La pandemia de covid-19 es la causa directa de la muerte de cientos de indígenas en América Latina. Los líderes de gobierno que no han logrado controlar la propagación del virus, ya sea por negligencia o por falta de preparación, son igualmente responsables de las víctimas de la enfermedad.
Sin embargo, los gobiernos anteriores que contribuyeron a la persistencia de un modelo económico basado en la concentración de tierras también deberían ser considerados responsables de la catastrófica propagación del coronavirus entre los pueblos indígenas.
La propagación de la covid-19 en las comunidades indígenas de América Latina se ha comparado con la «guerra biológica» del período de colonización. Pero esa puede no ser la descripción más precisa.
De hecho, la guerra biológica fue uno de los factores que permitió la violenta dominación colonial sobre los pueblos nativos. En aquel momento, enfermedades desconocidas diezmaron y debilitaron las comunidades, lo que permitió a los colonizadores imponer un régimen de violencia, marginación y explotación. La guerra biológica contribuyó al estado de precariedad persistente sobre los pueblos indígenas durante siglos.
Hoy, siglos después de la invasión ibérica del continente latinoamericano, los pueblos nativos ya han tenido contacto forzoso con enfermedades comunes a los no indígenas.
Pero como resultado de las estructuras sociales heredadas del período de explotación colonial, ahora viven en un estado de falta casi total de acceso a los servicios de salud básicos. La población indígena constituye 30% de las personas en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad sanitaria en América Latina.
Como resultado de un proyecto de concentración de tierras consolidado en el período colonial, los pueblos nativos han luchado durante siglos contra la invasión y expulsión de sus tierras ancestrales, descuidadas por los estados alineados con un proyecto de acaparamiento de tierras.
Este conjunto de violencia ha dado lugar a la vulnerabilidad de los pueblos indígenas a las crisis sanitarias, como la de covid-19.
Mientras que en Brasil se registran más de 80.000 muertes por covid-19, los datos oficiales muestran que 502 muertes fueron indígenas.
Sin embargo, como el virus se sigue propagando progresivamente entre las comunidades, los efectos previstos pueden ser aún más graves. El grupo étnico xavante, por ejemplo, reportó 21 víctimas mortales del virus y 168 infecciones.
A medida que estas cifras entran en los datos oficiales, el impacto irreversible de la pérdida de los ancianos indígenas es incontable.
En Brasil, el pueblo mundukuru ha sufrido 12 víctimas mortales de coronavirus en las últimas semanas, 11 de las cuales eran ancianos. Los ancianos son figuras de referencia para las comunidades, ya que son portadores de los conocimientos ancestrales y desempeñan un papel destacado en la lucha por la tierra.
En los países en que los pueblos nativos llevan décadas luchando por el derecho a sus tierras ancestrales, los ancianos son esenciales en el compromiso y la movilización.
Al otro lado de la selva amazónica, en Perú, esta imagen se repite. Aunque Lima declaró cuarentena obligatoria en las etapas iniciales de la pandemia,
Perú tiene hoy el tercer número más alto de muertes de covid-19 en el continente americano. Como el país alberga una de las poblaciones indígenas más grandes de América Latina, este grupo se ha visto cada vez más amenazado por la pandemia.
Entre los shipibos de la región amazónica de Caimito, 80% has presentado síntomas de la enfermedad, en una población de unas 750 personas, pero sólo se pudieron hacer pruebas a 20 personas.
Entre los shipibo koniboliving de la región de Ucayali, se han registrado hasta ahora 58 muertes. El subregistro de casos y la falta de tests pueden estar encubriendo un desastre anunciado entre las comunidades indígenas de la triple frontera del Amazonas.
El aumento de los casos de covid-19 entre los pueblos indígenas es también una cuestión de tierras.
Para comprender esta relación, debemos entender primero cómo los pueblos indígenas de América Latina eran, incluso antes de los covid-19, víctimas de enfermedades «indicativas de desigualdad«.
Por lo tanto, hay una mayor incidencia de enfermedades respiratorias entre los indígenas, como la tuberculosis. En Brasil, por ejemplo, las enfermedades respiratorias son la principal causa de muerte entre indígenas.
Uno de los principales factores de este precario sistema de salud es la estructura de tierra en América Latina. Un legado de la distribución de tierras en el período colonial, en la actualidad 1,0% de las grandes propiedades ocupa 51% de toda la tierra del continente. Solo en Brasil, 1,0% de los grandes latifundios poseen 44% de las tierras, mientras que en Perú, este 1,0% posee 77,03%.
Durante siglos, las comunidades indígenas han sido víctimas de la expansión de un modelo extractivo, que expulsa a las comunidades indígenas, robándoles sus tierras ancestrales.
Como se señaló en un informe de OXFAM de 2016, la concentración de tierra es una de las principales causas de las elevadas tasas de pobreza, la desigualdad económica y la polarización de las estructuras políticas en América Latina.
Los pueblos y liderazgos indígenas han sido víctimas de conflictos de tierras durante décadas. Brasil es un claro ejemplo de cómo la organización política sobre la propiedad de tierra contribuye a este escenario.
El Frente Parlamentario Agrícola es la mayor fuerza política del parlamento brasileño y actúa activamente para socavar los derechos y las condiciones de vida de los pueblos nativos.
En la legislación actual, el frente está compuesto por 257 parlamentarios, aproximadamente 50% del parlamento, y se estima que se han promovido 1900 procedimientos legales anti-indígenas en el Congreso Nacional en los últimos dos años.
El proceso de concentración de tierras se ve reforzado por el desmantelamiento de los servicios básicos de las comunidades, como los sistemas de salud.
En Brasil, en las últimas décadas, la autoridad sobre la salud de los indígenas ha pasado a diferentes órganos, sin que se hayan adoptado medidas eficaces para resolver los problemas estructurales. Se han ignorado los llamados de las comunidades para que se descentralice el control de la actual Secretaría Especial de Salud Indígena.
Mientras tanto, el actual gobierno federal ha extinguido los consejos y los mecanismos de control social que permitían a las comunidades expresar sus demandas.
La expansión mundial del coronavirus ha afectado indiscriminadamente a las poblaciones de todo el mundo. Pero en América Latina, el proceso de concentración y acaparamiento de tierras, apoyado por los Estados, ha debilitado la capacidad de las comunidades indígenas de responder a la covid-19.
Como factor agravante de la falta de estructura y apoyo estatal, el intento de varias comunidades de aislarse para evitar el contagio fue violado por actividades relacionadas con la ocupación de tierras indígenas, como la minería ilegal en tierras demarcadas.
A pesar de las medidas oficiales de distanciamiento social y cuarentena, los garimpeiros siguen invadiendo las tierras indígenas sin respetar los protocolos sanitarios, propagando el virus y amenazando a las comunidades.
Algunos pueblos, como los yanomami, en Brasil, se dedican a denunciar estas actividades y a proteger a las comunidades, sin encontrar apoyo de los poderes públicos en su defensa.
Los problemas de salud precaria de los indígenas y de concentración de tierras son estructurales.
Pero el irreparable costo humano de covid-19 está ocurriendo ahora. Hoy, las medidas contra la pandemia de la covid-19 sólo pueden llevarse a cabo mediante la asignación esencial de recursos públicos.
Sin embargo, a largo plazo, la principal medida para hacer frente a la pandemia de la pobreza entre las comunidades indígenas es asegurar de una vez por todas el derecho a sus tierras ancestrales.
Este artículo fue publicado originalmente por DemocraciaAbierta.
RV: EG
