La oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) pidió una investigación independiente de la operación policial en una favela de Río de Janeiro, Brasil, que en cuestión de horas causó la muerte de 25 personas.
“Estamos muy preocupados por la muerte ayer de al menos 25 personas en una operación policial en el barrio de Jacarezinho, presuntamente dirigida contra miembros de una organización criminal”, dijo este viernes 7 Rupert Colville, el portavoz de la Acnudh, en su sede en Ginebra.
Aún se desconoce el número exacto de heridos, entre ellos transeúntes y personas que se encontraban en sus casas, en la operación que “probablemente haya sido la más letal en más de una década en Río de Janeiro”, indicó el portavoz.
Según la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI), “la masacre de Jacarezinho es la mayor jamás cometida por policías en Río de Janeiro. Supera a la de Vigário Geral (otra favela de la urbe) de 1993, en la que murieron 21 personas”.
Colville dijo que “la operación corresponde a una tendencia, de larga data, de uso innecesario y desproporcionado de la fuerza por parte de la policía en barrios pobres, marginados y predominantemente afrobrasileños de Brasil, conocidos como favelas”.
De acuerdo con reportes recibidos en Acnudh, el incidente comenzó cuando agentes policiales en tierra y desde un helicóptero abrieron fuego en el barrio. Entre los 25 abatidos figura un policía, quien recibió un balazo en la cabeza.
Para Acnudh, dirigida por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, “resulta particularmente preocupante que la operación se haya llevado a cabo a pesar de una sentencia del Tribunal Supremo Federal de 2020 que restringe las operaciones policiales en las favelas de Río durante la pandemia covid-19”.
“Recordamos a las autoridades que el uso de la fuerza debe aplicarse sólo cuando sea estrictamente necesario, y respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad. La fuerza letal debe utilizarse como último recurso y sólo en caso de amenaza inminente para la vida o de lesiones graves”, se agregó.
La oficina en esta ciudad suiza recibió informes de que, tras los acontecimientos, la policía no tomó medidas para preservar las pruebas en la escena del crimen, “lo que podría obstaculizar las investigaciones sobre esta operación letal”.
Por ello, Acnudh hizo un llamado al Ministerio Público en Brasil “para que lleve a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial, de conformidad con los estándares internacionales, y en particular con el Protocolo de Minnesota”, de 2016, que ofrece un modelo para investigar ejecuciones extrajudiciales.
Además, instó a que se abra un debate en Brasil sobre el modelo de actuación policial en las favelas, “atrapadas en un círculo vicioso de violencia letal, con un impacto cada vez mayor en poblaciones ya de por si vulnerables y marginalizadas”.
La Policía Civil del estado de Río de Janeiro rechazó las acusaciones de supuestos abusos y ejecuciones extrajudiciales, alegó que la operación fue supervisada por el Ministerio Público, y su objetivo fue desmontar una banda de narcotraficantes que reclutaba menores de edad para acciones criminales.
Esa policía “no actúa por emoción. Se trató de una operación muy bien planeada, que cumplió todos los protocolos y fue fruto de 10 meses de investigación”, subrayó el comisario Rodrigo Oliveira al descartar que la matanza se haya producido en venganza por la muerte de un agente al inicio de la operación.
Jurema Werneck, directora de AI en Brasil, dijo que “es totalmente inaceptable que las fuerzas de seguridad sigan cometiendo graves violaciones de derechos humanos como las ocurridas en Jacarezinho contra residentes de las favelas, unas personas en su mayoría negras y que viven en la pobreza”.
“Incluso aunque las víctimas fueran sospechosas de asociación delictiva, lo cual no se ha demostrado, las ejecuciones sumarias como estas son totalmente injustificables. La policía tiene el poder de detener, pero son los tribunales quienes deben procesar y juzgar a los sospechosos de cometer delitos”, declaró Werneck.
AI y Human Rights Watch, otra organización internacional de derechos humanos, se sumaron al reclamo de Acnudh para que se realice una investigación exhaustiva e independiente de los hechos en Jacarezinho, de unos 60 000 habitantes y considerada “la favela más negra” de Río de Janeiro.
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