Suena a suicidio electoral el desdén con que el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro trata públicamente las vacunas contra la covid, cuando Brasil sufre una nueva ola de la pandemia, con mortalidad en alza y la población ansiosa por inmunizarse.
Esa actitud contrasta con la constante atención del presidente a los hombres de armas. Los prioriza siempre en sus decisiones gubernamentales y encumbra con su presencia cualquier celebración de las Fuerzas Armadas y policías militares o civiles.
En sus dos años en el gobierno el antiguo capitán del Ejército participó en 24 actos de graduación de militares y de efectivos policiales, un promedio de uno cada mes, constató el diario O Globo el 31 de diciembre. En total enalteció a 13 500 uniformados en su momento de promoción.
El acto más reciente fue la graduación de 485 soldados de la Policía Militar de Río de Janeiro, el 18 de diciembre. En su discurso dijo que “la prensa jamás estará al lado de la verdad, del honor y la ley. Siempre estará en contra de ustedes”.
“Las redes sociales sí traen la verdad y no la fábrica de fake news que es la prensa brasileña”, y eso lo deben tener en cuenta los policías en sus acciones, subrayó.
La opción de Bolsonaro por las armas quedó evidente en la Ley de Directrices del Presupuesto para 2021. Los legisladores intentaron asegurar recursos para las vacunas y otros medios de combate a la covid-19, prohibiendo su bloqueo por razones fiscales. El presidente vetó esa disposición al sancionar la ley el 31 de diciembre.
Pero no hizo lo mismo en los rubros de defensa. La compra de aviones militares y la construcción de un submarino nuclear quedan con presupuesto intocable.
Esa prioridad se hace repugnante ante la mortandad provocada por la covid-19 en Brasil, que ya superó 196 000 víctimas acumuladas desde marzo y creció 64,9 por ciento de noviembre a diciembre, de 13 236 a 21 829 muertes en cifras del Ministerio de Salud.
Bolsonaro, que negó desde el inicio la gravedad de la pandemia, rechazó el aislamiento social por afectar la economía y dejó las medidas de contención a cargo de gobiernos de estados y municipios.
Ahora conspira contra una pronta vacunación, anhelada por casi toda población. “No se justifica tanto apuro”, señaló en mediados de diciembre, cuando opinó también que la pandemia “se acerca a su fin”, en contradicción con los datos.
Su desprecio por la angustia nacional discrepa de su propia prédica económica anterior y de la evaluación del ministro de Economía, Paulo Guedes, que urgió una vacunación masiva como condición indispensable para la recuperación de la economía.
La ansiedad nacional crece ante la noticia de que más de 50 países ya empezaron a vacunar su gente y no hay un plan creíble en el país.
Mientras, el gobierno brasileño impone dificultades a la vacuna Coronavac por ser china, por lo tanto “comunista”, y traída a Brasil por el estado de São Paulo, cuyo gobernador, João Doria, es un declarado “enemigo” político de Bolsonaro.
La vacuna de la farmacéutica estadounidense Pfizer con la alemana BioNTech fue también rechazada al inicio, porque su conservación requiere mantener las dosis a 70 grados Celsius bajo cero.
Ahora que ya es usada en varios países, el gobierno brasileño trata de comprar 70 millones de dosis, pero la Pfizer se queja de obstáculos en la reguladora Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) para obtener la autorización de emergencia para su aplicación en Brasil.
El gobierno hizo una apuesta inicial única. Invirtió el equivalente a cerca de 370 millones de dólares en la vacuna de la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca asociada a la británica Universidad de Oxford, que será fabricada en Brasil por la Fundación Oswaldo Cruz, de Río de Janeiro, después que sea aprobada por la Anvisa.
La mala gestión del combate a la pandemia se explica por un Ministerio de Salud bajo intervención militar. El ministro, Eduardo Pazuello, es un general aún activo, especialista en logística, que nombró decenas de sus colegas del Ejército, sin experiencia en salud pública, para funciones claves en medio a la crisis.
En noviembre se descubrieron 6,9 millones de kits para diagnóstico de la covid almacenados en un aeropuerto de São Paulo, casi vencidos sus plazos de validez e abandonados por el Ministerio en un país de reconocida escasez de diagnósticos.
Ahora se teme un gran retraso en la vacunación por carencia de planificación.
El ministerio intentó comprar 331 millones de jeringas necesarias para la inmunización solo ahora, el 29 de diciembre. Fracasó la subasta y hubo oferta de apenas 7,9 millones de jeringas. Los posibles proveedores se quejaron del bajo precio propuesto por el gobierno.
Además del Ministerio de Salud, varios sectores del gobierno están ocupados por militares. Son de origen castrense once de los 23 ministros de Bolsonaro, casi todos retirados y algunos de breve permanencia en las Fuerzas Armadas.
Amazonia, un tema internacional sensible, por el aumento de la deforestación y los incendios forestales en los dos últimos años, está hoy bajo cuidados de un Consejo de 19 militares, dirigido por el vicepresidente Hamilton Mourão, un general retirado. No cuenta con participación de la sociedad civil, siquiera de gobiernos locales.
El Ministerio de Medio Ambiente, en proceso de desmonte, tiene varios órganos y funciones ejercidos por policías militares. Las organizaciones no gubernamentales, esenciales en cualquier política ambiental, están descartadas en todo el gobierno.
Los militares las ven como amenazas a la soberanía nacional y al desarrollo, así también a los pueblos indígenas.
Favorecer los cuerpos armados es una regla para Bolsonaro. Fue así en la reforma previsional de 2019, que reduce beneficios futuros de los trabajadores del sector privado y estatal, para reducir el déficit fiscal. Los militares y policiales preservaron sus ventajas, a veces con creces, por lo menos en las jerarquías superiores.
Varias medidas adoptadas por este gobierno permitieron aumentos de ingresos para los militares, contrariando la austeridad fiscal.
Bolsonaro promete insistir en la aprobación parlamentaria del llamado “excluyente de ilicitud” para exentar policiales de culpa en algunos casos en que su acción resulta muertes. Lo intentó el año pasado por una propuesta rechazada en el Congreso.
Sus decisiones y propuestas buscan consolidar la fidelidad del “pueblo armado” del país, que incluye las llamadas “milicias”, grupos parapoliciales que ya controlan un tercio de la población del municipio de Río de Janeiro (o 2,2 millones de habitantes), según estudios de la Universidad Federal Fluminense, la Universidad de São Paulo y dos grupos que monitorean los brotes de violencia local.
El triunfo electoral de Bolsonaro se debió en gran parte a su identificación con las Fuerzas Armadas, que siempre se mantuvieron como una de las instituciones más confiables para la población, pese a la dictadura que ejercieron de 1964 a 1985.
La agresiva defensa de la dictadura, incluso de sus torturadores, durante los 28 años en que fue diputado y hasta ahora, convirtió a Bolsonaro en el redentor de los militares repudiados en el proceso de redemocratización de Brasil iniciado en 1985.
Los 57,7 millones de votos que lo eligieron presidente en octubre de 2018 representaron un rescate político de los militares, su vez en la “alternancia” en el poder, según el vicepresidente Mourão, aunque no exactamente la vuelta a la dictadura.
Ese triunfo coronó Bolsonaro como el líder político incontestable del “pueblo armado”, condición reforzada por sus frecuentes visitas a los cuarteles.
Quizás por eso no le preocupan los votos perdidos por sus actitudes aparentemente “suicidas” ante la pandemia y la vacuna. Por su sesgo militar, confía más en la fuerza de las armas y desprecia incluso la prensa.
ED: EG
