Una cooperativa mexicana de energía solar, Onergia, busca fomentar el empleo digno, aplicar el conocimiento tecnológico e impulsar alternativas menos contaminantes que los combustibles fósiles, en una de las iniciativas alternativas con las que se busca en México avanzar hacia la transición energética.
“Nos organizamos cooperativamente por una transición energética que se replantea las formas de producción, distribución y consumo para construir un mundo más sano y más justo. En este sector, ha sido más difícil, hay que invertir en capacitación y romper la lógica del mercado”, dijo a IPS el socio fundador y director de Proyectos de Onergia, Antonio Castillo.
La cooperativa, creada en 2017, cuenta con ocho agremiados y ha instalado hasta ahora unos 50 sistemas de generación fotovoltaica, primordialmente en el estado de Puebla, en el centro-sur del país.[pullquote]3[/pullquote]
Castillo explicó, vía telefónica, que la cooperativa trabaja en el sector residencial –clientes de clase media y alta que pueden financiar el costo de la instalación– y en comunidades de ese territorio, a quienes las motiva reducir el costo del servicio eléctrico, ofrecer más servicios y permitir el acceso a la energía.
En el caso de comunidades, la dotación de energía solar forma parte de proyectos sociales más amplios y en los cuales las cooperativas de ahorro de la organización beneficiaria diseña la estructura financiera para ejecutar la obra. Un sistema residencial básico puede costar más de 2200 dólares y uno de mayor calado, más de 22 000.
“A las comunidades las mueve adoptar energía renovable como estrategia de defensa de la tierra frente a amenazas de mineras o hidroeléctricas. No necesitan ser generadoras de energía de gran escala, porque ya tienen resuelto el abastecimiento local. El objetivo es dar alternativas a las comunidades”, declaró Castillo.
Onergia, organización sin fines de lucro, fomenta la generación distribuida o descentralizada.
En México, las cooperativas energéticas son una rareza en el paisaje del cooperativismo, pues solo se conocen dos, debido a barreras legales, técnicas y financieras, si bien las leyes de cooperativas reconocen su función en la energía entre otros diversos sectores. La otra, Cooperativa LF del Centro, brinda sus servicios en varios estados pero no es generadora.
La Ley de la Industria Eléctrica, en vigor desde 2014, permite desplegar proyectos locales menores a un megavatio, pero prácticamente los excluye de las subastas eléctricas que el gobierno organizaba desde 2016 y que la administración del izquierdista Andrés Manuel López Obrador frenó desde que asumió el cargo en diciembre de 2018.
Desde entonces, López Obrador ha optado por fortificar a los monopolios estatales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que se traduce en favorecer a las fuentes fósiles sobre las renovables.
Las previsiones del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032 proyectan que los fósiles aportarán 67 por ciento en 2022, la eoloenergía, 10 por ciento; las hidroeléctricas, nueve por ciento; la solar, cuatro por ciento; la nucleoeléctrica, tres por ciento, y geotérmica y bioenergía, cuatro por ciento.
En 2032, el panorama energético no variará mucho, pues los fósiles representarán 60 por ciento, en comparación con 2018; la eólica, la energía nuclear y la geotermia suben a 13, ocho y tres por ciento, respectivamente; la hidroeléctrica bajará a ocho por ciento, mientras la solar y la bioenergía se mantendrán.
En ese sentido, canceló la convocatoria a subastas eléctricas de largo plazo que permitían a privados construir plantas eólicas y solares y vender la energía a CFE. Pero esos concursos privilegiaron al capital particular mexicano y extranjero y la generación a gran escala.
El investigador independiente Carlos Tornel cuestionó en diálogo con IPS el diseño energético predominante, fomentado por la reforma de 2013 que abrió los mercados de hidrocarburos y eléctrico al capital privado, y la forma de producción de energía, basada en consumidores pasivos.
“No tenemos un marco legal efectivo para promover ese tipo de transición energética. Se persiguió un modelo de libre mercado, que permitió la entrada de megaproyectos a través de las subastas y que permitían el acceso a quienes podían ofrecer un costo muy bajo de generación y solo se podía obtener a gran escala”, planteó el especialista, vía WhatsApp, desde la nororiental ciudad inglesa de Durham.
