El colapso del sistema de salud en Brasil, ante el recrudecimiento de la covid-19, obligó al cambio del ministro de Salud, otra vez, en un cuadro político agravado por el avance de la pandemia en las capas más ricas y progubernamentales de la población.
En 2020 las víctimas fueron principalmente los pobres en las metrópolis, los trabajadores en actividades consideradas esenciales y algunas regiones menos desarrolladas del país, como la del Nordeste y la capital del estado Amazonas, Manaus.
Ahora la llamada segunda ola, que tiene un crecimiento explosivo desde enero, agrede a todo el Brasil de forma generalizada, con una intensidad inesperada en algunas de las regiones más ricas y menos afectadas el año pasado, como la del Sur y el Centro Oeste donde se expandió el agronegocio exportador y de monocultivo en las últimas décadas.
No por casualidad son regiones donde es más fuerte la adhesión al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, que niega la gravedad de la pandemia y las medidas de prevención, como el aislamiento, el distanciamiento físico y las mascarillas, además de recomendar medicamentos indicados para otras enfermedades, como cloroquina (malaria), ivermectina (parásitos) y antibióticos.
En 2020, los hospitales sobrepasados en su capacidad, especialmente en sus unidades de cuidados intensivos (UCI), eran principalmente los del sector público. En la ola actual los centros privados fueron los primeros en quedar saturados, especialmente en las grandes ciudades,
Actualmente, centenares de enfermos de covid están muriendo en las filas para ingresar en los hospitales tanto privados como públicos, o en las de acceso a las UCI.
Eso revela que los ricos o asalariados con ingresos suficientes para pagar el seguro de salud y hospitales privados costosos también se incorporaron masivamente a la tragedia. El virus está por todos lados y ya no hace distinciones entre barrios residenciales ricos y las favelas (barrios pobres y hacinados).
Eso obedece a las fiestas de fin de año y del carnaval, pero también a las aglomeraciones en fiestas, bares, restaurantes y clubes, según Adriana Camargo, enfermera del Hospital Municipal de Paulinia, a 120 kilómetros de la suroccidental metrópoli de São Paulo.
“El interior del estado de São Paulo sufre el contagio de gente que dejó la capital en busca de la supuesta seguridad del campo o ciudades pequeñas y promueven parrilladas y fiestas”, señaló a IPS por teléfono desde Paulinia, donde “ricos y pobres recurren al hospital donde trabajo”, que es público y el único con UCI en la ciudad.
La mayor cantidad de jóvenes hospitalizados y muertos en las últimas semanas indican que ellos se están arriesgando más en aglomeraciones que los gobiernos locales no logran impedir y que las nuevas variantes del coronavirus, una de las cuales procede del estado Amazonas, son más contagiosas y agresivas.
Brasil está “cerca o delante de una catástrofe”, al tener 25 de sus 27 unidades federativas, es decir 24 estados y el Distrito Federal, con más de 80 por ciento de sus UCI ocupadas, estando a más de 90 por ciento de su capacidad en 15 de esos territorios, advirtió el informe del Observatorio Covid-19 de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz).
En esa situación se acumulan enfermos en espera de camas en los hospitales, el personal médico, de enfermería y servicios de apoyo se encuentran agotados. Muchos murieron en los 12 meses de lucha contra el virus y se encuentran con que la crisis se agravó.
“Se trata del mayor colapso sanitario y hospitalario de la historia de Brasil”, según el informe del Observatorio Covid-19 divulgado el 16 de marzo en una edición extraordinaria, ante el cuadro crítico del país, que se agrava cada día.
Fiocruz es la principal institución de salud pública del país, un complejo de 16 centros de investigación, enseñanza, asistencia y producción de medicamentos y vacunas con alta reputación.
Una de las dos vacunas anticovid usadas actualmente en Brasil, la de AstraZeneca y Oxford, se produce en la Fiocruz, por ahora con insumos chinos, entre ellos el ingrediente farmacéutico activo (IFA). Luego se manufacturará con insumos propios.
La sustitución del general Eduardo Pazuello por el médico Marcelo Queiroga como cuarto ministro de Salud en un año, que anunció Bolsonaro aunque aún no se formalizó, busca responder al atolladero político generado por ese colapso de los hospitales y la lentitud de la vacunación.
