EL PASO / CIUDAD JUÁREZ, Estados Unidos /México – La caja de misoprostol está en el botiquín encima del lavabo de CC. Ha estado allí ya un año entero. A veces abre la puerta con espejo y se siente aliviada al ver las píldoras para el aborto junto a sus gotas para los ojos y los antiácidos y otro conjunto de “cosas generales para la salud”, dice.
Otras veces, CC, las iniciales de su nombre por los que ella ha pedido ser identificada, mira la caja de misoprostol y se preocupa. “¿Quién será la próxima en necesitar esto? ¿Cuándo volveré a cruzar?”.
Aunque nunca ha estado embarazada, CC ha cruzado cuatro veces la frontera entre Estados Unidos y México para comprar el medicamento para las amigas, o las amigas de las amigas, que querían interrumpir sus embarazos. Si bien el aborto es ilegal en la mayor parte del territorio mexicano, el misoprostol también se usa como tratamiento contra las úlceras, y está en venta libre por tan poco como veinte dólares.
“Me da tanta pena la gente que puede estar en esa situación, no poder obtener (un aborto) si lo quieren. No me puedo imaginar siquiera la preocupación”, comentó.
CC compra informalmente el fármaco y ofrece ayuda a través de recomendaciones orales. Junto a ella hay un número creciente de organizaciones de defensa, farmacias en línea, servicios de telemedicina, y recursos en línea que buscan ayudar a las personas a tomar correctamente las píldoras para el aborto cuando no están en un entorno clínico.
En ambos lados de la frontera han surgido distintas formas de defensa de la justicia reproductiva.
En el estado estadounidense de Texas, grupos como el West Fund, con sede en El Paso, ofrecen apoyo económico y logístico a las personas que buscan el aborto en una clínica, y se esfuerzan por contrarrestar el estigma que puede suscitar el aborto, con plantear que es un procedimiento médico normal que puede salvar vidas.
Mientras tanto, los grupos feministas que abogan por despenalizar el aborto en México han ganado fuerza en Chihuahua, un estado profundamente conservador, donde se ubica Ciudad Juárez.
Estos esfuerzos no terminan en la frontera; cruzan líneas internacionales y se entretejen en una red compleja de apoyo para las personas que buscan acceso a un aborto. Desafíos como como la pandemia, el cierre de la frontera y nuevas tendencias legislativas en Texas han entorpesido sus esfuerzos, pero las defensoras continúan con su impulso para asegurar que las mujeres puedan tener abortos – incluso si son clandestinos.
“Los activistas y los defensores van encontrando la forma de continuar atendiendo a las personas de formas creativas y particulares, para no volver a la época en que las mujeres morían (de los abortos clandestinos)”, dijo Lina-María Murillo, profesora asistente de la estadounidense Universidad de Iowa, quien estudia los servicios de salud reproductiva en la frontera.
“Me conmueve esta respuesta de ayuda mutua ante estas leyes draconianas. Es un esfuerzo poderoso que realiza la gente para darse mutuo apoyo”.
Las obstáculos en ambos lados de la frontera
La compra más reciente que hizo CC de una caja de misoprostol fue en México hace un año, después de volver a mudarse a El Paso, de Brownsville. Desde marzo 2020, los cruces fronterizos se han restringido entre los dos países, limitando el cruce a solo ciudadanos de Estados Unidos y a trabajadores esenciales, lo cual ha limitado el acceso a servicios médicos no urgentes, incluyendo los abortos.
“Con la pandemia hay tanta incertidumbre aquí en la frontera, con el que quién puede cruzar y cuándo”, dijo. CC nació en El Paso, pero durante la pandemia le ha preocupado que se cierre la frontera, incluso para los ciudadanos de Estados Unidos. “Necesito tener cuando menos una (caja) aquí porque, ¿qué pasa si no nos dejan cruzar mañana?”, inquirió.
Los estudios han encontrado que cuando aumentan las barreras a la atención para abortos en las clínicas, las mujeres suelen intentar encargarse de sus propios abortos, particularmente a medida que aumenta la distancia de la clínica y para las que tienen menos ingresos. Esto se ve en particular en lugares como El Paso, con altos índices de pobreza, sin servicios para abortos, y donde con solo cruzar el puente se tiene las farmacias en Juárez.
