La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, rechazó este jueves 15 la aplicación de la pena de muerte y castigos crueles por el delito de violación, horas después de que un tribunal de Bangladesh condenase a la pena capital al grupo de cinco violadores de una joven en 2012.
“Comparto la indignación y me solidarizo con las supervivientes, y con aquellos que exigen justicia. Pero me preocupa que existan también llamamientos -y que en algunos lugares ya se estén aprobando leyes- para aplicar penas crueles e inhumanas además de la pena de muerte para los responsables”, declaró Bachelet.
Su oficina recibió en las últimas semanas informes de “horribles violaciones” en Argelia, Bangladesh, India, Marruecos, Nigeria, Pakistán y Túnez, así como de manifestaciones de indignación, reclamos de justicia y pedidos de medidas para prevenir agresiones sexuales.
Sin embargo, “por muy tentador que pueda resultar imponer penas draconianas para aquellos que llevan a cabo estas acciones tan monstruosas, no podemos permitirnos cometer violaciones adicionales”, dijo la alta comisionada de Derechos Humanos.[pullquote]3[/pullquote]
En el estado noroccidental de Kaduna, en Nigeria, se aprobó la castración quirúrgica a los hombres autores de violación y la salpingectomía bilateral (extirpación quirúrgica de las trompas de Falopio) para los autores que sean mujeres, además de la pena de muerte cuando la víctima sea menor de 14 años.
En muchos otros países, según la oficina de Bachelet, continúan las peticiones de pena de muerte para los violadores, y en Pakistán además el ahorcamiento público y la castración de los culpables.
El Presidente de Bangladesh dictó una ordenanza el martes 13 modificando la Ley de Prevención de la Violencia contra las Mujeres y Niños con el fin de incorporar la pena de muerte por violación, y un tribunal impuso ese castigo dos días después.
El gobierno tomó la medida al cabo de varios días de protestas en Bangladesh, donde según el grupo de derechos humanos Ain O Salish Kendra, este año fueron violadas 975 mujeres, de las cuales 208 por grupos.
Las protestas se intensificaron en los últimos días tras la difusión de un vídeo hecho por un grupo de violadores que agredieron y asaltaron sexualmente a una mujer.
La jueza que impuso la sentencia, Jaleda Yasmin, se basó en el Código Penal que prevé el castigo máximo si la víctima resulta muerta o herida, como fue el caso de la adolescente de 15 años violada en 2012 por su novio y otros individuos.
Bachelet, quien fue dos veces presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018) y primera encargada de ONU Mujeres, la entidad de la ONU para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, marcó distancias con la medida.
“El principal argumento en favor de la pena de muerte es que disuade que se comentan violaciones, aunque en la práctica no hay evidencias de que esa pena disuada de cometer crímenes más que otras formas de castigo”, aseveró.
Los datos que maneja Bachelet “demuestran que la certeza de recibir una pena, más que su severidad, disuade de cometer el delito”, y que en la mayoría de los países “el problema clave es que las víctimas de violaciones no tienen acceso a la justicia”.
Agregó que esa carencia puede deberse a estigma, miedo a las represalias, estereotipos de género arraigados y desequilibrios de poder, falta de formación de policías y jueces, leyes que consienten o excusan ciertos tipos de violencia sexual o por falta de protección para las víctimas.
Ninguno de esos problemas, dijo Bachelet, serán resueltos con la pena de muerte, la castración quirúrgica y la salpingectomía bilateral, y “de hecho, la pena de muerte discrimina de forma desproporcionada a las personas pobres y más marginadas, además de resultar a menudo en violaciones adicionales de derechos humanos”
En su lugar, instó a los Estados a “adoptar un enfoque centrado en la víctima para combatir el flagelo de la violación y otros tipos de violencia sexual. Es fundamental que las mujeres sean participantes activas en el diseño de las medidas, y que los funcionarios de orden público y judiciales reciban la formación pertinente”.
Las organizaciones humanitarias Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch también criticaron la adopción legal de la pena de muerte para los violadores.
“Las ejecuciones perpetúan la violencia, no la previenen. En vez de buscar venganza, las autoridades deben centrarse en asegurar justicia para las víctimas de la violencia sexual con penas de larga duración que detengan esta epidemia”, dijo el investigador de AI para el sur de Asia, Sultan Mohammed Zakaria.
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