GINEBRA – El relator de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, instó a las autoridades de Guatemala a que refuercen la protección de jueces y funcionarios de ese país que han sido perseguidos y amenazados por desconocidos.
“Estoy muy preocupado por una serie de acciones recientes destinadas a debilitar el estado de derecho y la independencia judicial en Guatemala”, dijo García-Sayán, y recordó a las autoridades de ese país “su obligación de investigar con prontitud los actos de hostigamiento o amenazas contra los jueces”.
Los jueces Yassmín Barrios, Miguel Gálvez, Erika Aifán y Pablo Xitumul presentaron el 21 de junio una solicitud a la fiscalía en la que afirmaban estar sometidos a una mayor vigilancia y acoso.
Los magistrados conducen tribunales de Mayor Riesgo, creados para reforzar la independencia del poder judicial, y juzgan casos que involucran a funcionarios del gobierno pasado o actual, miembros de poderosas pandillas y de las instituciones militares o formaciones paramilitares.
«Se está abusando del derecho penal para atacar a funcionarios públicos y de la justicia, las personas que protegen y garantizan los derechos humanos, que están fortaleciendo el estado de derecho y haciendo grandes avances en la lucha contra la impunidad en el país”, observó el relator de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados .
Los cuatro jueces enfrentan denuncias con decenas de cargos penales, algunas de ellos de hace varios años, y consideran que son espurias o presentadas como represalia por el desempeño de sus funciones oficiales con independencia.
«Se está abusando del derecho penal para atacar a funcionarios públicos y de la justicia, las personas que protegen y garantizan los derechos humanos, que están fortaleciendo el estado de derecho y haciendo grandes avances en la lucha contra la impunidad en el país”: Diego García-Sayán.
“Es evidente que muchos de estos casos, aunque sean frívolos, se arrastran para presionar a los jueces”, dijo García-Sayán, jurista peruano que ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El experto de la ONU también expresó alarma por las decisiones de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca de levantar la inmunidad que había protegido a los jueces Aifán y Xitumul contra el procesamiento, en casos separados, en su contra.
“Guatemala debe dejar inmediatamente de abusar de la ley para acosar a los jueces», dijo el experto que trabaja bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en esta ciudad suiza.
Agregó que “si esta tendencia tan preocupante continúa, los fiscales, abogados y testigos en casos relacionados con la lucha contra la corrupción o la justicia transicional también pueden verse amenazados”.
Sobre la jueza Aifán, que investiga irregularidades cometidas en tribunales que atendieron casos de corrupción y violaciones de derechos humanos, se han acumulado denuncias y acusaciones de tipo penal y administrativo.
La magistrada fue recientemente galardonada por la esposa del presidente de Estados Unidos, Jill Biden, con el premio internacional “Mujeres de Coraje”.
Al juez Xitumul la Corte de Constitucionalidad, cuyas decisiones privan sobre las de la Corte Suprema de Justicia, rehusó proveerle un amparo después que fue objeto de denuncias por parte del inspector de la Policía Nacional Civil.
Los cuatro jueces han subrayado que las denuncias en su contra son interpuestas por personas señaladas -sospechosos, acusados, condenados y familiares de personas condenadas- en los mismos casos que se tramitan en sus juzgados.
En paralelo, el gobierno de Estados Unidos incluyó a magistrados guatemaltecos en el grupo de funcionarios y exfuncionarios de América Central a quienes prohibió entrar a su país por considerarlos “actores corruptos y antidemocráticos”.
Entre ellos están Nester Vásquez, magistrado de la Corte de Constitucionalidad, fundamental para dirimir casos políticos y constitucionales, y Manuel Duarte Barrera, integrante de la Corte Suprema de Justicia.
También incluyó a Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, de la Fundación Contra el Terrorismo, una entidad que se ha encargado de perseguir penalmente y promover una campaña de desprestigio contra el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval.
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