WASHINGTON – Abogados, académicos y activistas de América Latina se unieron en una Red de litigio estratégico en género (Releg), para abogar por impactos judiciales que hayan más allá de la reparación del daño causado a las víctimas.
En la región “sigue reinando la impunidad por delitos de género, en particular aquellos que se cometen durante los períodos de conflicto y represión masiva, lo que transmite a la comunidad el mensaje de que este tipo de violencia es aceptable”, advirtió la jurista argentina Claudia Martín, impulsora de la Releg.
La red, que ya cuenta con más de 30 participantes, postula que “las causas judiciales, si se usan de forma estratégica, pueden hacer justicia y proporcionar reparaciones y alivio a los numerosos supervivientes de violencia sexual y de género”.
“Observamos que muchas de las organizaciones y de los abogados de las víctimas trabajaban aisladamente, desconocedores de otros casos parecidos juzgados en la región o de los avances y estrategias que habían acabado en resultados positivos en algunos de esos casos”, expuso Susana SáCouto.
Martín y SáCouto, corresponsables de la Releg, son docentes en la Universidad Americana de esta capital y consiguieron respaldo para la red de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), cuya titular es la expresidenta chilena (2006-2010 y 2014-2018) Michelle Bachelet.
SáCouto dijo que la red resulta “una forma de defender y reforzar las iniciativas de rendición de cuentas por los delitos de género en América Latina, y ofrece una vía para que los abogados divulguen e intercambien las mejores prácticas sobre litigios”.
Un primer informe con casos emblemáticos de la región sirvió de base para el establecimiento de la red y mostrar sus posibilidades.
“En última instancia, las iniciativas de litigio estratégico están concebidas para reforzar las obligaciones de derechos humanos de un Estado y fortalecer las instituciones encargadas de proteger esos derechos”: Dalila Seoane.
Por ejemplo, la querella presentada en 2011 por 30 mujeres Maya Achí de Guatemala, por las violaciones sexuales que sufrieron entre 1981 y 1985 en el contexto de control del ejército en el municipio de Rabinal.
Los acusados, antiguos miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil, fueron detenidos en mayo de 2018, pero la jueza del caso desestimó los testimonios de las víctimas y en 2019 declaró sobreseimiento y clausura del proceso.
Las querellantes sostuvieron que la decisión contrariaba estándares internacionales y arraigo de racismo y sexismo en el comportamiento de la jueza. Un tribunal de apelaciones aceptó el recurso, recusó a la jueza y un nuevo magistrado reabrió el caso sobre al menos tres de los siete individuos originalmente inculpados.
Otro caso es el de Helena, una campesina colombiana que cuando tenía 14 años fue reclutada por la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Primero fue obligada a tomar anticonceptivos, y cuando ya mayor de edad quedó embarazada en una relación consentida, fue obligada a abortar por sus comandantes.
Tras la firma de la paz Gobierno-FARC en 2016, Helena solicitó reparaciones administrativas al Estado colombiano, y la unidad estatal encargada rechazó el pedido pues no era menor de edad al momento de quedar embarazada.
La campesina apeló esa decisión, con un proceso de amparo que llegó a la Corte
Constitucional. Ese tribunal determinó que su exclusión del programa de reparaciones violaba sus derechos humanos y reconoció la protección que en casos como el suyo otorga el derecho internacional humanitario.
En Perú, durante la década de 1990, casi 350 000 mujeres y 25 000 hombres fueron esterilizados bajo un programa dirigido por el gobierno del expresidente Alberto Fujimori para reducir la tasa de natalidad, y el cual se centró en indígenas y habitantes pobres en áreas rurales.
Las mujeres fueron esterilizadas sin garantizar su consentimiento previo, libre e informado en su lengua materna, utilizando el engaño, la amenaza, el secuestro, la humillación, en condiciones insalubres, y sin informarles que se trataba de un método irreversible.
El 10 de octubre de 2013, en el marco de la Solución Amistosa del Caso Mestanza Chávez vs Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado peruano reconoció la violación de los derechos humanos en casos de esterilización forzada y asumió una serie de compromisos de investigación y reparación.
Tras múltiples intentos de dar cumplimiento a esos compromisos, la investigación del caso cobra nuevo impulso, y las organizaciones que apoyan a las víctimas demandan un nuevo juicio, con celeridad, imparcialidad y libre de discriminación.
Redeg procura que todos esos casos tengan un triple impacto más allá de su resultado inmediato: reconocimiento, dignidad y reparación para las víctimas, impacto social para disuadir la repetición de esas violaciones, e institucional, para reforzar las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
“En última instancia, las iniciativas de litigio estratégico están concebidas para reforzar las obligaciones de derechos humanos de un Estado y fortalecer las instituciones encargadas de proteger esos derechos”, dijo otra responsable de la red, Dalila Seoane, consultora en temas de género y derecho penal internacional.
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