Más de 2000 personas fueron abatidas este año en Venezuela durante operaciones a cargo de sus fuerzas de seguridad, denunció este viernes 25 la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
“Basada en un análisis de fuentes abiertas, mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2000 desde enero de 2020”, dijo Bachelet en una actualización oral, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza, de sus informes acerca de la situación venezolana.
En paralelo, Bachelet pidió que sean levantadas las sanciones económicas impuestas sobre el Estado venezolano, principalmente por Washington.
“La imposición de sanciones adicionales a las exportaciones de diésel puede agravar aún más la ya crítica escasez de gasolina y obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales”, dijo Bachelet en relación a las obstrucciones de Estados Unidos sobre las operaciones de la estatal Petróleos de Venezuela.[pullquote]3[/pullquote]
La declaración de Bachelet se produce una semana después de que una misión independiente de verificación de los hechos, designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señaló al presidente Nicolás Maduro y varis de sus ministros de incurrir en “crímenes de lesa humanidad”.
La misión señaló a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), de la Policía Nacional Bolivariana, como el cuerpo más letal en las operaciones de seguridad acometidas principalmente en barriadas populares, y además acusó a los organismos de inteligencia de torturar sistemáticamente a los detenidos políticos.
Ya en julio Bachelet había reiterado su pedido de que las FAES fuesen disueltas y sus crímenes investigados, al responsabilizarlas entonces por la muerte de 1320 personas desde enero, en su mayoría “hombres de menos de 30 años, pertenecientes a familias pobres” en barrios signados por altas tasas de delincuencia.
En su actualización de este viernes la también expresidenta chilena (2006-2010 y 2014-2018) se refirió además a la represión de las protestas pacíficas y a las trabas a la libertad de expresión en el país.
Aún en medio de la cuarentena impuesta ante la pandemia covid-19, en Venezuela se multiplican las protestas –vecinales en su mayoría- por los deficientes servicios públicos esenciales, y la oenegé Espacio Público denunció 300 casos de violaciones a la libertad de expresión entre enero y agosto.
Desde inicios de julio, según Bachelet, se produjeron detenciones de manifestantes que protestaban por los bajos salarios o las pensiones, las carencias de los servicios públicos o la falta de gasolina.
“Registramos la muerte de dos manifestantes en Anzoátegui (estado del oriente) y Zulia (occidente), presuntamente cometidas por fuerzas de seguridad”, dijo la máxima responsable de los derechos humanos en la ONU. “El Ministerio Público (fiscalía) inició investigaciones para clarificar tales hechos”, reconoció.
También consideró positivas las detenciones de cinco miembros de las FAES presuntamente responsables de la muerte el 21 de agosto de dos personas en Zulia, que eran comunicadores de tendencia oficialista según medios del país sudamericano.
Entre las restricciones a la libertad de expresión mencionó “la aplicación de la legislación en contra del odio”, ataques contra los defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas.
Agradeció los esfuerzos de las autoridades con los migrantes que vuelven al país, pero mostró su preocupación ante “el discurso estigmatizador” de algunos dirigentes que responsabilizan a las personas, retornadas por cruces irregulares de frontera, de introducir el coronavirus a Venezuela.
Mencionó que, según los datos de asociaciones profesionales, 33 por ciento de las muertes por coronavirus corresponden al personal de salud, principalmente por la falta de equipos de bioseguridad y agua en los hospitales.
A la emergencia por la covid le sumó la alimentaria, ya que, según organización católica Caritas, la tasa de desnutrición aguda infantil alcanzó 15 por ciento en julio.
También se refirió a derechos políticos conculcados y destacó su preocupación por los fallos del Tribunal Supremo de Justicia “que obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros de Consejo Nacional Electoral”.
Para el 6 de diciembre se prevé la elección de una nueva Asamblea Nacional, el unicameral congreso legislativo cuyo presidente, el opositor Juan Guaidó, se define y es reconocido por más de 50 gobiernos como “presidente legítimo de Venezuela”, al no admitir como válida la reelección de Maduro en 2018.
El Supremo, alineado con el Ejecutivo, renovó el poder electoral con mayoría de directivos pro-oficialistas e inhabilitó a los principales dirigentes opositores, despojándolos de su personería y sedes y entregándoselas a miembros de esas organizaciones que respaldan las ejecutorias de las actuales cabezas del Estado.
Bachelet expuso finalmente su inquietud por la modificación “del mecanismo de selección de representantes indígenas para la Asamblea Nacional –votarán a mano alzada y no en secreto- , de los cambios al sistema electoral y a la composición de la Asamblea Nacional sin un proceso inclusivo de consulta previa”.
El embajador de Venezuela ante los organismos de la ONU en Ginebra, Jorge Valero, lamentó que la actualización presentada por Bachelet “carezca una vez más del balance necesario, presente evidentes fallas metodológicas y una información sesgada que alimenta la campaña mediática contra Venezuela”.
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