cantón de Cangrejera, parte del municipio y departamento de La Libertad.
El sistema, que comenzó a operar en 1985, provee de agua a 468 familias de ese y de otros ocho caseríos cercanos.
Eso es lo que cientos de comunidades rurales y poblados urbanos han hecho para tener acceso a agua potable, dado que el gobierno lo logra llevar el servicio a todos los rincones de El Salvador, una nación de 6,7 millones de habitantes y con grandes carencias sociales.
Ante la falta del servicio, las familias se han organizado en las llamadas Juntas de Agua: asociaciones comunitarias que con su esfuerzo propio logran perforar un pozo, construir un tanque y todo el resto del sistema.
Se calcula que en El Salvador existen unas 2500 de esas juntas, que proveen del servicio a 25 % de la población, es decir, a unas 1,6 millones de personas, según datos del no gubernamental Foro del Agua, que promueve una gestión equitativa y participativa del recurso.
Las juntas no reciben ningún tipo de apoyo del Estado, pese a que proveen un servicio que debería ser suministrado por la autoridad responsable, en el caso de El Salvador, por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda).
Un proyecto comunitario
En el caserío Desvío de Amayo, asentado en el centro de la franja costera del país, las familias solían abrir su propio pozo, artesanalmente, en los patios de las casas, pero el agua no era potable, con las consecuencias de salud que ello generaba.
“Es cierto que aquí al perforar un pozo se halla agua, pero no es potable, y además los manantiales de la zona costera está contaminada con heces fecales”, contó Romero, reunido con varios miembros de la junta directiva, durante el recorrido que IPS realizó a la zona.
La potabilidad del agua se logra al agregar al interior del tanque la cantidad apropiada de cloro, tarea a cargo de José Hernán Moreno, de 66 años, quien se identificó como el “valvulero”, responsable del tanque, que tiene una capacidad de 200 metros cúbicos.
Cuando hay algún percance con alguna de las tuberías que va a una de las comunidades, es Moreno quien debe cerrar las válvulas correspondientes.
Con una risita apagada, narró que en una ocasión “mató” a unos peces que un habitante criaba en un estanque, dejando entrever que a lo mejor había echado más cloro de lo debido.
“Se enojaron conmigo, me echaron la culpa a mí, pero mi deber es echar el cloro necesario”, dijo Moreno.
El pozo perforado por la asociación tiene 60 metros de profundidad, y desde la parte habitada del caserío es bombeado con una bomba movida por un motor de 20 caballos de fuerza hasta el tanque, a cuadro kilómetros de distancia, cerro arriba.
Desde ahí baja por gravedad hasta los nueve caseríos beneficiados.
“Me cae todo el día y toda la noche, y según lo que gastamos así pagamos”, aseguró a IPS una de las beneficiarias, Ana María Landaverde, una madre de cinco hijos, de 62 años.
Cada familia paga siete dólares por 20 metros cúbicos consumidos al mes, el equivalente a unos 20 barriles o 20 000 galones. Si consumen más, cada metro cúbico extra se cobra a 50 centavos de dólar.
Pero no siempre hubo disponibilidad de agua las 24 horas.
Años atrás recibían solo un par de horas el servicio, debido a que, como no había medidores para cuantificar el consumo de agua, muchas familias la desperdiciaban, mientras que a otras les llegaba poco.
Algunos hasta la ocupaban incluso para regar huertos caseros y hasta pequeñas milpas, los maizales cuyo cultivo se combina en ocasiones con el del frijol y otros productos.
“Antes mucho desperdicio había de agua, por eso se pusieron los micromedidores”, agregó Landaverde. Los 20 metros cúbicos le alcanzan para cubrir las necesidades de su familia, compuesta ahora por seis miembros, incluidos algunos nietos.
Desde que se instalaron esos aparatos para medir el consumo, las familias han hecho un uso más racional del recurso y ahora el agua alcanza para todos, las 24 horas.
“Estamos conscientes de que tenemos que cuidarla, nosotros con o son medidores siempre la hemos cuidado”, señaló Ana Leticia Orantes, de 59 años, a IPS.
