PANAMÁ – Los cambios en el uso del transporte a raíz de la covid-19 y los planes de recuperación son una oportunidad para que los países de América Latina y el Caribe aceleren la transición hacia la movilidad eléctrica, planteó un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).
“Si los países y las empresas saben aprovechar el contexto, las transformaciones que vemos hoy pueden abrir el camino a una movilidad totalmente sostenible con una matriz energética limpia”, dijo en esta capital Gustavo Máñez, coordinador regional de Cambio Climático en el Pnuma.
La cuarta edición del reporte anual “Movilidad Eléctrica: Avances en América Latina y el Caribe” mostró que el sector gana fuerza en la medida en la que los usuarios optan por medios de transporte más limpios.
También “en la medida en que los gobiernos aumentan la ambición de sus compromisos climáticos y delinean sus políticas para cumplir los objetivos del Acuerdo de París”, que busca frenar el calentamiento del planeta no más allá de 1,5 grados centígrados, en relación con la era preindustrial, para el año 2050.
El sector transporte es responsable en la región de 15 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, que contribuyen al calentamiento planetario, y es uno de los principales causantes de la contaminación del aire.
Según el informe, 27 de los 33 países de la región han priorizado el transporte como un elemento central para alcanzar sus metas en el marco del Acuerdo de París para la reducción de sus emisiones esos gases, entre ellos el dióxido de carbono (CO2).
Sin embargo, los países de la región no cuentan con metas de corto y mediano plazo para poner fin a la venta de vehículos de combustión, aunque en 2020 crecieron los esfuerzos nacionales para formular estrategias de movilidad eléctrica.
Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Paraguay están en proceso de desarrollo de sus planes. Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y República Dominicana ya han publicado políticas nacionales.
El transporte público urbano sigue siendo prioritario en los planes de movilidad de la región, que tiene el mayor uso de buses per cápita y es una de las más urbanizadas del mundo, pues 80 por ciento de sus habitantes viven en ciudades.
Sin embargo, “2020 fue un año disruptivo en el uso del transporte”, según Máñez, pues las restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia transformaron el uso de algunos de los sistemas de transporte público.
Ello se debió a la reducción en el número de pasajeros, y a que en paralelo se impulsó la movilidad activa –caminar más, usar bicicletas- así como la micromovilidad eléctrica.
El Pnuma considera que a medida que se empiezan a relajar esas restricciones y se inicia un moderado retorno a la normalidad, es crucial que el transporte público no pierda terreno frente a los vehículos particulares, de acuerdo con el informe.
Las ciudades que destacaron en América Latina por su mayor avance en materia de electrificación de autobuses del transporte público en 2020 fueron Bogotá, con la adquisición de 406 unidades, y México, que sumó 193 trolebuses.
En el Caribe, Barbados, con una población de cerca de 300 000 habitantes, puso en circulación 33 buses en su capital, Bridgetown.
Según el informe, si continúan las tendencias actuales, a partir de 2025 se desplegarán anualmente más de 5000 autobuses eléctricos en las ciudades latinoamericanas.
El mercado de vehículos eléctricos particulares también creció en 2020.
En Costa Rica, la inscripción de automóviles eléctricos creció 77 por ciento en 2020 y el registro de motocicletas y similares aumentó 36 por ciento. En Perú, la importación de motocicletas eléctricas aumentó 220 por ciento interanual.
Aun así, existe una falta de heterogeneidad en la gama y categoría de vehículos eléctricos disponibles en la región.
El reporte destaca que los países de la región han innovado en el desarrollo de modelos de negocio que permiten sortear los elevados costos iniciales de la electrificación y reducir los riesgos financieros asociados.
Pero no son fácilmente replicables y es necesario integrar soluciones que disminuyan el riesgo financiero para permitir la masificación de las flotas eléctricas.
El reporte insiste en que es crucial que los gastos e inversión en transporte se orienten hacia soluciones más limpias a largo plazo como parte de los planes de recuperación económica, y que se replanteen los subsidios a los combustibles fósiles.
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