Más de 600 madres cubanas cumplieron su sueño de tener casa propia ya sea recién construida o remodelada, como parte de un plan gubernamental que busca estimular la procreación en este país de muy baja tasa de natalidad y acelerado envejecimiento de su población.
La cifra puede sonar baja, aunque no para las condiciones de eta nación insular caribeña que arrastra un déficit crónico de viviendas y serias dificultades económicas agravadas por el impacto de la covid-19 y el recrudecimiento del embargo estadounidense.
En ese contexto y sin esperar a que pase la mala racha sanitaria, el gobierno cubano sigue de cerca y pide resultados de su Programa de atención a las dinámicas demográficas, que busca salidas para un tema clave en el presente y futuro de Cuba, según ha definido el presidente Miguel Díaz- Canel.[pullquote]3[/pullquote]
Datos oficiales indican que la tasa promedio de fecundidad desde hace más de tres décadas no supera los 2,1 hijos por mujer necesarios para alcanzar un adecuado reemplazo, lo que supone que no se garantiza una pirámide de población estable. En 2018, ese índice que indica el número medio de hijos por mujer, fue de 1, 62.
En tanto, la esperanza de vida supera los 78 años y 20, 4 por ciento de la población cubana de 11,2 millones tiene 60 años o más.
Estudiosos del tema alertan que la disminución de la fecundidad, aumento de la expectativa de vida al nacer, más el incremento de la tasa de migración de la población en edad reproductiva configuran una “tormenta demográfica perfecta” que será la causa de que uno de cada tres cubanos en 2030 tenga más de 60 años.
Este proyecto, dotado inicialmente de un presupuesto del equivalente a 50 millones de dólares, prioriza a madres de tres hijos o más con la entrega de un inmueble nuevo o subsidio para reparaciones. Medios cubanos de prensa señalaron que el pasado año se beneficiaron 620 mujeres.
Según una encuesta realizada por el ministerio de la construcción, 28 679 madres necesitan acciones constructivas de diversos grados de complejidad para sus hogares y esperan ser atendidas en un plazo de entre tres y cinco años.
El plan prioriza a 32 de los 168 municipios del país, donde la población decrece de manera natural (diferencia entre tasa de natalidad y mortalidad) y requieren acciones más urgentes.
Con un déficit estimado en más de 900 000 unidades, la vivienda es un grave problema en este país azotado con frecuencia por ciclones tropicales que dejan sin techo a miles de personas. Según fuentes oficiales, 39 por ciento del fondo habitacional de tres millones 824 861 habitaciones se encuentran en regular y mal estado técnico.
El ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, señaló en marzo de este año que se necesitan 402 120 rehabilitaciones para detener el deterioro y evitar la pérdida progresiva de la capacidad habitacional. En 2019 se construyeron 44 566 inmuebles y se proyecta para el actual 2020 la entrega de 41 000 unidades terminadas.
Mesa Villafaña calcula en los próximos años un crecimiento anual de 52 321 viviendas para dar respuesta a la diversidad de generaciones conviviendo y estimular la natalidad.
Sin embargo, las previsiones pudieran troncharse en el difícil entorno que marca la covid y la continuidad de las tensiones que persisten desde 2019 e impactaron al sector de la construcción por limitaciones de combustible y restricciones financieras, entre otras dificultades.
La pandemia aumentó considerablemente el gasto social y en salud pública. Al respecto, la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, informó en agosto que el país gastó hasta el momento más de 1.000 millones de pesos (equivalentes a dólares al cambio oficial) en el enfrentamiento a la pandemia.
Como parte de la estrategia de atención a las dinámicas demográficas, se estudia actualmente una veintena de nuevas medidas que se añadirán a las vinculadas a la vivienda, aumento y mejoramiento de guarderías infantiles y atención a parejas infértiles.
En 2017 entraron en vigor dos decreto-ley y cuatro resoluciones que modificaron la Ley de la Maternidad de la Trabajadora, una norma de 2003 reformada en 2011. Estas normas aumentaron la protección y los beneficios de las madres, a la vez que estimularon la participación de otros familiares en el cuidado y atención de los menores.
Una disposición de 2003 había garantizado el derecho de los padres trabajadores a una licencia de un año para atender a sus bebés en caso de viudez o abandono materno, y de seis meses para sustituir en el cuidado directo a las madres tras concluir el periodo de lactancia materna exclusiva.
Pero pocos hombres se han acogido a este beneficio. Que se conozca, solo 125 padres solicitaron esa licencia entre 2006 y 2013.
“Estas normas de 2017 me favorecieron con mi segundo hijo. Me reincorporé al trabajo antes del primer año de vida del niño y pude simultanear la prestación social a que tenía derecho con mi salario. Además, en el jardín infantil me redujeron 50 por ciento la tarifa mensual por mis dos hijos”, dijo a IPS Anabel Robaina, residente en La Habana.[related_articles]
Las regulaciones también beneficiaron a .trabajadoras en el sector privado con dos o más hijos menores de 17 años, que desde entonces reciben una bonificación de 50 por ciento en las cuotas mensuales a pagar al fisco. Poseedores de una licencia para ofrecer servicios de cuidado de niños, enfermos, personas con discapacidad y ancianos, pagan la mitad de la cuota mensual exigida.
La situación económica es una de las primeras razones mencionadas por mujeres que optaron por evitar la maternidad, aunque no es la única. Otras decidieron tener un solo hijo o simplemente dedicaron los mejores años de su vida a la profesión y la descendencia dejó de importarles.
“Pasó el tiempo y un día me descubrí con algo más de 30 años, haciéndome la pregunta de si realmente quería un cambio en mi vida como el que significa ser madre. Y fue una decisión totalmente consciente. No lo quería”, afirmó a IPS una periodista cubana que prefirió no ser identificada.
“Nunca me he arrepentido de esa decisión e, independientemente de lo que dicen, me siento totalmente realizada como mujer”, concluyó.
Las mujeres cuentan en Cuba con derecho al aborto inducido bajo condiciones médicas seguras desde los años 60, un factor limitante de los nacimientos indeseados junto al uso extendido de anticonceptivos gratuitos o a precios muy bajos.
ED: EG