Una encuesta a nivel estatal de las clínicas que ofrecen los servicios en Texas encontró que los abortos por cuenta propia se veían con más frecuencia a lo largo de la frontera entre Texas y México, donde 12 % de las pacientes de la frontera había intentado interrumpir sus propios embarazos en comparado con 7 % de las pacientes en Texas y con 2,6 % a nivel nacional.
Durante la pandemia, la demanda por el medicamento para abortos subió tremendamente de ambos lados de la frontera. Cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott, impuso una prohibición de cuatro semanas al aborto en abril de 2020, aduciendo temas de seguridad ante la covid, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Texas encontró que las peticiones de telemedicina por servicios de aborto subieron en casi 94 % comparadas con el año anterior, el aumento más alto en todo el país.
En México, Sofía Garduño, de Fondo MARIA, una organización que ofrece asistencia financiera a las mujeres que buscan abortar, dijo que la afluencia de personas a la Ciudad de México, donde es legal el aborto, se redujo, ya que algunas temían viajar y contraer la covid. En lo que muchos perdían sus empleos, también perdían los ingresos disponibles para poder viajar y así los abortos se volvieron aún menos accesibles.
“Con la pandemia, vimos un aumento en el uso de medicamentos para inducir el aborto”, dijo Garduño. “Vimos un gran auge, ya que (el medicamento) representa una opción para todas las mujeres que no pudieron acceder los servicios en la Ciudad de México”, añadió.
A pesar de que aumentaba la necesidad del misoprostol, la pandemia exacerbó las inequidades socioeconómicas, haciendo más difícil para algunas alcanzar comprar el medicamento.
“Hay muchas mujeres marginalizadas (en Juárez), en particular ahora, con la pandemia”, dijo Nadia Meza, fundadora de Juárez Feminista, una colectiva que lucha por los derechos de las mujeres. “No tienen con qué pagar el misoprostol, y mucho menos viajar a la Ciudad de México o a Estados Unidos donde pueden recibir servicios de aborto seguros”.
Y, en ambos lados de la frontera, los nuevos desafíos legales y políticos para el acceso al aborto están justo por delante.
La gobernadora electa, María Eugenia Campos, ha dicho que se opone a la despenalización del aborto, y asumirá el cargo el 8 de septiembre. El primero de este mes, entró en vigor una nueva ley en Texas que reduce dramáticamente el periodo legal para los abortos.
Los prestadores de los servicios de aborto y grupos defensores introdujeron una demanda para bloquear la ley con una audiencia programada el pasado lunes. Cuando la Corte de Apelaciones del Circuito Cinco canceló la audiencia, los grupos introdujeron una solicitud de emergencia pidiendo a la Suprema Corte de los Estados Unidos que bloqueara la ley.
Esta no tomó acción alguna ante la solicitud y este miércoles entró en entró en vigor. Llega tras un dictamen legal en agosto que limita el uso del procedimiento más común para abortos del segundo trimestre.
El impacto de estos acontecimientos puede cruzar la frontera internacional, limitando permanentemente los abortos para las juarenses, quienes otrora podían cruzar a El Paso para obtener abortos legales en las clínicas. La clínica de Planned Parenthood en El Paso, que sigue abierta pero que ha cesado los servicios de aborto durante la pandemia, ha dicho que anteriormente, un 3% de sus pacientes provenía de México.
La complicidad
La nueva ley 8 del senado estatal prohibe todo aborto apenas se detecte actividad cardíaca en un embrión – lo cual puede ocurrir a las seis semanas de la concepción, antes que muchas mujeres sepan que están embarazadas.
La ley, redactada por el senador Brian Hughes, republicano, también permite que los residentes de Estados Unidos entablen juicio contra cualquier persona que entre en complicidad con las personas que buscan aborto más allá de la pauta establecida.
El lenguaje de esta ley se centra en los abortos que ocurren en las clínicas de Texas – no en los abortos por cuenta propia. Pero CC se preocupa que ella podría estar en la categoría de cómplice de una persona que interrumpe un embarazo más allá del nuevo límite de tiempo legal. “¿Y si eso lo usan en nuestra contra?” se preguntó.
Los grupos que trabajan por compensar los obstáculos económicos y logísticos a la atención a los abortos en Texas tienen preocupaciones similares.
El proyecto de ley, SB 8, tiene escrito específicamente “pagar o reembolsar los costos de un aborto a través de un seguro u de otra manera”— e incluso tener la intención de hacerlo – como motivo para entablar un juicio.
