El secretario general de la ONU, António Guterres, planteó este jueves 7 que la prioridad de Colombia en 2021 debe ser garantizar la seguridad de los excombatientes, las comunidades afectadas por el conflicto, los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos.
En su informe trimestral sobre la nación sudamericana, Guterres instó una vez más a que “para impulsar el desarrollo, la paz y la seguridad en el país”, se cumpla de manera integral el Acuerdo de Paz firmado hace cuatro años entre el gobierno y la guerrilla FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
“Ahora que el país entra en el quinto año de construcción de la paz, felicito a los colombianos y las colombianas por los logros alcanzados en el proceso de paz hasta la fecha y aliento a las partes a perseverar para que el potencial transformador del Acuerdo se materialice plenamente”, escribió Guterres.
A pesar de los avances, el informe plantea “cinco aspectos que deben atenderse sin dilación”, y el primero de ellos es la seguridad y protección de los excombatientes, líderes sociales y activistas de derechos humanos.
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia ha constatado el asesinato de 248 excombatientes de las FARC desde la firma de los acuerdos, 73 de ellos en 2020, así como de 42 líderes sociales y activistas humanitarios, y 13 masacres o asesinatos colectivos.
El informe que cubre el último trimestre de 2020 y se presentará al Consejo de Seguridad de la ONU el 21 de enero, insiste en que la seguridad se mantiene como el principal reto para la consolidación de la paz.
“Los avances en el proceso de reincorporación y en los programas de desarrollo con enfoque territorial deben ir acompañados de una implementación más vigorosa de otras partes del Acuerdo, en particular las orientadas a mejorar la seguridad en los territorios”, señaló Guterres.
En los departamentos sudorientales de Meta, Caquetá y Guaviare, por ejemplo, los grupos disidentes de las FARC han aprovechado la escasa presencia del Estado para ampliar sus operaciones, atacar a excombatientes y sabotear las iniciativas económicas, políticas y sociales de la zona.
El segundo aspecto que debe atenderse según el secretario general es asegurar que el proceso de reincorporación de exguerrilleros sea sostenible, de modo que sus proyectos productivos tengan asistencia técnica, acceso a los mercados y mayor participación de las mujeres excombatientes en la toma de decisiones.
En tercer lugar, se aboga por la presencia integral del Estado como condición para una paz duradera y para el desarrollo sostenible y se insiste en “consolidar esa presencia en las zonas afectadas por el conflicto”.
El punto número cuatro es reforzar el diálogo constructivo entre las partes a través de los mecanismos estipulados, como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final, que constituye el principal foro de diálogo y el cual “no se ha utilizado a toda su capacidad”.
La quinta propuesta es “fortalecer las condiciones para la reconciliación valiéndose del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; y del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia”.
Guterres recalcó que “es más importante que nunca que todas las personas involucradas en el conflicto reconozcan sus responsabilidades”, que todas las instituciones cooperen plenamente con los mecanismos de paz, y que los apoye la sociedad colombiana en su conjunto, para lograr la reconciliación.
Finalmente, indicó que los esfuerzos por la recuperación de la crisis desatada por la covid-19 deben incluir la implementación del Acuerdo de Paz, porque ese pacto “abre oportunidades al desarrollo de las comunidades que sufrieron los peores efectos del conflicto y ahora han sido afectadas por la pandemia”.
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