En la última década, las empresas estatales (SOE) de China se han convertido en propietarias y operadoras de servicios eléctricos en los países sudamericanos mediante la adquisición de redes de energía.
A medida que las empresas estatales evolucionan de ser constructoras a inversionistas en grandes activos energéticos, los responsables políticos de Sudamérica y Washington deberían considerar las implicaciones de tener a estas empresas al frente de dichos servicios.
Los países deben evaluar el riesgo de que Beijing utilice su nuevo poder energético como palanca en caso de tener un conflicto diplomático. En estas circunstancias, las empresas públicas podrían aumentar el costo de la energía y llegar a interrumpir los servicios.
Aunque tales medidas podrían constituir una respuesta extrema, China ha estado dispuesta a ejercer su poder comercial en disputas con otros países, como ha demostrado un reciente episodio con Australia.
Además, las redes energéticas están cada vez más entrelazadas con la infraestructura digital de las ciudades, lo que supone una apertura para que China introduzca puertas traseras, o puertos de filtración de datos, en infraestructuras críticas.
Si los servicios básicos penden de un hilo, los líderes sudamericanos pueden estar menos dispuestos a denunciar ante los organismos internacionales una multitud de cuestiones, que van desde los orígenes de la covid-19 hasta los derechos humanos.
Esto podría generar más apoyo para los objetivos políticos más amplios de Beijing. Los responsables políticos estadounidenses deberían comprometer a los países sudamericanos a salvaguardar sus redes energéticas comunicando estos riesgos potenciales y asumiendo un mayor liderazgo en el desarrollo de infraestructuras en la región.
Las empresas chinas entran en Sudamérica por vías no competitivas
A pesar de la exageración ocasional, el Partido Comunista de China (PCC) se ha negado en gran medida a reducir el exceso de capacidad de las empresas públicas. Una de las alternativas ha sido animarlas a buscar la contratación internacional, primero con la política de «salida» y después con la Iniciativa de Una Franja Una Ruta (BRI, en inglés).
Las empresas públicas pueden participar en proyectos con los que las empresas con ánimo de lucro no pueden competir gracias al apoyo de la financiación estatal barata. Beijing también apoya los esfuerzos de las empresas públicas por hacerse con una cuota de mercado, a menudo sin tener en cuenta los beneficios comerciales, en sectores que considera estratégicamente importantes.
Empresas como State Grid tienen un impresionante historial de construcción de redes energéticas en países en desarrollo, especialmente en África subsahariana y en Asia occidental, superando a otras empresas gracias a las subvenciones de Beijing.
A través de este trabajo, las empresas públicas han acumulado una gran experiencia trabajando en entornos difíciles, lo que las convierte en socios atractivos para los países latinoamericanos que pueden tener redes energéticas poco fiables.
Hoy en día, las empresas públicas son propietarias de casi 24 400 millones de dólares en redes de energía en América del Sur, con 8900 millones de dólares en operaciones que se cerrarán o llegarán a un acuerdo de venta solo en 2020.
Las inversiones de las empresas públicas en redes de energía en Sudamérica no incluyen todavía ningún proyecto nuevo; todas son adquisiciones. Por ejemplo, en junio de 2020 State Grid anunció la adquisición de una participación de 100 % en Chilquinta Energía, la rama chilena de Sempra Energy, con sede en San Diego, así como de otras dos empresas que prestan servicios de construcción y mantenimiento eléctrico para Chilquinta.
La estrategia de adquisición permite a las empresas chinas entrar en el mercado más fácilmente, apoyándose en los sistemas y conocimientos técnicos existentes. También puede proporcionar a State Grid -y, por extensión, al Estado- información sobre las operaciones de empresas energéticas estadounidenses como Sempra.
La evolución de los intereses de China en Sudamérica
China está asumiendo un nuevo papel en la región como proveedor de servicios a través de sus recientes inversiones en redes de energía. Históricamente, el compromiso económico en Sudamérica encaja con la larga búsqueda de China de materias primas y mercados de exportación a nivel mundial.
El compromiso internacional de Beijing está condicionado por sus regiones asociadas. Las zonas ricas, como Estados Unidos y la Unión Europea, suelen atraer mayores inversiones, mientras que las regiones en desarrollo, como el África subsahariana y Asia occidental, atraen una mayor actividad de construcción.
Sin embargo, desde 2005, Sudamérica ha acogido 54 000 millones de dólares en contratos de construcción y ha recibido 129 000 millones de dólares en inversiones. La mayor parte de la inversión se ha centrado en la extracción de materias primas, como el petróleo en Venezuela y el cobre en Perú. Sin embargo, con la inversión en redes energéticas está surgiendo una nueva tendencia.
Las represalias comerciales de China por el respaldo de Australia a una investigación sobre los orígenes de covid-19 demuestran que Beijing está dispuesto a utilizar herramientas comerciales en conflictos diplomáticos.
Australia alberga más de 100 000 millones de dólares en inversiones procedentes de China y, al igual que Sudamérica, es un importante proveedor de materias primas.
A medida que crecen las ambiciones globales de Beijing, cultivar aliados en Sudamérica podría resultar beneficioso. El Partido Comunista de China ya ha ofrecido un compromiso económico y ha utilizado la cooperación en materia de infraestructuras para atraer a los países latinoamericanos a fin de que rompan sus vínculos con Taiwán.
Respondiendo a la nueva presencia de China en Sudamérica
Los responsables políticos de Washington están tratando de responder a la BRI y al compromiso económico más amplio de China en los países en desarrollo. Un paso inmediato debería ser informar a otros países de los riesgos de hacer negocios con entidades de China a través de intercambios diplomáticos y el intercambio de información de fuentes abiertas.
Además, Estados Unidos, que durante mucho tiempo ha considerado la participación extranjera en sectores estratégicos de América Latina como una amenaza potencial para su propia seguridad nacional, debería determinar qué sectores y países son de alta prioridad para reducir las ganancias de China en esos mercados.
La mayoría de los países consideran las redes eléctricas como activos clave, lo que limita la inversión extranjera en el sector. Es posible que los países sudamericanos acojan ahora la inversión de China, pero harían bien en comprender mejor los riesgos específicos que esto conlleva.
Posteriormente, Estados Unidos debería liderar el desarrollo de las infraestructuras críticas de la región, salvaguardando en última instancia la estabilidad del hemisferio occidental.
Este artículo se publicó originalmente en Diálogo Chino, una plataforma informativa sobre las relaciones de América Latina con la potencia asiática.
