GINEBRA – Las sanciones impuestas por Washington al Estado venezolano ponen en peligro la vida de cientos de pacientes con cáncer, advirtieron seis expertos en derechos humanos del sistema de Naciones Unidas, en una declaración divulgada este miércoles 21.
“La vida de los pacientes venezolanos que han tenido trasplantes y se encuentran varados en países extranjeros está amenazada, al igual que la de aquellos que esperan viajar al extranjero para someterse a operaciones sin las cuales no sobrevivirían», afirmaron los expertos.
Desde 2017 Washington impuso progresivamente sanciones, como congelación de activos y prohibición de ingresar a Estados Unidos, sobre autoridades y otros responsables políticos y militares venezolanos a los que acusó de violar derechos humanos y dañar la vida democrática en el país suramericano.
Posteriormente amplió las sanciones a todos los entes económicos del Estado venezolano, afectando su comercio de petróleo y sus transacciones financieras; prohibió el ingreso de vuelos comerciales provenientes de Caracas, y ha sancionado a empresas que negocian con el sector público de Venezuela.
Washington justifica esas medidas como presión para que el gobierno del presidente Nicolás Maduro libere a detenidos políticos, rehabilite la vida de todos los partidos y convoque a elecciones presidenciales “libres y justas”.
De su lado, los expertos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en esta ciudad suiza recordaron “a los Estados y las empresas su obligación de respetar, proteger y cumplir las garantías fundamentales de las personas afectadas por determinadas medidas internacionales”.
Argumentaron que viajar al extranjero para recibir tratamiento se ha convertido en la única esperanza para cientos de pacientes en estado crítico.
Los expertos dijeron que el asunto se le ha informado al gobierno estadounidense, y a los de otros países y entidades que siguen la aplicación estricta de las sanciones.
Terceros países, bancos y empresas privadas han sido “excesivamente cautelosos” en su trato con Venezuela, porque temen violar involuntariamente las sanciones de Estados Unidos, se recordó.
Como consecuencia, no se puede transferir dinero fuera de Venezuela, y algunos pacientes han quedado varados, en la indigencia, en los países a los que acudieron para recibir tratamiento, según la información recogida por los expertos.
Una fundación de la petrolera estadounidense Citgo, propiedad de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), ayudó a pacientes con cáncer, entre ellos niños, a viajar al extranjero para recibir trasplantes y otros tratamientos.
La información manejada por los expertos de la ONU indica que cientos de ellos vieron interrumpido su tratamiento cuando Estados Unidos negó el control de Citgo al gobierno de Maduro y admitió la autoridad del opositor Juan Guaidó, reconocido como “presidente legítimo” por Washington y otras capitales.
Según sus datos, unos 190 pacientes con cáncer están en lista de espera para recibir tratamiento en el extranjero. Mientras tanto, unos 14 niños, tres de ellos bebés, murieron entre 2017 y 2020 esperando un tratamiento en el marco del programa.
“Tener PDVSA como objetivo ha sido una forma de controlar la agenda política de Venezuela que ha tenido consecuencias devastadoras para cientos de personas que estaban en tratamiento por rechazo de trasplante, tanto en Venezuela como en el extranjero”, dijeron los expertos.
Llamaron a los países y entidades involucradas en el tema “para que mitiguen las consecuencias inesperadas de las sanciones y restablezcan el tratamiento de las personas cuyas vidas están ahora en peligro”.
Exhortaron a los países –también Canadá y la Unión Europea han sancionado a responsables venezolanos- a “asumir la responsabilidad por el efecto que sus acciones tienen sobre los derechos fundamentales a la vida y a la salud de todas las personas del mundo”.
Los Estados “tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda persona afectada por una acción internacional directa, incluso de aquellas que están fuera de su jurisdicción o control efectivo, sin importar cuál era su intención original”, sostuvieron.
Finalmente hicieron un llamado a todos los Estados, bancos y otras empresas “a que retiren las sanciones y las políticas de sobrecumplimiento que afectan a los derechos humanos fundamentales”.
Los expertos –independientes y sin remuneración- que firmaron el texto son Alena Douhan, relatora de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, y Nils Melzer, relator sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Igualmente, Obiora Okafor (derechos humanos y solidaridad internacional), Livingstone Sewanyana (promoción de un orden internacional democrático y equitativo), Saad Alfarargi (derecho al desarrollo), y Tlaleng Mofokeng (derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental).
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