Un grupo de organizaciones sociales trabajan parara el reconocimiento legal de la lengua de señas cubana (LSC), a fin de garantizar una mayor inclusión social de las personas con sordera, así como amparar sus derechos humanos y los de la comunidad de oyentes en general.
Tal empeño adquiere mayor relevancia este miércoles 23 de septiembre, Día Internacional de las Lenguas de Señas, mediante el cual la Organización de Naciones Unidas incentiva el apoyo y protección de la identidad lingüística y diversidad cultural de todas las personas sordas y otros usuarios de dichas lenguas.
La fecha se enmarca en la Semana Internacional de las Personas Sordas, del 21 al 27 de septiembre, que este año tiene como lema: ¡Las lenguas de signos son para todas y todos![pullquote]3[/pullquote]
“La LSC es un símbolo de identidad cultural de la comunidad sorda en la isla, además de fuente de acceso a la información, al conocimiento y al desarrollo”, argumentó a IPS la pedagoga Miriam Meneses, vicepresidenta de la no gubernamental Asociación Nacional de Sordos de Cuba (Ansoc).
Fundada en enero de 1978, la entidad representa a la comunidad sorda e hipoacúsica, trabaja por su mayor integración social y contribuye a elevar su calidad de vida.
Agrupa a 25 881 personas sordas, hipoacúsicas y sordociegas en este país insular caribeño de 11,2 millones de habitantes.
Meneses recordó que la iniciativa se sustenta en el artículo 21 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual Cuba es signataria desde su aprobación en 2007.
Dicho acápite enfatiza que los Estados Partes deben garantizar que las personas con discapacidad puedan expresar sus opiniones, creencias y sentimientos por todas las formas de comunicación, obligación que se extiende también al suministro de información por medios y en formatos accesibles.
De acuerdo con la Federación Mundial de Sordos en el planeta existen más de 200 lenguas de señas diferentes, también conocidas como lenguajes de signos, utilizadas por aproximadamente 72 millones de personas.
Son, además, los idiomas nativos de niñas y niños de familias con padres sordos (o viceversa), y empleados por millones de personas oyentes para comunicarse con personas sordas e hipoacúsicas.
Apenas 50 países han otorgado a sus lenguas de señas nacionales un estatus igual al de sus lenguas habladas, desde que en 1995 Uganda se convirtió en la primera nación en hacerlo.
La comunidad sorda de Cuba constituye un grupo social poseedor de un patrimonio cultural y lingüístico específico que ha desarrollado la LSC para interactuar y acceder a la información de manera completa.
Los primeros intentos para reconocerla legalmente datan de la segunda mitad de la década de 1990, pero fue en 2013 cuando se oficializó la solicitud durante el IV Congreso de la Ansoc, precisó Meneses.
En dicho proceso participan personas sordas con preparación académica y científica, así como líderes y funcionarios del Centro Nacional de Superación y Desarrollo del Sordo (Cendsor).
Desde su fundación en 2008, este centro adscrito a la Ansoc lidera los estudios teórico-prácticos que respaldan el expediente científico de la demanda legal, lo cual cumple con la premisa “Nada sobre nosotros sin nosotros” de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
A ello se suman lingüistas, sociólogos, abogados y otros especialistas de instituciones como la Universidad de La Habana, la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, el Instituto de Literatura y Lingüística, así como de los ministerios de Educación y de Trabajo y Seguridad Social, todos con sede en La Habana.
“Correspondería al Instituto de Literatura y Lingüística, de conjunto con la Academia Cubana de la Lengua, avalar la pertinencia de los fundamentos lingüísticos, gramaticales y socioculturales de la LSC como lengua natural y primera de las personas sordas”, explicó Meneses.
Luego, la Asamblea Nacional del Poder Popular, el unicameral parlamento cubano, debería aprobar el instrumento legal que otorga tal reconocimiento a la LSC, añadió la directiva.
La Constitución de la República, vigente desde abril de 2019, declara al español como la lengua oficial y única utilizada en Cuba, por lo cual sería necesario incorporar al texto la existencia de la LSC como primera lengua de la comunidad sorda y segunda en el país.
Varias políticas públicas amparan en la isla la inclusión social de las personas con discapacidad, a partir de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación; mientras el artículo 89 de la Ley de Leyes obliga al Estado, la sociedad y las familias a proteger, promover y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de estas personas.
En los últimos años destaca el paulatino incremento del servicio de subtítulos en espacios informativos, dramatizados y cinematográficos, así como la incorporación de intérpretes de lengua de señas en los principales noticiarios de la televisión nacional y de algunos territorios.
No obstante, subsisten espacios públicos poco amigables y con barreras comunicativas que conspiran contra la plena inclusión de las personas sordas.
“Sería útil contar con el servicio de LSC en instituciones oficiales como departamentos de atención a la población de empresas y ministerios, agencias de viajes y terminales, aeropuertos, centros de salud, así como en tribunales”, dijo a IPS Yilian Rodríguez, Licenciada en Educación Especial y jefa del departamento de Comunicación del Cendsor.
El Ministerio de Educación cuenta con 17 centros especiales y unos 470 docentes preparados en LSC, según datos oficiales.
Desde 2004, en la isla se implementa el Modelo de Educación Bilingüe para estudiantes con discapacidad auditiva, que parte del reconocimiento de dos lenguas de contacto, la LSC como primera lengua y el español.
Aunque los mayores niveles de implementación se alcanzan en el nivel primario de enseñanza, en la última década se han graduado 38 jóvenes sordos en especialidades universitarias como Educación Especial, Ingeniería, Informática, Psicología, Educación Física y Artes, entre otros.[related_articles]
Un número menor ha alcanzado o estudian para obtener títulos académicos de máster, así como de diplomado y otras modalidades de postgrado, precisan informes.
Sin embargo, el déficit de intérpretes de LSC en el ámbito educativo –apenas 209 en todo el país-, hace que muchos estudiantes desistan de continuar estudios superiores ante la falta de estos mediadores lingüísticos, indispensables en los procesos de aprendizaje.
De ahí que la Ansoc, en coordinación con universidades, proyecten para el curso académico 2020-2021 iniciar la formación experimental de técnicos superiores en interpretación, primero en La Habana y luego en otras casas de altos estudios del país.
“El reconocimiento de la LSC sería una garantía legal para exigir procesos de enseñanza y aprendizaje, así como de formación académica y cultural, basado en el derecho a expresarnos y comprender las informaciones en nuestra primera lengua”, argumentó a IPS Dony Wilson Limonta, presidente de la filial de la Ansoc en La Habana.
La nueva norma, “nos permitiría demandar servicios de interpretación para el acceso a la información cultural, política, económica, académica y científica”, subrayó Limonta, quien con 34 años es una de las personas sordas en la isla con un máster en Educación Especial.
Dicha iniciativa supondría, incluso, un respaldo adicional para el adiestramiento de personas con discapacidad auditiva en la gestión de riesgo con el fin de identificar peligros y vulnerabilidades ante desastres, así como en la formación de líderes comunitarios.
ED: EG
