La oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) expresó este martes 19 su preocupación por el clima de violencia que avanza en Haití, al sobreponerse la actividad de bandas delictivas y las protestas populares en un contexto de pobreza estructural.
“Nos preocupa que la inseguridad, la pobreza y las desigualdades estructurales, junto con el aumento de las tensiones políticas, puedan llevar a un patrón de descontento público seguido de una violenta represión policial y otras violaciones de los derechos humanos”, dijo la portavoz de la Acnudh, Marta Hurtado.
Recordó que, en los últimos meses, los secuestros para pedir rescate, los ataques de bandas criminales contra barrios supuestamente rivales y la inseguridad generalizada, han aumentado “en un contexto de impunidad casi total”.
Paralelamente, “las tensiones políticas están resurgiendo debido a las disputas sobre el calendario y el alcance de las elecciones, y un referéndum sobre la reforma constitucional propuesta por el Gobierno”, indicó la portavoz de la oficina que dirige la ex presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018), Michelle Bachelet.
En la raíz de la actual confrontación política está que el presidente Jovenel Moïse cuenta su mandato quinquenal desde 2017, por lo que debería concluir en 2022, pero la oposición sostiene que debe contarse desde 2016 y terminar el período el próximo 7 de febrero.
El gobierno ha convocado para el 25 de abril un referendo sobre una nueva constitución, y elecciones generales para el 19 de septiembre, mientras que fuerzas opositoras convocan a protestas callejeras y exigen la renuncia de Moïse.
La primera de esas manifestaciones fue convocada para este miércoles 20 cerca de la embajada de Estados Unidos, para que coincida con la investidura del nuevo presidente de ese país, Joe Biden.
La policía haitiana prohibió que se realicen manifestaciones en la avenida Toussaint Louverture, la principal de Puerto Príncipe y donde está la embajada estadounidense, por ser la que conduce al aeropuerto de esa capital.
El portavoz de la plataforma opositora Sector Democrático y Popular, André Michel, convocó además a demostraciones para el 22 de enero y a una “recta final” de protestas a partir del 1 de febrero.
Los llamados a manifestaciones “generan preocupación, por las renovadas violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad durante la vigilancia de las protestas, como se vio durante las de 2018 y 2019, así como durante las de octubre y noviembre del año pasado”, sostuvo la Acnudh.
Un informe de Acnudh y la Oficina Integrada de la ONU en Haití muestra un patrón de violaciones y abusos de los derechos humanos, seguido de casi la falta de rendición de cuentas, y documenta violaciones a los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión.
También expone los impactos de las manifestaciones y barricadas levantadas, especialmente en 2019, en la vida cotidiana del pueblo haitiano, las restricciones a su libertad de movimiento, a su acceso a la atención médica, educación, alimentación, y el impacto de esas barricadas en la población carcelaria.
Las autoridades de Haití “deben tomar medidas de inmediato para evitar la repetición de estas violaciones y abusos de los derechos humanos, asegurándose de que los agentes del orden respeten las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza cuando se enfrentan a protestas”, dijo Hurtado.
Asimismo, deben garantizar que las pandillas no interfieran con el derecho de las personas a manifestarse pacíficamente, y la rendición de cuentas por las violaciones y abusos pasados, asegurando justicia, verdad y reparación, según la Acnudh.
Haití, de 27 750 kilómetros cuadrados y 11,3 millones de habitantes, es considerado el país más pobre del hemisferio, con cerca de 70 por ciento de su población en situación de pobreza. La pandemia covid-19 ha contagiado a 10 900 personas y 240 de ellas han fallecido.
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