Ella vive en el caserío La Ceiba, también de Cangrejera. Con uno de sus hijos se dedica a cultivar una parcela de 2,7 hectáreas y produce entre otros productos maíz, frijoles, yuca y chile, los característicos pimientos pequeños y alargados.
“El terrenito nos da para ir viviendo”, acotó.
Sin embargo, no todo fue felicidad cuando se instalaron los aparatos. Quienes la ocupaban de un modo irracional, como para regar cultivos, montaron en cólera, contó Romero, el tesorero.
“Tuvimos serios problemas porque acostumbrados a botar el agua y de repente los restringimos con el medidor, ya midiendo el consumo, me hice de un montón de enemigos, casi me matan”, agregó.
Con el dinero recibido por el servicio de agua, la asociación ha logrado ser autosostenible, y cuenta con los recursos financieros necesarios para cuando haya que costear alguna reparación o el darle el mantenimiento al equipo.
Eso es importante porque el sistema ya tiene 36 años en funcionamiento y, al igual que pasa con los automóviles, pueden ocurrir fallas en cualquier momento.
La unión hace la fuerza
La iniciativa del proyecto de Cangrejera forma parte de la Asociación de Sistemas Autónomos de Agua Potable y Saneamiento (Asaps), un grupo de 15 juntas localizadas en cuatro municipios del departamento de La Libertad.
Esos municipios son La Libertad, Huizúcar, Villa Nueva y Santa Tecla. La idea es apoyarse mutuamente cuando surjan problemas técnicos o de cualquier otra índole.
“Hay problemas que no los vamos a solucionar solos, necesitamos de otra gente que nos eche la mano”, dijo Romero.
La Asaps también es parte de una cooperativa en la que participan otros dos asociaciones de agua comunitarias, una localizada en Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán, en el centro del país, y otra en Chalatenango, en el norte.
El propósito es que a través de la cooperativa se pueda adquirir materiales y equipos a menor costo que si los compraran las asociaciones por su cuenta.
Las juntas también forman parte del Foro del Agua, una organización ciudadana de alcance nacional, que entre otros temas impulsa una ley de agua en el país con la que se logre el uso del recurso de una forma equitativa y sostenible.
Esa legislación es una aspiración que lleva más de una década debatiéndose en la Asamblea Legislativa pero que siempre se estancaba en el tema de quién debe controlar el llamado ente rector: si solo instancias estatales o si se agregaban representantes de la cúpula empresarial.
Entre esos últimos estarían miembros del poderoso sector de productores de bebidas carbonatadas, jugos, cervezas y agua embotellada.
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El gobierno de Nayib Bukele, en el poder desde junio de 2019, introdujo en la Asamblea Legislativa una nueva propuesta el pasado junio, y tiene todos los votos para que el partido oficialista, Nuevas Ideas, la apruebe: 56 de 84 escaños.
Organizaciones sociales y las mismas juntas de agua ven una suerte de privatización velada en la propuesta gubernamental, pues uno de sus artículos otorga derechos de explotación a entidades privadas de 473 043 metros cúbicos al año, durante periodos que van de entre 10 y 15 años.
Expertos han asegurado que con esa cantidad se podrían abastecer con el servicio a una ciudad pequeña del país.
“¿Cuánto le sacaran de ganancia al agua esos bárbaros que la embotellan y la venden?”, se quejó Romero.
Las juntas de agua demandan que se les incluya en la propuesta gubernamental, pues consideran que juegan un rol importante al proveer de un servicio no ofrecido por Estado.
“Estamos haciendo un trabajo que le corresponde al gobierno, ¿y qué nos da a cambio? Nada”, agregó.
Alejada del debate legislativo, María Ofelia Pineda, de 58 años y oriunda del caserío Las Victorias, siempre en Cangrejera, dijo que el beneficio recibido con el sistema de agua comunitario les cambió la vida para siempre.
“Es una gran cosa tener el agua aquí mismo, en la casa, ya no vamos al río. Cuando llovía no podíamos ir, peligrábamos por las crecidas de la corriente”, comentó a IPS, mientras lavaba una sartén y otros utensilios que había usado para preparar el almuerzo.
ED: EG