Alexis, gerente de la línea de asistencia de West Fund, una organización de justicia reproductiva en El Paso que ayuda a financiar abortos clínicos para las que buscan abortos en la región – incluyendo las juarenses que requieren ayuda para acceder al servicio en Estados Unidos – dijo que no está seguro de quién del pequeño grupo de personal en la organización sería considerado responsable en una demanda.
Alexis, quien usa el pronombre “elles” y quien pidió se mantuviera oculto su apellido por razones de seguridad, está preocupado en particular por los jóvenes voluntarios en West Fund.
En Chihuahua, las colectivas feministas prevén que el proyecto de ley SB 8 en Estados Unidos podría aumentar más la demanda para el misoprostol en Ciudad Juárez.
Mariela Castro es vocera de Marea Verde en Chihuahua, una filial estatal de un movimiento feminista en América Latina que aboga por la despenalización del aborto. Ella dijo que la organización ya ha tenido noticia de al menos 10 casos dentro del último año en los que las personas han pedido que el medicamento se envíe a direcciones postales en Estados Unidos.
Si bien SB 8 podría abrir procesos legales civiles, hay otro proyecto de ley –con versiones presentadas a sesiones legislativas estatales tanto regulares como especiales – que puede poner a personas como CC en riesgo de ir a la cárcel.
El proyecto de ley 4 del senado, entre otras disposiciones, haría que la oferta de medicamento para abortos a personas fuera de un entorno clínico sea un delito, dijo Farah Díaz-Tello, abogada principal y directora legal de If/When/How, una organización sin fines de lucro nacional de justicia reproductiva.
Bajo el lenguaje del proyecto de ley, “cualquier acto de dar, vender, dispensar, administrar, transferir posesión o de otra forma proveer o prescribir una droga que induce el aborto” ser punible como un delito mayor de encarcelamiento – cuya sentencia puede variar entre seis meses a dos años con multas de hasta diez mil dólares.
Hasta la fecha, los legisladores de Texas han centrado mayormente sus medidas restrictivas en los médicos y las clínicas con el pretexto de mejorar la seguridad de la salud de las pacientes de abortos. En conjunto, los proyectos de ley SB 4 y SB 8 “representan una privatización de las políticas del aborto”, explica Díaz-Tello.
“Esto realmente amplía el alcance del control y el castigo, y ya no es algo que se limita a enfocar los pasillos de las clínicas. Se trata ahora de la vida de las personas”, dijo.
Al igual que SB 8, el proyecto de ley SB 4 no castigaría con medidas legales a la persona que tiene el aborto, sino que el proyecto de ley “recortaría el acceso a los sistemas de atención médica con hacer criminales a otras personas que pudieran darles apoyo”, dijo Díaz-Tello.
Para Díaz-Tello, “las personas que terminarían envueltas en la criminalización son los seres queridos. Es la mamá de alguien, es la hermana de alguien, son los amigos de alguien que le han dado los medios para interrumpir su embarazo… Son los puntos de mira de esta ley”.
Si se aprueba, SB 4 podría crear temor y aislamiento entre las fronterizas que buscan servicios de aborto, dijo. “No es un error, es una característica: hacer que las personas tengan miedo de buscar ayuda de sus seres queridos, porque creen que sus seres queridos se verían afectados por la sanción. ¿No es ésta precisamente la motivación de esta ley?”.
Las comunidades fronterizas como El Paso podrían estar particularmente vulnerables a estas provisiones, notó, por “la frecuencia con la que las personas encuentran la manera de cubrir sus necesidades de atención médica con cruzar las fronteras, o con buscar otras formas de conseguir medicamentos (para abortos)”.
Apoyo clandestino
Si bien la criminalización es una amenaza en Texas, ya es una realidad en Chihuahua, donde el ayudar a una mujer a obtener un aborto es un delito con pena de cárcel.
A pesar de este riesgo, se ha formado una red clandestina de colectivas feministas y acompañantes de abortos, quienes trabajan para ayudar a las mujeres a obtener medicamentos para abortos, información y el apoyo emocional necesario para interrumpir sin riesgos sus embarazos.
Las acompañantes temen la estigmatización y posible criminalización si son acusadas de obligar que una mujer interrumpa su embarazo o, en casos como en los estados mexicanos de Puebla y Nuevo León, si son acusadas de fomentar el aborto al difundir información.
Samantha, quien pidió usar solo su nombre de pila para este reportaje, ha sido acompañante durante casi tres años. Lo que está dispuesta a hacer por otras mujeres podría llevarla a la cárcel.
