MÉXICO – En los últimos 10 años países como Bélgica, China y Rusia han promovido la exploración minera submarina sin que exista un marco internacional claro que evite los daños ambientales, como pérdida de biodiversidad, alteración del fondo del mar y generación de residuos mineros.
En este tipo de minería se raspa el fondo marino para separar las piedras conocidas como nódulos polimetálicos del lodo con un tubo gigante. Estas piedras, ricas en cobalto, cobre, manganeso y níquel, luego se bombardean a la superficie y se regresa el agua y sedimentos mediante otro conducto, de vuelta al mar.
Las aguas profundas hospedan especies y ecosistemas que suministran bienes y servicios ambientales y cuyas condiciones son de alta vulnerabilidad, según estudios recientes de Greenpeace y WWF Europa. México no se ha quedado atrás en este tipo de minería.
En 2018, la Secretaria (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) denegó la licencia ambiental de la mina “Don Diego”, promovida por Exploraciones Oceánicas S, filial de la estadounidense Odyssey Marine Explorations, por probable daño a hábitats de tortugas caguamas, ballenas grises y jorobadas, a áreas pesqueras y por falta de una consulta pública.
El proyecto, que abarca una superficie de 91 267 hectáreas en la Bahía de Ulloa, planeaba dragar el fondo marino entre 60 y 90 metros, para extraer siete millones de toneladas de arena fosfática anuales, durante 50 años, para producir 3,5 millones de toneladas de fósforo.
Ante el rechazo, en 2019 la corporación demandó a México ante un panel de arbitraje bajo el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte –sustituido en ese mismo año por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá – por 3540 millones de dólares por la inversión perdida.
Si México pierde el arbitraje, determinaría la imposibilidad de un Estado de vetar proyectos extractivos a partir del principio precautorio ante detrimentos previstos.
En este momento también se llevan a cabo varios emprendimientos de exploración en la Zona Clarion-Clipperton (ZCC), un área en alta mar frente a la Zona Económica Exclusiva nacional, la franja de 370 kilómetros contigua a la costa mexicana.
La ZCC contiene casi 6000 millones de toneladas de manganeso, 270 millones de níquel, 234 millones de cobre y 46 millones de cobalto. Del total, los contratos para nódulos suman 19 y de estos 17 se centran en esta zona conocida como Clarion-Clipperton y que se extiende por 4,5 millones de kilómetros cuadrados, el doble del territorio mexicano.
México no objetó la entrega de esos permisos de exploración minera, a pesar del potencial impacto ecológico sobre esa área sensible, según solicitudes de información pública efectuadas por Diálogo Chino a Semarnat y la Secretaria de Relaciones Exteriores.
Preocupa que no haya un marco de gobernanza para altamar. Eso significa que no se pueden establecer áreas marinas protegidas y que no haya medidas de seguridad.
El marco legal encierra una contradicción, pues la Administración de los Fondos Marinos (ISA, en inglés) ha entregado permisos por un millón de kilómetros cuadrados, pero la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), que da vida a esa Administración estipula que la ZCC y sus recursos minerales son “patrimonio común de la humanidad”.
Y, para justificar las futuras explotaciones minerales, ISA estableció un mecanismo de reparto de beneficios derivados de esa extracción. Al mismo tiempo, ha declarado nueve áreas de interés ambiental que no pueden ser concedidas y que colindan con los polígonos concedidos.
Fuentes académicas y activistas ambientales entrevistadas por Diálogo Chino alertan de los posibles daños a los fondos marinos y a las pesquerías, y urgen la aplicación de una moratoria en la entrega de permisos exploratorios y de extracción, mientras no se apruebe la protección internacional de altamar.
Sin claridad en la legislación
Para Gladys Martínez, abogada de la organización no gubernamental Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, es “preocupante” que la ISA proporcione concesiones sin rigor científico.
“Preocupa que no haya un marco de gobernanza para altamar. Eso significa que no se pueden establecer áreas marinas protegidas y que no haya medidas de seguridad. Hay un montón de actividades que se realizan sin estar organizadas”, explicó Martínez a Diálogo Chino.
