De algún tiempo a esta parte el agua está siempre presente en los medios de comunicación, y siempre para mal. La crisis climática es en gran medida una crisis de los ciclos y disponibilidades del agua, que cae a destiempo y en cantidades inmanejables —porque son muy pequeñas en el estiaje o porque nos desbordan en tiempos de lluvias— y que cada vez escasea más.
Una señal de esta escasez —y de la expectativa de que la cosa irá a peor— es el arranque de un mercado para especular sobre su futuro en el estado de California, en Estados Unidos. Aunque el mero anuncio de este mercado es muy mala señal y un esfuerzo del capital por apropiarse de lo que es de todos, México, como sucede en otros muchos países del Sur en desarrollo, está muy lejos de eso; nuestros problemas son mucho más graves, muy distintos y muy lejanos de ese.
Un primer problema que tenemos es precisamente que no sabemos la dimensión del problema de la escasez del agua en el país. Los datos que tenemos están atrasados y las mediciones no son confiables, especialmente en el caso de las aguas subterráneas. Lo que sí sabemos es que gran parte de las cuencas hidrológicas del país están ya sobreexplotadas, que en ellas se han dado demasiadas concesiones y que la ilegalidad es tan prevalente en el sector hídrico como en todos los demás sectores e industrias del país.
En el caso del agua, uno de los rostros que asume la ilegalidad es que quienes detentan una concesión —el agua, según la Constitución, le pertenece a la nación, y solamente se la puede aprovechar con una concesión del Estado— prometieron usarla para una cosa y la usan para otra, o la comercializan a terceros sin registrar ese cambio y sin pagar lo que deben.
Otro de los aspectos, sin embargo, es mucho más flagrante y violento: el agua simplemente se roba, instalando pozos ilegales o adueñándose de pozos legales, desviando manantiales, usando ríos sin tener permiso para ello. Un ejemplo dolorosamente claro de esto es lo que ha ocurrido a las comunidades de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe.
Hace tres años, un grupo paramilitar se adueñó de un manantial que no le pertenecía y dejó sin agua a las comunidades de Ayutla. Desde entonces, los afectados por el despojo han visto cómo el gobierno del estado se pone de parte de los paramilitares, a pesar de que las víctimas han recorrido el largo camino de los tribunales, que les han dado la razón una y otra vez.
La mayor parte de los despojos, sin embargo, son perfectamente legales, o al menos están sancionados por las autoridades. Un estudio firmado por los investigadores de la UNAM Wilfrido Gómez Arias y Andrea Moctezuma, publicado por la revista Argumentos de la Universidad Autónoma Metropolitana, muestra que el 1,1 por ciento de todos los usuarios legales del agua en el país explota más de la quinta parte de ese recurso.
Se trata de apenas 66 empresas, algo más de mil quinientas personas físicas y 800 asociaciones civiles a los que se les ha concesionado un volumen de agua de 13 208 hectómetros cúbicos al año. Entre estos usuarios están la principal siderúrgica mundial ArcelorMittal y la empresa de productos higiénicos Kimberly Clark, además de otros “dueños del país que son también los dueños del agua”, como se los ha llamado en reportes de prensa.
Ante esta situación, la aparición de un mercado de futuros sobre el precio del agua (que contribuye a meter al recurso en una lógica que solo beneficia a los especuladores) parece un problema lejanísimo.[related_articles]
Nuestros problemas en la materia son mucho más inmediatos y hacen que solamente pensar en un mercado con esas necesidades de información e infraestructura institucional suenen absurdas. De cualquier forma, las soluciones que tomemos hoy deben ir en sentido contrario.
De entrada, se tiene que trabajar para que la prioridad no sea el uso del agua para la producción (esa lógica ya vimos que solo beneficia a los grandes industriales), sino el respeto a los derechos humanos y, específicamente, al derecho humano al agua.
Esto implica trabajar a todos los niveles para garantizar que se la reparte en forma equitativa, rompiendo esa estructura de concesiones tan regresiva que describieron Gómez Arias y Moctezuma. Implica también trabajar desde todos los niveles para conservar el agua y aprovecharla mejor, impulsando políticas como la del gobierno de la Ciudad de México y su programa de cosecha de lluvia. Se tiene también que impulsar una reforma a la ley que sea verdaderamente democrática y sustentable.
Este artículo fue publicado originalmente por Pie de Página, de la red mexicana de Periodistas de A Pie.
RV: EG
