WASHINGTON – La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) abogó por una nueva legislación que despenalice el aborto en Ecuador, ya bajo discusión en el parlamento de ese país, en un reporte que publicó este miércoles 14.
Ecuador “debe eliminar todas las sanciones penales en casos de aborto. Como mínimo, debe garantizar el acceso efectivo al aborto en todos los supuestos legales y dejar de judicializar a las mujeres y las niñas que buscan atención médica esencial”, dijo Ximena Casas, investigadora de derechos de la mujer en HRW.
La criminalización del aborto “no solo afecta la posibilidad de las mujeres y las niñas de acceder a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, sino que también exacerba las desigualdades y la discriminación”, expuso Casas.
Las personas indígenas y afrodescendientes que viven en situación de pobreza sufren los perjuicios más graves, agregó.
En un caso, una mujer afroecuatoriana de 20 años se dirigió al hospital después de haber caído por las escaleras en su trabajo. En el hospital, se enteró de que estaba embarazada y estaba teniendo un aborto espontáneo.
Fue detenida y acusada de aborto consentido, y pasó cuatro meses en prisión preventiva con su hijo de tres años. En el juicio, fue declarada inocente.
“La criminalización del aborto no solo afecta la posibilidad de las mujeres y las niñas de acceder a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, sino que también exacerba las desigualdades y la discriminación”: Ximena Casas.
HRW analizó 148 casos en los cuales se acusó a mujeres o niñas, profesionales de la salud o acompañantes, de obtener o practicar abortos entre 2009 y 2019. De ese total, 81 por ciento eran casos iniciados contra mujeres y niñas, y muchos en provincias con un gran porcentaje de población indígena o afrodescendiente.
Su informe “‘¿Por qué me quieren volver a hacer sufrir?’: El impacto de la criminalización del aborto en Ecuador” documenta consecuencias perniciosas que ocasiona esa legislación.
Se afirma que esas leyes tienen un costo en vidas humanas al aumentar la mortalidad y morbilidad materna, impedir que mujeres y niñas accedan a servicios esenciales, y menoscabar otros esfuerzos que promueven la salud sexual y reproductiva.
Las mujeres y las niñas acusadas de aborto suelen experimentar violaciones de sus derechos al secreto profesional y al debido proceso, y enfrentan obstáculos significativos para poder acceder a representación legal de calidad, según HRW.
En Ecuador, el aborto consentido constituye un delito penado con hasta dos años de prisión en el caso de las mujeres que dan su consentimiento para realizárselo, y con entre uno y tres años para los profesionales de la salud que lo practiquen.
Solo se contemplan excepciones si la vida y la salud de la persona embarazada están en riesgo, y en todos los casos de violencia sexual.
El 28 de abril de 2021, la Corte Constitucional del Ecuador dictó una sentencia por la cual despenalizó el aborto para las personas que están embarazadas como resultado de una violación sexual.
Previamente, la ley permitía estos abortos únicamente si la persona tenía una discapacidad intelectual.
La corte ordenó a la Defensoría del Pueblo, en un plazo de dos meses, presentar ante el Legislativo un proyecto de ley que diera cumplimiento a la sentencia y exigió a la Asamblea Nacional que lo debatiera en los seis meses siguientes a su presentación.
El 28 de junio de 2021 la Defensoría presentó un proyecto de ley ante la Asamblea, tras un diálogo nacional con organizaciones feministas, y reconoció el derecho al aborto en todos los casos de violación sexual, conforme a los estándares en derecho internacional de derechos humanos.
Casas insistió en que “los legisladores y el presidente Guillermo Lasso, recientemente elegidos, tienen la oportunidad de poner fin a una política cruel y de sumarse a los países de todo el mundo que están introduciendo reformas en su legislación para facilitar el acceso al aborto”.
Ese camino, insistió la investigadora, “está en consonancia con sus obligaciones de derechos humanos y con el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional” ecuatoriana.
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