La CIDH condena la escalada de represión en Nicaragua

Una vista de Managua, donde la CIDH teme que políticos opositores detenidos este junio puedan ser procesados en "audiencias secretas" y sin representación legal, en lugares fuera de los juzgados de la capital nicaragüense. Foto: Saúl Palma/FAO

WASHINGTON – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó enérgicamente “el grave escalamiento de la represión en Nicaragua”, en una declaración difundida este viernes 18, y reclamó la libertad inmediata de “todas las personas privadas de la libertad arbitrariamente” en los últimos días.

El martes 15, el Consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el voto a favor de 26 de sus 34 miembros –tres en contra y cinco abstenciones- también demandó “la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos».

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha expresado preocupación por las detenciones, pues “pueden socavar gravemente la confianza del público en el proceso democrático antes de las elecciones”, y pidió que esas personas sean liberadas, según dijo su portavoz Stephan Dujarric.

El país centroamericano de 6,5 millones de habitantes irá a comicios presidenciales y parlamentarios el próximo 7 de noviembre, y se descuenta que el presidente Daniel Ortega, de 75 años y en el poder desde 2007, buscará un cuarto mandato consecutivo.

La CIDH ya había criticado la detención y criminalización de cuatro aspirantes presidenciales opositores: Cristiana Chamorro Barrios (hija de la ex presidenta en 1990-1997, Violeta Barrios de Chamorro), Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García.

Ahora agregó su preocupación por las detenciones y criminalización de líderes y lideresas políticos y activistas de derechos humanos, entre el 8 y 14 de junio.

Mencionó a Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco, Hugo Torres, Violeta Granera Padilla, José Adán Aguerri Chamorro, José Bernard Pallais Arana, Ana Vigil, Suyen Barahone y Tamara Dávila, quien estaba amparada por medidas de protección dictadas por la Comisión.

También fue detenido Luis Alberto Rivas Anduray, cabeza de un grupo empresarial.

La CIDH recordó que son investigados bajo la Ley 1055 “de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”, y a Cristiana Chamorro, directiva del diario referente La Prensa, por el presunto delito de lavado de activos.

Los detenidos son señalados de “realizar supuestos actos tendientes a menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”, apuntó el texto de la CIDH.

También se les acusa de “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.

Por añadidura, estarían incursos en “demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.

Según la CIDH, durante las detenciones hubo “empleo desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional”, así como allanamiento de domicilios sin orden judicial.

Se agregó que familiares y organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la falta de información sobre el lugar donde se encuentran varios de los detenidos y, en otros casos, se les ha impedido incluso proporcionar alimentos a quienes fueron colocados tras las rejas.

Además “el Estado no estaría garantizando a las personas procesadas el derecho a una defensa legal adecuada”, y el organismo interamericano recibió información sobre la realización de “audiencias secretas”, sin representación legal, en instalaciones distintas a los juzgados de Managua.

La CIDH señaló que desde el inicio de la actual crisis política en 2018 se ha deteriorado la situación de los derechos humanos en Nicaragua y “la respuesta violenta del Estado ha resultado en al menos 328 víctimas fatales, más de 2000 personas heridas y más de 100 000 que han migrado a otros países”.

La Comisión concluyó instando al Estado nicaragüense “a poner fin inmediato a la persecución y las detenciones arbitrarias, y liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran detenidas en el contexto de la crisis iniciada en 2018”.

A-E/HM

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