Los cada vez más furiosos huracanes, las inundaciones, severas sequías y hasta sismos que afectan a las islas del Caribe impulsan a sus países a fortalecer su gestión de riesgos de desastres con enfoques que reduzcan la exclusión de grupos sociales.
Algunos de estos avances alcanzados por sucesivos proyectos regionales de cooperación se pusieron a prueba también con la emergencia sanitaria por la covid-19, que en todo el mundo ha reflotado las desventajas de segmentos vulnerables como mujeres, personas adultas mayores y con discapacidad.
“Hemos avanzado en el enfoque de inclusión de grupos vulnerables dentro del ciclo de respuesta durante emergencia o desastre”, dijo a IPS desde Santo Domingo, Carmen Veloz, especialista en gestión de riesgos del Ministerio de la Mujer, de República Dominicana, un país afectado el 30 de julio por la tormenta tropical Isaías.
El actual período de huracanes 2020, que abarca de junio a noviembre, se espera que sea doblemente activo de lo habitual en el océano Atlántico, el Golfo de México y el Caribe, debido a las altas temperaturas de sus aguas.
“Se está teniendo una visión diferente de cómo dar el tratamiento oportuno y adecuado, sin que haya una vulneración de derechos a la población”, continuó Veloz, cuyo ministerio es beneficiario del proyecto Aprendiendo de Irma y María: Transversalizando la protección y la inclusión en la reducción de riesgo de desastres en el Caribe (2018-2020).
Con base en brechas identificadas luego del impacto en 2017 de los huracanes Irma y María, el proyecto benefició directamente a 11 784 personas y 82 entidades de Cuba y República Dominicana, aunque el impacto de su trabajo hasta su cierre en julio llega también indirectamente a 2 783 850 personas de ambas naciones.
Además, logró resultados de alcance regional y hasta realizó acciones puntuales con Haití y Jamaica.
A las mujeres, personas adultas mayores y con discapacidad se enfocó la iniciativa coordinada por el consorcio entre las organizaciones internacionales Plan Internacional, Oxfam, Hábitat para la Humanidad y Humanity&Inclusion, que contó con el financiamiento de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas.
Entre sus resultados, figura el fortalecimiento de las instituciones locales en mecanismos de protección humanitaria e inclusión, talleres, base regional de datos sísmicos, investigación regional sobre desigualdades en situaciones de movilidad inducida en Cuba y República Dominicana, apoyo a las redes comunitarias y entrega de equipamiento.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades de ambos países en aumentar sus capacidades de gestión de riesgos en los últimos años, “todavía existen brechas en prevención, mitigación y respuesta que no consideran a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad”, indicó un resumen de Aprendiendo de Irma y María.
“Es imprescindible entender los impactos diferenciados del desastre en esas poblaciones vulnerables para poder dar una respuesta adecuada a cada uno de ellos”, sostuvo Veloz, para quien el proyecto dio “herramientas para poner en práctica la inclusión en todo el ciclo de la gestión de riesgos, no solo en la respuesta”.
República Dominicana, que comparte la isla de La Española con Haití, tiene una población de 10,4 millones de habitantes, de los cuales nueve por ciento son adultos mayores (855 663), las mujeres representan 49,8 por ciento (4 706 243) y las personas con discapacidad constituyen 12,3 por ciento (1 160 847).
Instituciones dominicanas beneficiarias realizaron un censo a los 2220 albergues del país e incorporaron nueve variables de protección humanitaria y necesidades basadas en género en la ficha a usar en cada una de estas instalaciones, además de realizar otras acciones como la eliminación de barreras arquitectónicas.
“Los encargados de albergues tienen conocimiento de ese tema, incluso en la ficha se habla de género y personas especiales”, indicó el encargado nacional de albergues de la Defensa Civil, Lowell Brito a IPS, también desde Santo Domingo. “Ha sido positivo porque no había reconocimiento de la inclusión en general… vas a los lugares y ni siquiera hay rampa en la calle”, añadió.
En Cuba, el proyecto reforzó las capacidades locales con la creación de cuatro nuevos Centros de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres en la provincia de Matanzas: uno en su capital de nombre homónimo y otros tres en los municipios de Martí, Colón y Cárdenas.
También se creó una estación sismológica en el municipio Ciénaga de Zapata, en esa provincia del occidente del país.
“Tuvo un impacto fundamental ya que antes en la provincia teníamos solamente dos centros de gestión. Ahora la costa norte del territorio está cubierta con la gestión de riesgo inclusiva”, evaluó para IPS el jefe de Defensa Civil de Matanzas, Williams González, en un encuentro presencial en el estatal Centro de Estudios Ambientales (CSAM), situado en Varadero, localidad balnearia de la provincia.
“Nosotros damos un tratamiento diferenciado a los ancianos, niños, embarazadas y personas con discapacidad, pero gracias al proyecto aprendimos a trabajar mejor, interactuar con las asociaciones y conocer más cómo deben ser tratados, sin asistencialismo y propiciando la participación”, dijo en CSAM, coparte local de la iniciativa.
Con una población de 11,2 millones de habitantes, Cuba es el país más envejecido del Caribe, con 20,4 por ciento de personas adultas mayores (2 269 440), mientras las mujeres representan 50,5 por ciento (5 634 908) y las personas con discapacidad constituyen el cuatro por ciento (449 319).
“Cuba tiene una trayectoria reconocida sobre todo a nivel del Caribe y Latinoamérica por su eficiencia en la gestión de riesgos”, apuntó a IPS, en otra entrevista presencial en La Habana, Geudis Vega, asesor jurídico de la no gubernamental Asociación Nacional del Ciego, que reúne a las personas con discapacidad visual en esta nación caribeña.[related_articles]
“Pero en lo local, yo la valoro de regular porque todavía falta accionar un poquito más en la inclusión y participación: hablamos de convertir a los receptores de la gestión de riesgos en actores activos, que podamos jugar un rol más importante”, agregó sobre la iniciativa que involucró además a las oenegés de discapacidad físico motora y auditiva.
“Sería bueno continuar el trabajo comunicativo y de sensibilización directo en las comunidades, para reforzar las capacidades y crear más espacios de inclusión”, planteó Luis Miguel Rondón, comunicador del CSAM.
Una investigación realizada en Cuba y República Dominicana, con estudios de casos de personas damnificadas por Irma y María, aportó herramientas metodológicas para que los gobiernos locales reduzcan las desigualdades específicas de género, por discapacidad y edades, durante la movilidad inducida por emergencias o desastres.
“La Defensa Civil (cubana) se ha enfocado en hacer su gestión más inclusiva pero todavía quedan brechas”, consideró la ingeniera Ania Alfonso, también del CSAM.
Ella ahora toma en cuenta esa necesidad de inclusión y evalua aspectos como “si se considera a las mujeres parte de la solución y no del problema, en su rol de liderazgo”.
América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo más propensa a desastres naturales, donde 152 millones de personas fueron afectadas por 1 205 catástrofes como huracanes, inundaciones y sequías, entre 2000 y 2020, según un informe de la Oficina de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), de las Naciones Unidas.
ED: EG
