Las lagunas en las leyes, los acuerdos extrajudiciales ilegales, la intimidación de las sobrevivientes de violaciones y la incapacidad de las fuerzas de seguridad para responder adecuadamente a las denuncias de violencia sexual impiden que las mujeres busquen justicia y mantienen la impunidad de los agresores en el sur de Asia.
Así lo destaca con contundencia la organización internacional a favor de los derechos de las mujeres y las niñas Equality Now (Igualdad Ya), en un informe publicado este miércoles 21, bajo el título “La violencia sexual en el sur de Asia: Las barreras legales y otras para la justicia para las sobrevivientes”.
El informe se centra en los casos de seis países: Bangladesh, Bután, Nepal, Maldivas, India y Sri Lanka y es el resultado de la discusión con supervivientes en cuatro de los países, así como de entrevistas con abogados y activistas que trabajan en el ámbito de la violencia sexual.
Su resultado desvela que las lagunas de protección en las leyes son generales en los países investigados.
“Simplemente, el texto de las leyes está contribuyendo a la impunidad de los agresores e impidiendo que las sobrevivientes obtengan justicia. Una de las principales lagunas que encontramos es que en cuatro de los seis países no se penaliza la violación marital”, dijo a IPS la asesora jurídica de Equality Now, Divya Srinivasan.
Según el estudio, los complejos y costosos requisitos de las pruebas en los casos de violación están impidiendo el acceso a la justicia de las supervivientes. Afirma que cinco de los seis países, con la excepción de India, permiten la presentación de pruebas sobre el historial sexual de la víctima de una violación.
El informe también destaca la prevalencia de los acuerdos extrajudiciales, o compromisos, en toda la región. Para llegar a estos pagos, las supervivientes son a veces presionadas por sus familias, los parientes del acusado o los miembros de la comunidad.
“Aunque estos acuerdos son ilegales, siguen produciéndose en gran número. A menudo, se realizan entre las familias sin siquiera preguntar a la ssobrevientes ni obtener su consentimiento”, explicó Srinivasan.
La especialista detalló que “incluso cuando consiente, es porque se la somete a una enorme presión e incluso se la amenaza con violencia y otras amenazas, y ésta es una de las razones por las que los casos están abandonando el sistema”.
El informe contiene historias de supervivientes, testimonios en que las sobrevivientes cuentan en primera persona duras experiencias tras la agresión sexual, como los prolongados juicios o dirigentes de sistemas de castas que rechazaron peticiones de reparación y protección tras una violación conyugal.
Destaca también el caso de una sobreviviente en India cuyo marido la culpó de deshonrar el hogar al ser violada.
Además de ser condenadas al ostracismo, las sobrevivientes también informaron de que cuando lograron armarse de valor para presentar una denuncia oficial ante la policía, se encontraron muy a menudo con la incredulidad de los agentes y su negativa a registrar las declaraciones.
“Entre los fallos se encuentran las deficiencias en la forma en que los funcionarios del sistema de justicia responden a la violencia sexual, como la negativa de la policía a registrar los casos o incluso el registro de información errónea en el informe policial y las actitudes de culpabilización de las víctimas”, explicó Srinivasan.
“Vimos mucho de eso en la policía, en los profesionales médicos e incluso en los jueces”, destacó la activista de Equiality Now sobre la agresiva respuesta que reciben las sobrevivientes de violencia sexual en los países investigados del Sur de Asia.
El estudio señala que muchas de las historias de sobrevivientes en los seis países fueron contadas por mujeres marginadas por motivos de casta, etnia y religión, destacando que se enfrentan a formas cruzadas de discriminación cuando intentan acceder a la justicia.
“Las mujeres y las niñas de las comunidades socialmente excluidas corren a menudo un mayor riesgo de ser víctimas de la violencia sexual en comparación con otras comunidades, debido a la utilización de la violación como arma de represión, acompañada de una cultura general de impunidad de la violencia sexual y, en particular, de la impunidad de quienes pertenecen a las clases, castas o religiones dominantes, lo que a menudo conduce a una denegación de justicia”, subraya el informe.
Destaca, además, que “la falta de influencia social, política y económica suele dificultar la denuncia de los casos por parte de estas comunidades o aumenta su vulnerabilidad ante las amenazas y la presión de los agresores”.
“Las sobrevivientes son objeto de discriminación cuando tratan con el sistema de justicia penal, añade el informe, para concluir que “las sobrevivientes de la violencia sexual de las comunidades socialmente excluidas se enfrentan, pues, a graves obstáculos para acceder a la justicia”.
El informe hace recomendaciones exhaustivas a todos los sectores involucrados de los gobiernos, enumerando lo que debe cambiar para garantizar el acceso a justicia de las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual.
Exhorta a las autoridades a que rectifiquen las lagunas de protección de la ley. Se centra en la actuación policial y pide a los gobiernos del sur de Asia que pongan en marcha medidas para mejorar la respuesta policial a los casos de violencia sexual, incluyendo la educación y formación de los agentes para su sensibilización de género.
También exige que se tomen medidas contra los agentes de policía que se niegan a registrar las denuncias sobre violencia sexual o que obstruyen activamente el acceso a la justicia en los casos de violación.
Los autores también piden que se realicen exámenes médicos más humanos en los casos de violación, y denuncian que en algunos países se siguen utilizando las llamadas “pruebas de los dos dedos” o de virginidad, a pesar de que se trata de una violación de los derechos humanos de las mujeres.
La cuarta recomendación es mejorar los procedimientos de enjuiciamiento de los delitos sexuales para garantizar que sean juicios rápidos y sean procesos de calidad que permitan un incremento de las tasas de condena en estos casos.
El quinto punto pide que se diseñen y financien actuaciones integrales para mejorar el acceso a la justicia de las sobrevivientes.
Destaca en esa recomendación que las condenas son necesarias, pero no son suficientes y deben ir acompañadas de un apoyo a las mujeres sobrevivientes que incluya atención psicosocial y acceso a indemnizaciones, medidas que pueden ayudarlas a rehacer sus vidas.
“Lo que hemos visto en todo el sur de Asia es que hay muchos casos de violación de gran repercusión y, tras las protestas públicas, el gobierno da una respuesta superficial para apaciguar el sentimiento público”, dijo Srinivasan.
En realidad, adujo, “es necesario que haya cambios sistémicos, que todos los aspectos del sistema mejoren el acceso a la justicia de las sobrevivientes”.
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