LA PAZ – El Estado boliviano es responsable de graves violaciones de derechos humanos durante la crisis política en este país a finales de 2019, en la que murieron al menos 37 personas, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que examinó el caso y presentó su informe este martes 17.
El GIEI, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), examinó los hechos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, bajo las presidencias de Evo Morales (2006-2019) y Jeanine Áñez (2019-2020) en Bolivia.
La crisis avanzó en la recta final para la fallida elección presidencial del 20 de octubre de 2019, en la que Morales compitió en busca de un cuarto mandato, y prosiguió después de que, tras su renuncia forzada por los militares el 10 de octubre, el día 12 de ese mes Áñez asumió como su reemplazo.
Fueron semanas de intensas movilizaciones de masas a favor y en contra del exmandatario y la sucesora, de desórdenes y violencia que incluyeron masacres, y en las cuales la responsabilidad recayó en las fuerzas del orden y en grupos civiles confrontados en medios de la polarización política, según el GIEI.
La Policía y las Fuerzas Armadas “de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas”, señaló el informe.
Lo ocurrido “involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, se indicó.
No solo murieron 37 personas, sino que muchas otras fueron heridas, molestadas sexualmente, secuestradas temporalmente, vejadas, torturadas, discriminadas racialmente, detenidas incorrectamente o procesadas sin debido proceso, de acuerdo con el reporte del GIEI.
El informe, elaborado por los expertos latinoamericanos Juan Méndez, Julián Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tappatá, “no contempla si hubo golpe o fraude electoral”, las tesis más esgrimidas al calor de la crisis de 2019.
El texto fue recibido formalmente por el actual presidente, Luis Arce, quien ganó las elecciones de octubre de 2020 y desde el noviembre del año pasado reemplazó en la jefatura del Estado a Áñez, sometida desde marzo de 2021 a un juicio por los presuntos delitos de conspiración, sedición y terrorismo.
La CIDH destacó “la voluntad del Estado Plurinacional de Bolivia de aceptar la instalación del GIEI y ofrecerle a las y los expertos, y a su equipo técnico, las condiciones necesarias para llevar a cabo su trabajo en un ambiente de seguridad, libre de interferencias”.
Esas condiciones incluyeron el acceso a los expedientes de las investigaciones y causas penales, a la información pública gubernamental relativa a los sucesos ocurridos, y a las instalaciones, infraestructura, recursos y otros medios.
Los expertos concluyeron que las protestas que escalaron y estallaron en enfrentamientos y agresiones violentas “no ocurrieron de modo inesperado: fueron precedidas por discursos antagónicos de líderes reconocidos”.
También por “decisiones políticas y acciones que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y las instituciones que deben vigilar su cumplimiento, menoscabaron la credibilidad en las instituciones y desconocieron acuerdos esenciales para el ejercicio de la democracia”.
La CIDH expresó su convicción de que el informe “ayudará en la construcción y solidificación de procesos de justicia, verdad y reparación para las víctimas”, de la crisis política boliviana de 2019.
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