“He conocido a algunas (acompañantes) que, cuando van a urgencias ayudando a alguien con una hemorragia, les hacen muchas preguntas que llevan a que las culpen o que intenten pintarlas de criminales”, dijo. Por eso, ella ha aprendido a tomar precauciones.
Antes de comprometerse a hacer un acompañamiento, les hace multiples preguntas a las mujeres para asegurar que no corre el riesgo que le acusen de obligarles a tener un aborto. Una pareja resentida que no está de acuerdo con el procedimiento, una madre conservadora, o una amiga desleal podrían poner en riesgo a Samantha y a la mujer que pretende ayudar.
Las organizaciones al estilo de West Fund, el grupo en El Paso que ayuda a financiar los abortos, ofrecen asistencia económica para ayudar a las mujeres a obtener abortos en los lugares de México donde es legal: en la Ciudad de México y también en los estados de Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Entre estos grupos está Fondo MARIA , que también forma parte de la red en los Estados Unidos llamada National Network of Abortion Funds.
De acuerdo con Sofía Garduño, una de las coordinadoras del fondo, son mayormente las mujeres del centro de México las que buscan la ayuda de su grupo. No obstante, la organización ha ayudado a más de 700 mujeres de la frontera del norte desde que se fundó en el 2009, incluyendo a 159 mujeres del estado de Chihuahua.
Pero para las que viven en la frontera norte a más de mil 600 kilómetros de la capital de México, llegar a las clínicas de abortos es un gran desafío, en particular durante la pandemia.
Para cerrar la brecha al acceso, los grupos feministas y las colectivas han dependido cada vez más del misoprostol. Las colectivas abiertamente ofrecen información sobre los abortos por cuenta propia para que las mujeres puedan tener sin riesgo los abortos en casa.
Algunos grupos también trabajan en la clandestinidad para asegurar que las mujeres tengan acceso al medicamento con crear “bancos” de misoprostol. Los “bancos de miso”, como se les conoce, puede ser lugares donde se guarda con seguridad el medicamento o cuentas mancomunadas con fondos para comprar el medicamento. En un sentido más abstracto, también pueden ser una red de mujeres y colectivas que conectan a otras mujeres con proveedores de confianza.
Los bancos también aceptan donaciones monetarias y sirven de una red segura para que el misoprostol esté al alcance de las personas con menos medios. En algunos casos, hay mujeres que tienen el dinero para comprar el medicamento, pero no pueden ir a las farmacias sin que su pareja o sus padres se enteren.
Para algunas, no tener transporte confiable para ir a una farmacia alejada de su barrio, donde no se les reconocería, hace que sea más difícil comprar el misoprostol.
Samantha ha identificado algunas farmacias en las que no se les hará preguntas a las mujeres. Refiere a las mujeres a estos locales y les dice cuánto debería costar el medicamento.
No todos los locales están cerca de cada acompañante o de cada mujer que quiere tener el aborto en casa, entonces tienen que encontrar diversas opciones. Con frecuencia Samantha ha encontrado que cuando existe una pareja masculina de confianza, es mejor pedirle a él que compre el medicamento.
“No les harán las preguntas como las hacen con las mujeres”, dijo Samantha.
Por el derecho al aborto en Chihuahua
Desde el 2007 el aborto ha sido legal en la Ciudad de México. Después de la legalización, miembros del grupo Marea Verde, un movimiento feminista que aboga por la despenalización del aborto en América Latina, empezó a cobrar popularidad en otros estados. Pero en Chihuahua, demoró más en llegar la marea verde, dijo Samantha.
No fue sino hasta el 2018 que se formó Marea Verde Chihuahua con el propósito de hacer avanzar la conversación sobre el aborto y la justicia reproductiva en la región.
La organización ofrece capacitación y asistencia a las mujeres y los grupos feministas que quieren ser acompañantes, dijo Castro, vocera de Marea Verde Chihuahua y miembro de la red estadounidense, National Network for the Right to Choose. Las colectivas, por su parte, difunden información sobre los abortos por cuenta propia usando misoprostol.
La juarense Nadia Meza también empezó una de estas colectivas. En el 2018, ella comenzó con una página por Facebook llamada Juárez Feminista.
“No encontrábamos muchas colectivas que hablaran abiertamente sobre (el aborto).
Entonces, nos vimos intentando llenar esa brecha y abrir un espacio para (la discusión) del tema de aborto”, dijo Meza. La colectiva ha abordado también otros temas como la educación sobre el sexo seguro y acceso a anticonceptivos.