Creada en 1994 bajo la CNUDM, ISA, con sede en Jamaica y que controla las actividades que se realizan en el fondo marino de aguas fuera de las leyes nacionales, ha firmado 31 contratos de exploración de nódulos polimetálicos, sulfuros y costras cobálticas con 22 empresas.
De ellas, China Ocean Mineral Resources Research and Development Association (COMRA), con sede en Beijing, posee tres, al igual que el gobierno de Corea del Sur. La empresa China Minmetals Corporation, con sede en Beijing y parte de la estatal Comisión de Supervisión y Administración de Activos, tiene uno, al igual que Beijing Pioneer Hi-Tech Development Corporation.
Poco se sabe de los resultados de la prospección china. En 2019, Liu Feng, secretario general de COMRA, reveló que China efectúa unos cinco viajes anuales, para probar tecnología minera y recolectar muestras minerales. Además, ese gobierno acordó con ISA la creación de un centro de capacitación para delegados de naciones en desarrollo y el diseño de un sistema de evaluaciones de impacto ambiental.
Los promotores de la minería submarina alegan que la transición energética, que requiere de la fabricación de aerogeneradores, paneles solares y baterías eléctricas, implica la obtención de cobalto, cobre, litio, níquel y las llamadas “tierras raras”, un conjunto de 17 metales de los cuales China y Estados Unidos son los mayores productores mundiales.
Violeta Núñez, académica de la estatal Universidad Autónoma Metropolitana, resalta la magnitud de esas operaciones.
“Hay interés de las empresas de avanzar hacia el mar, porque el mundo así lo va a requerir por el incremento de la demanda de minerales. Eso se contextualiza en la industria de energías limpias. Es algo mayúsculo, porque ISA estaba entregando concesiones para la exploración, con miras a crear la legislación necesaria para la explotación. El interés es avanzar sobre esos espacios donde está la mayor riqueza minera mundial”, explica la autora del libro reciente “El capital rumbo al mar”.
Porvenir incierto
Mientras ISA debe aprobar estándares ambientales para eventuales permisos de explotación, el futuro del Tratado Global de los Océanos, de cumplimiento obligatorio para la protección y uso sostenible de la biodiversidad en áreas fuera de las leyes nacionales, al amparo de la CNUDM, está detenido por la pandemia.
En agosto próximo se efectuará la Cuarta Reunión de la Conferencia Intergubernamental en Nueva York, para seguir las tratativas iniciadas en 2019. Uno de los temas que genera posturas encontradas entre los países es la elaboración de evaluaciones de impacto ambiental y el papel de un organismo científico y técnico dentro del tratado.
El pacto “va a crear un marco global, que es lo que se necesita. No se puede hablar de minería marina sin un estándar global, se tiene que hablar de áreas fuera de jurisdicciones nacionales. En América Latina hay varias áreas clave para la protección marina, pero requieren de un estándar global”, señala Martínez.
Ante ese panorama, en 2019 la campaña internacional por una moratoria a la exploración y explotación minera submarina cobró fuerzas.
La moción 69 del congreso mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que se escenificará en septiembre en la ciudad francesa de Marsella en formato presencial y virtual, promueve ese freno para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad de aguas profundas.
De aprobarse, los 1300 miembros de la organización promoverán dicha moratoria en sus respectivos territorios durante el próximo cuatrienio.
Núñez se pregunta qué pasará cuando inicie la explotación minera. “No sabemos aún qué va a detener esos permisos. La mira empresarial está en la ganancia, no hay idea sobre la sostenibilidad. Las únicas opciones que está viendo la industria minera son los fondos oceánicos”, cuestiona.
Franco subraya la importancia de las moratorias, pues “tenemos que cuestionarnos si queremos beneficios a corto plazo o invertir en zonas donde los beneficios no se ven de inmediato, sino a lo largo de las siguientes generaciones”.
Este artículo se publicó originalmente en la plataforma informativa latinoamericana Diálogo Chino.
RV: EG
