La creencia dominante de que la pobreza en el mundo habría disminuido en las últimas décadas quedó en entredicho este martes 7 con la presentación de un informe especializado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que cuestiona los métodos empleados para alcanzar esas conclusiones tan halagüeñas.
Por el contrario, las mediciones más apropiadas muestran que en los últimos 30 años solo se registró una leve disminución del número de personas que viven en pobreza extrema. La realidad es que miles de millones afrontan escasas oportunidades, innumerables humillaciones, hambre y muertes evitables, y son demasiado pobres para acceder a derechos humanos básicos, asegura el examen.
El documento, elaborado por el jurista australiano Philip Alston, relator especial sobre extrema pobreza y derechos humanos de las Naciones Unidas hasta abril, objeta los resultados alcanzados por investigaciones del Banco Mundial que arrojaban un descenso del nivel de extrema pobreza de 1895 millones de personas afectadas en 1990 a 736 millones en 2015.
Alston sostiene que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha aceptado el punto de referencia, la línea de pobreza internacional (LPI), utilizado por el Banco Mundial, y ha trasladado esos efectos a sus programas de desarrollo emblemáticos, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre 2000 y 2015, y los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con término en 2030.
El problema reside en que el Banco obtuvo la línea de pobreza internacional de un promedio de las líneas de pobreza que empleaban algunos de los países más pobres del mundo, la mayoría de África subsahariana, observa el relator.
Se trata de una medida absoluta, de valor constante, que a diferencia de las líneas de pobreza usadas en muchas naciones, no se basa en una evaluación directa del costo de las necesidades esenciales, apunta Alston en el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, que desde el 30 de junio y hasta el 17 de julio celebra su 44 periodo de sesiones.
Guiándose por el método del Banco, Tailandia presenta una tasa de pobreza de 0,0 por ciento mientras que su índice nacional le marca una pobreza de 9,9 por ciento. En la misma comparación, Estados Unidos pasa de 1,2 por ciento a 12,7 por ciento de pobreza; Sudáfrica de 18,9 por ciento a 55 por ciento, y México, de 1,7 por ciento a 41,9 por ciento, argumenta el informe.
De esa manera, los gobiernos y las instituciones multilaterales aprecian progresos en la erradicación de la pobreza que en la realidad no existen, razona Alston, que ha desarrollado gran parte de su carrera académica en Estados Unidos y actualmente enseña en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
El experto no ignora las demás amenazas que penden sobre la sociedad universal y menciona también a la pandemia de la covid-19, la profunda recesión económica, el cambio climático devastador, las desigualdades extremas y las erupciones racistas en muchos países.
La covid sumirá a más de 70 millones de personas adicionales a la pobreza extrema y a otros centenares de millones más en el desempleo y en la pobreza, advierte con datos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Y con previsiones del Programa Mundial de Alimentos (PMA) eleva a 250 millones el número de personas que enfrentan riesgos agudos de hambre.
Todos esos antiguos desafíos han estado impregnados de la desatención de muchos gobiernos, economistas y defensores de derechos al problema de la pobreza extrema, reclama Alston.
La economía mundial se ha duplicado desde el final de la Guerra Fría y sin embargo la mitad del mundo vive con menos de 5,50 dólares por día, mientras los beneficios del crecimiento han ido en gran medida a los más ricos, reflexiona.
Alston demanda la implantación de la justicia fiscal para garantizar que los gobiernos dispongan de fondos necesarios para la protección social y recuerda que en 2015 las empresas transnacionales trasladaron alrededor de 40 por ciento de sus beneficios a paraísos fiscales, mientras a nivel mundial los impuestos promedio a las sociedades caían de 40,38 por ciento en 1980 a 24,18 por ciento en 2019.
El jurista australiano se ha mostrado en otras ocasiones defensor de la participación del estado en la economía.
En un seminario virtual organizado por el Instituto Transnacional de Amsterdam, el 20 de mayo, sobre el tema de la pandemia y los servicios públicos, Alston pidió “reconocer que el estribillo de la privatización es, en esencia, una ideología. No es una política económica. Es una creencia de que los gobiernos deben apartarse y el sector privado dirigir el espectáculo”.
En ese sentido, observó que “en los fundamental, los gobiernos se lavan las manos de sus obligaciones con los derechos humanos y traspasan las cuestiones más relevantes al sector privado”.
Sobre el debate acerca de qué mundo sobrevendrá tras la actual pandemia, Alston dijo que escucha al secretario general de la ONU, António Guterres, y a otros comentaristas decir que ha llegado la hora de “volver a los ODS y de tomarlos en serio”.
“No me gusta ser un negador, pero la realidad es que los ODS no han hecho gran progreso; no parece que hayan alcanzado las metas fundamentales y en gran medida han sido derivados al sector privado”, apuntó.
“Vemos lo que dicen el secretario general y otros, incluido el Banco Mundial: No podemos, como gobiernos, hacer esto. Es demasiado costoso. Tiene que ser manejado por el sector privado”, refirió el académico.
Alston opinó que esa supuesta actitud de la ONU “no tiene sentido, están simplemente cediendo porque si yo fuera el sector privado no me interesaría en el 20 por ciento más pobre de la población, solo me preocuparía por obtener beneficios”. “Hay muy pocos ejemplos del sector privado actuando a favor del interés del público general. No deberíamos confiar en que eso ocurra”, sostuvo.
Lo que propuso Alston en la conferencia del Instituto Transnacional fue una nueva evaluación de los ODS y la búsqueda de otro conjunto de principios. “Tenemos que determinar que posición puede alcanzar la ONU en términos de los servicios mínimos que, con seguridad, los gobiernos pueden poner a disposición de sus ciudadanos”, explicó.
El informe de Alston fue presentado por su sucesor, el jurista belga Olivier De Schutter, profesor de la universidad católica de Lovaina (Bélgica) y de la Escuela de Ciencias Políticas de París.
“Acojo con satisfacción este informe que ilustra que la pobreza no es solo una cuestión de bajos ingresos”, dijo De Schutter.
El nuevo relator precisó que se trata de “una cuestión de desempoderamiento, de abuso institucional y social y de discriminación. Es el precio que pagamos por las sociedades que excluyen a las personas cuyas contribuciones no son reconocidas”.
“Erradicar la pobreza significa construir sociedades inclusivas que pasen de un enfoque caritativo a un enfoque de empoderamiento basado en los derechos”, concluyó De Schutter.
Ed: EG