Con esa estrategia, añadió, “los proyectos pequeños quedaron fuera. Y el gobierno no puso incentivos económicos que permitan empujar” esquemas cooperativistas.
“Necesitamos un modelo más activo y concebido desde lo colectivo”, prosiguió Tornel, doctorando en Geografía Humana en la británica Universidad de Durham.
México, la segunda economía latinoamericana y con unos 129 millones de habitantes, depende fuertemente de los hidrocarburos y así lo hará a mediano plazo, si no acelera la transición energética.
En el primer trimestre de 2019, la generación bruta totalizó 80 225 gigavatios hora (Gwh), por encima de los 78 167 del mismo periodo del año anterior. Las plantas de ciclo combinado a gas (con dos ciclos consecutivos, de turbina convencional y de vapor) aportaron 40 094, la termoeléctrica convencional, 9306 y la carboeléctrica, 6265.
Las centrales hidroeléctricas contribuyeron con 5137 Gwh, los campos eólicos, con 4285; la energía nuclear con 2382 y las estaciones solares con 1037.
La Ley de Transición Energética, de 2015, estipula que la energía limpia debe cubrir 30 por ciento de las necesidades para 2021 y 35 por ciento para 2024. Con variantes como la hidroenergía y la energía nuclear, el país no tiene problemas en llegar a esas metas.
Hasta comienzos de agosto, la gubernamental Comisión Reguladora de Energía (CRE) ya concedió 310 permisos de generación solar, pequeña producción y autoabastecimiento por casi 22 000 Mw.
El reporte de 2017 Subastas de energía renovable y proyectos ciudadanos participativos, elaborado por la internacional y no gubernamental Red de Políticas en Energía Renovable para el Siglo 21 (REN21), cita, respecto a México, la obligatoriedad para los inversores de formar empresas autosuficientes, lo cual complica los intentos por desarrollar emprendimientos locales.
Castillo, de Onergia, subrayó la necesidad de un marco normativo claro y estable.
“Hay que alinear una política pública que nos permita avanzar hacia la transición. Que las personas adopten alternativas depende de la política pública. Lo fundamental es la libertad de elegir cómo consumir. Será nuestra labor organizarnos como consumidores”, sostuvo.[related_articles]
Afectada por la pandemia de coronavirus, Onergia revisa su forma de trabajo y sus necesidades financieras para generar su propio fluido. Además, trabaja con el Instituto de Energías Renovables de la pública Universidad Nacional Autónoma de México en el diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos.
En marzo, el gubernamental Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología lanzó un programa nacional estratégico sobre transición energética que promoverá proyectos energéticos rurales sostenibles y energía solar comunitaria que iniciarían ejecución en 2021.
Además, la Secretaría (ministerio) de Energía está por divulgar el Programa Especial de Transición Energética 2019-2024.
Pero la CRE bloquea la aprobación del desarrollo de esquemas colectivos de generación distribuida, que permitiría a ciudadanos vender excedentes de energía a otros consumidores, y la instalación de sistemas de almacenamiento en parques solares, para proteger a CFE.
Tornel criticó la ausencia de una promoción real de las fuentes renovables.
“Hay incongruencia en cómo el gobierno mexicano lo ha manejado. Hablan de garantizar la seguridad energética a través de hidrocarburos. No hay ningún plan de transición energética a través de renovables o apoyar proyectos comunitarios. No tenemos ningún indicio de que apoyan las renovables y eso es muy preocupante”, declaró.
El informe de REN21 recomienda la reserva de una cuota para proyectos ciudadanos participativos y facilitar el acceso a los acuerdos de compra de energía, lo cual asegura la eficiencia de las licitaciones y la efectividad de las tarifas garantizadas para esos emprendimientos.
Además, propone la instauración de una autoridad para proyectos ciudadanos, creación de capacidades, promoción de energía comunitaria y el establecimiento de metas nacionales específicas de energía para esas iniciativas.
ED: EG
