LONDRES – Seis empresas de primera línea en la distribución de vacunas contra la covid-19 en el mundo avivan “una crisis sin precedentes de derechos humanos” al negarse a renunciar a derechos de propiedad y a compartir tecnología, denunció este viernes 24 en un nuevo informe Amnistía Internacional (AI).
Esas corporaciones “están sumiendo a algunas zonas de América Latina, África y Asia en nuevas crisis, llevando así al límite absoluto a los debilitados sistemas de salud y causando semanalmente decenas de miles de muertes evitables”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de la organización humanitaria.
Las señaladas por AI son las farmacéuticas estadounidenses Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna y Novavax, la alemana BioNTech y la británica AstraZeneca.
Callamard expuso que “vacunar a todo el mundo es el único camino para salir de esta crisis. Ahora mismo deberíamos estar aclamando a estas empresas, que tan rápidamente crearon las vacunas, como héroes”.
“En vez de ello, para su vergüenza y nuestra tristeza, el bloqueo deliberado por parte de las grandes farmacéuticas de la transferencia de conocimientos y los tratos poco claros en beneficio de los Estados ricos han gestado una escasez de vacunas totalmente previsible y devastadora para muchos”, agregó.
“Están sumiendo a algunas zonas de América Latina, África y Asia en nuevas crisis, llevando así al límite absoluto a los debilitados sistemas de salud y causando semanalmente decenas de miles de muertes evitables”: Agnès Callamard.
Según el informe “Dosis doble de desigualdad: las empresas farmacéuticas y la crisis de las vacunas contra la covid-19”, las farmacéuticas señaladas se negaron a participar en las iniciativas para impulsar el suministro global de vacunas.
De los 5760 millones de dosis administradas en todo el mundo, un insignificante 0,3 por ciento ha ido a los países de más bajos ingresos (27 según el Banco Mundial), y más de 79 por ciento a los de ingresos altos y mediano-altos, indicó el texto.
Agregó que pese a los llamamientos para dar prioridad al instrumento destinado a garantizar la equidad global en la asignación de las vacunas, el mecanismo multilateral Covax, “algunas de las empresas evaluadas han seguido reservando el suministro de vacunas a Estados de los que se sabe que las acaparan”.
Por ejemplo, hasta ahora, Pfizer y BioNTech han suministrado a Suecia vacunas en cantidad nueve veces superior a la de todos los países de bajos ingresos juntos, que han recibido menos de uno por ciento de su producción.
Moderna aún no ha entregado una sola dosis de vacuna a los países de bajos ingresos y ha facilitado solo 12 por ciento de sus vacunas a los países de ingresos medio-bajos. Gracias a los precios superiores que aplica, esta empresa habrá obtenido ingresos por más de 47 000 millones de dólares a finales de 2022.
BioNTech, Moderna y Pfizer habrán ganado en conjunto 130 000 millones de dólares a finales de 202, según el análisis de AI.
Johnson & Johnson ha desarrollo la única vacuna monodosis y la vende a precio de costo, pero no cumplirá la gran mayoría de los compromisos que ha adquirido con Covax y la Unión Africana hasta 2022, y rehúsa conceder una licencia a un fabricante canadiense que se ofrece a producir millones de dosis más.
El sexteto de empresas “se han negado a participar en las iniciativas coordinadas a nivel internacional para impulsar el suministro global mediante el uso compartido de los conocimientos y la tecnología”, apuntó AI.
Además se oponen a quitar temporalmente los derechos de propiedad intelectual enmarcados en la Organización Mundial de Comercio (OMC), como han planteado India y Sudáfrica para poder incrementar la elaboración de vacunas.
“Quedan 100 días para que termine el año. Pedimos a los Estados y las empresas farmacéuticas que cambien radicalmente de rumbo y hagan todo lo necesario para empezar ya a entregar 2000 millones de vacunas a los países de ingresos bajos y medianos bajos”, dijo Callamard.
AI anunció el lanzamiento de una campaña para pedir cuentas a los Estados y las grandes farmacéuticas, y exigir que se cumpla el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de vacunar a 40 por ciento de la población de los países de ingresos bajos y medianos bajos antes de que termine el año.
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