Hasta ahora se vacunó poco más de cinco por ciento de la población brasileña, de 212 millones.
El general perdió la escasa credibilidad que disponía junto a gobernadores de estado y alcaldes que, en realidad, son los que conducen la batalla antipandemia en el país. Ellos esperaban del ministro por lo menos el suministro de insumos necesarios para el tratamiento de los enfermos y vacunas. Se frustraron.
Pazuello anunció inicialmente que en marzo el Ministerio distribuiría 46 millones de vacunas a los 26 estados y al Distrito Federal. Esa cifra bajó varias veces, hasta limitarse a “22 a 25 millones”, difícilmente alcanzables. Brasil depende de insumos importados de China para producir las vacunas.
El 15 de marzo, ante el anuncio de su destitución, el general informó sobre contratos, algunos dudosos, que sumarían 562,9 millones de dosis de distintas vacunas, más que suficientes para inmunizar a todos los brasileños este año.
Fue un intento de salvar su reputación, destrozada por los más de 285 000 muertos que deja como legado, 270 000 más que 10 meses antes, cuando asumió el ministerio.
Su reemplazo por un médico cardiólogo, por lo menos alguien del sector, no alimentó esperanzas de cambio. Ningún ministro podría corregir el desastre, si el presidente Bolsonaro sigue como “paladín negacionista” y dictando la gestión sanitaria, como pasó con el general, evalúan especialistas y políticos.
Queiroga decepcionó también por sus primeras declaraciones como ministro designado, al decir que seguirá las políticas de Bolsonaro, en una “continuidad” de Pazuello.
Pero la tragedia puede tener efectos políticos más allá del cambio de ministros.
Gobernadores de estado, presionados por el colapso de sus hospitales, se alzan contra el gobierno central que no provee las vacunas con la urgencia necesaria y boicotea sus esfuerzos para contener la diseminación del virus.
Un grupo de 22 gobernadores concierta la compra de vacunas por su cuenta y un “pacto nacional” por las medidas de contención del coronavirus, en contraposición al presidente. En el grupo está el gobernador del estado centro occidental de Goiás, Ronaldo Caiado, que es médico, y otros aliados de Bolsonaro.
Algunos estados viven tragedias antes inimaginables, como los tres de la región del Sur, en que es fuerte el bolsonarismo y centenares de enfermos de covid ya murieron en las filas para acceder a las UCI.
Rio Grande do Sul, que tiene 11,5 millones de habitantes, registró el 17 de marzo 109,4 por ciento de ocupación de las UCI. La demanda no atendida era de 306 camas en los hospitales privados, es decir de enfermos de altos ingresos.
En ese mismo día su Secretaría de Salud notificó 247 muertes diarias como promedio en la semana, 99 por ciento más que dos semanas antes. El promedio de toda la región del Sur aumentó 93 por ciento.
Mientras, São Paulo, el estado más rico y poblado (46 millones de habitantes), registró un promedio de 421 muertes, con un aumento de 62 por ciento.
Es difícil comprobar una mayor mortalidad entre los bolsonaristas, que sería una consecuencia lógica del “negacionismo” de su líder. En Estados Unidos fue evidente una mayor aceleración de la epidemia en los estados y condados (municipios) gobernados por los republicanos, seguidores del expresidente Donald Trump, otro negacionista.
Pero en Brasil la separación política por territorio o clases es menos visible. De todos modos algunas ciudades permiten relacionar el colapso sanitario al acatamiento de las orientaciones del líder de extrema derecha.
Uberlandia, una ciudad de 699 000 habitantes, es un ejemplo. Su alcalde, Odelmo Leão, admitió el colapso de los hospitales, después de mantener medidas flexibles de prevención y difundir los falsos tratamientos indicados por Bolsonaro.
Además, un fallo judicial obliga a los médicos de la ciudad a recetar los polémicos fármacos, si no quieren ser castigados con multas.
En la primera quincena de marzo Uberlandia registró 328 muertes, casi un tercio del total de todo el año 2020. Con cien por ciento de las UCI para la covid ocupadas, la solución fue enviar enfermos a ciudades vecinas.
ED: EG
