La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este lunes 17 su “grave preocupación” por los estragos de la pandemia covid-19 en las poblaciones indígenas de la Amazonia y el Gran Chaco suramericano.
Según la CIDH, solo hasta el 4 de agosto se habían registrado 34 598 indígenas, de 212 pueblos, contagiados con el nuevo coronavirus, con al menos 1251 fallecidos, en la región amazónica que comprende territorios de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela.
La pérdida de vidas de líderes y lideresas indígenas, así como de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores, “quienes en vida resguardaron la sabiduría y los conocimientos ancestrales de sus pueblos, pone en grave riesgo la reserva cultural y espiritual de estos colectivos”, asentó la CIDH.
Por ello, pidió a los Estados de la Amazonia y del Gran Chaco (Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay) “adoptar e implementar políticas públicas reforzadas para el reconocimiento, fortalecimiento, protección y garantía de los derechos de los pueblos indígenas, asegurando el ejercicio de sus derechos participativos”.
Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y desde la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también se pidió cuidado especial de las poblaciones indígenas, subrayando que muchas de sus comunidades pueden ser diezmadas y hasta barridas por la covid.
La CIDH llamó la atención sobre el hecho de que, en plena pandemia, algunos Estados continúan otorgando licencias ambientales para proyectos extractivos y de infraestructura, las que en ocasiones no son consultadas con las comunidades indígenas cuyos territorios son impactados por esas actividades.
Se agrega que la minería y tala ilegales, y la presencia de grupos armados y del crimen organizado, amenazan la supervivencia de los grupos indígenas con hechos de violencia y con la diseminación de enfermedades como la covid, expuso la CIDH.
Por añadidura, “la pandemia ha agudizado problemas estructurales preexistentes en cuanto a discriminación y falta de acceso a la salud y servicios básicos que afecta a los pueblos indígenas”.
Dounia Dekhili, coordinadora en Brasil de organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF), dijo que en la región amazónica “durante muchos años ha habido una inversión insuficiente en infraestructura y recursos de salud y bienestar”.
“Las grandes distancias y la falta de opciones de transporte son grandes desafíos para seguir la propagación epidemiológica y asegurar las derivaciones oportunas para pacientes que necesitan atención médica más compleja”, agregó Dekhili.
MSF atiende un hospital dedicado a pacientes con covid en Manaus y desde esa capital de la Amazonia brasileña dirige grupos que trabajan con comunidades indígenas en el área del río Negro, afluente norte del Amazonas.
La CIDH también registró informes sobre “falta de atención médica en áreas urbanas para personas indígenas que perdieron sus empleos y no pueden regresar a sus comunidades, y sobre la necesidad de políticas diferenciadas para personas indígenas que han migrado o se han refugiado en países vecinos”.
Ese es el caso de centenares de indígenas de la etnia warao, que habita el delta del río Orinoco en el noreste de Venezuela, y que han migrado al norte de Brasil.
La Comisión, finalmente, reconoció iniciativas de los pueblos originarios para controlar sus territorios y aislar sus comunidades para evitar la propagación del virus y asegurar su provisión de alimentos, y pidió sostener los diálogos directos de gobiernos y entidades internacionales con las organizaciones indígenas.
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