Con la ayuda de Rosas-Rojas, en el 2018, un grupo proelección en la Ciudad de México, Juárez Feminista organizó la primera marcha para el aborto, a favor de la despenalización y legalización del aborto en Juárez.
Asistieron más de 50 mujeres a la primera marcha a favor del aborto, dijo Meza. La mayoría tenía entre 16 y 18 años. En el 2019, la asistencia a la segunda marcha aumentó a más de 100 mujeres e incluyó participantes entre 20 y 30 años también. Un año más tarde, participaron más de 200 personas. La muchedumbre incluyó a mujeres de 40 años y más, y a madres, quienes llegaron para apoyar a sus hijas.
El cierre de la frontera debido a la pandemia ha restringido el acceso que tenían los juarenses a abortos legales en los Estados Unidos – y con la llegada en septiembre de nuevas restricciones al aborto en Texas y una gobernadora electa en contra del aborto en Chihuahua, el movimiento proelección en Juárez pronto se verá enfrentado con más retos.
“Estamos frente a un contexto muy difícil”, dijo Castro de Marea Verde Chihuahua. “Siempre hemos trabajado en un ambiente de clandestinidad e ilegalidad, y prevemos que estas condiciones se volverán hasta más hostiles”.
Pero Marea Verde Chihuahua percibe estos acontecimientos como otra oportunidad para mejorar la capacitación y la red de apoyo para las acompañantes en Ciudad Juárez.
Para Castro, la proximidad a las clínicas de aborto en El Paso fue un factor que de alguna manera retrasó el auge del movimiento proelección en Juárez.
“Juárez realmente no trabajaba mucho (los derechos al aborto) porque, en general, había acceso fácil y seguro (a las clínicas de aborto) en El Paso. Estos servicios siguen siendo inaccesibles para muchas muchas mujeres que no cuentan con los recursos económicos”, añadió Castro.
Durante la pandemia, el giro a lo virtual también cambió la dinámica para muchas de las colectivas que obran en México. Pero para Meza, de Juárez Feminista, este giro ha mostrado que una red virtual se puede extender al otro lado de la frontera, a pesar de la legislación en Texas que continúa con las restricciones a los proveedores de abortos.
“El acompañamiento se puede hacer a la distancia, ya que lo que más necesitan estas mujeres es apoyo emocional y por fortuna, no es ilegal ofrecer información sobre el aborto en México”, dijo Meza. “Siempre existirá la necesidad”.
Del otro lado de la frontera, CC también anticipa que se aproxima una época más difícil. La residente de El Paso ha sabido por tiempo ya que venía en septiembre el proyecto de ley SB 8 — la ley en Texas cuyo enfoque es a los que entran en complicidad con otros en busca de abortos más allá de las seis semanas de concepción.
Pero no sabía de SB 4 – el proyecto de ley que, si se aprueba, penalizaría con cárcel la ayuda que ella ofrece. Al enterarse, gruñó y se quedó en silencio. “Es como si no pudiéramos dar un respiro”, dijo, finalmente.
“Me da miedo”, agregó. “Digo, sí, por mí misma, pero también por las que van a necesitar un aborto. Se va a poner muy, pero muy, difícil”.
CC no piensa dejar de hacerlo.
Al asistir a una secundaria católica en Chihuahua, vio cómo la escuela expulsaba a las muchachas que quedaban embarazadas, mientras que los muchachos que las impregnaron se quedaban en la escuela, sin ser cuestionados. Ha tenido a amigas que le confesaban que, si bien amaban a sus hijos, no habrían elegido ser madres tan jóvenes, que hubieran querido que el aborto fuera una opción.
“Es extenuante. Es terrible. Es agotador. Es arduo. No es lo que queremos, pero si es necesario hacerlo, lo vamos a hacer”, dijo.
Como las acompañantes que trabajan en Juárez, está tomando sus precauciones. Ayuda a otras con la condición que no pongan nada en línea. Ella no deja constancia escrita de nada – ni por texto, WhatsApp o Facebook – y cuando habla sobre ayudar a otras con sus abortos, habla hipotéticamente: “¿Y si alguien fuera a México por las píldoras?”
Por el momento, sigue guardado en su botiquín el misoprostol. Nadie se lo ha pedido todavía. Pero lo guarda por si alguna mujer lo necesita – por si acaso.
Este artículo se publicó originalmente en Pie de Página y La Verdad, de la mexicana red de Periodisas de A Pie.
RV: EG
