Aunque no ha sido una prioridad en América Latina y el Caribe, la pandemia de la covid-19 amenaza con relegar la lucha climática en la región por las urgencias sanitarias, económicas y sociales, que también sirven para demorar medidas que requieren cambios en el modelo de desarrollo.
Una de sus manifestaciones es la postergación de la actualización de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, en inglés), las metas voluntarias de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) que cada país debe presentar ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), con su plan específico para lograrlo.
Para Enrique Maurtúa, asesor sénior de política climática de la no gubernamental Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, la política climática no es prioritaria en América Latina. “Esto no ha cambiado” con la emergencia sanitaria y socioeconómica provocada por la pandemia, dijo a IPS desde Buenos Aires.[pullquote]3[/pullquote]
Hay casos como la misma Argentina o Chile y Costa Rica que mantienen su proceso virtual de consulta y elaboración de planes nacionales; otras, como México, han aletargado esos diálogos sobre la NDC desde marzo.
Aunque voluntarias, las NDC son una parte medular del Acuerdo de París sobre cambio climático, sobre las que pivota la meta deseable de contener el incremento de la temperatura a 1,5 grados centígrados, considerada indispensable para evitar catástrofes climáticas irreversibles y, en consecuencia, humanas.
En ellas, los países deben establecer cuáles son sus metas posteriores a este año y para alcanzar en 2030 y 2050 de reducción de las emisiones de GEI, responsables del recalentamiento planetario, tomando como línea base un año específico, la forma de conseguir esas metas, el año pico de sus emanaciones y cuándo lograrían las cero emisiones netas, vale decir absorber tantos gases como los que lancen a la atmósfera.
Para contener la propagación del coronavirus y sus impactos, la región ha tomado decisiones económicas de emergencia, como apoyos a empresas grandes, medianas y pequeñas, así como a trabajadores vulnerables, pero esos paquetes carecen de componentes ecológicos, como compromisos de producción sostenible o de baja contaminación.
Alejandro López, académico de la División de Economía del mexicano Centro de Investigación y Docencia Económicas, declaró a IPS que los planes ambientales del país están atrasados.
“Pero no está claro si es por covid-19 o si no ha sido prioritario en esta administración, y ahora tampoco lo es. Quizás se fue un poquito más atrás, pero no estaba al frente antes. El tema no es tanto el covid-19, sino las prioridades en lo más alto del gobierno federal”, dijo el investigador, quien integra la Coordinación de Evaluación de políticas climáticas del estatal Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
El 29 de abril la mexicana Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente efectuó una sesión virtual nacional sobre la actualización de la NDC para cumplir con el Acuerdo de París, suscrito por los 196 miembros de la CMNUCC en 2015 y que regirá desde fines de este año.
CMNUCC, con sede en la ciudad alemana de Bonn, ha recibido hasta ahora 10 NDC, de ellos solo dos americanos: Suriname que envió sus metas voluntarias en diciembre y Chile que lo hizo el 8 de abril. Estados Unidos, el mayor emisor mundial después de China, formalizó en noviembre pasado su salida oficial del Acuerdo de París.
CMNUCC, que en octubre publicará un inventario sobre las metas comprometidas, pidió a los Estados y territorios la entrega este año de sus NDC, que serán revisadas cada cinco años.
En una carta abierta del 23 de abril, la secretaria ejecutiva de CMNUCC, la mexicana Patricia Espinosa, subrayó que el trabajo sobre los planes climáticos nacionales no está en pausa, recordó que “la emergencia climática tampoco se ha tomado tiempo libre” y destacó la necesidad de “aumentar la ambición en materia de mitigación, adaptación y financiación” de la lucha climática.
“Respecto a las políticas y los compromisos, es importante reconocer que en Argentina se ha hecho mucho trabajo en los últimos cuatro años. Actualizó su NDC, inició procesos sectoriales de compromisos y medidas, elaboró su inventario de gases contaminantes, se aprobó la Ley del Cambio Climático en noviembre, aunque falta la publicación del reglamento”, puntualizó Maurtúa.
Argentina asumió una contracción de 15 por ciento de emisiones en 2030, con un tope en 422 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), determinante dentro de los GEI y en sus emanaciones, con medidas focalizadas en generación de energía, agricultura, bosques, transporte, industria y residuos sólidos.
En 2016, esa nación de Cono Sur americana, que elabora su Estrategia Climática de Largo Plazo, emitió 333 millones de toneladas de CO2, sin incluir deforestación, y cuyos mayores vectores son la ganadería y el transporte.
Chile, que en 2016 lanzó a la atmósfera más de 100 millones de toneladas de CO2, elevó este año su meta de reducción de los GEI para 2030 por encima de 30 por ciento, en comparación con los niveles de 2007, de entre 122 millones y 126 millones de toneladas de CO2. Ahora, estableció un tope de emisiones de 95 millones de toneladas.
Desde 2017, el país cuenta con un Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, que ahora incluye las emanaciones provenientes del uso de suelo y la deforestación, además de que el país sudamericano se comprometió a alcanzar su máximo de contaminación en 2025 en vez de 2027. Ya en junio de 2019, Chile anunció que alcanzará las cero emisiones netas de GEI en 2050.
Además, Chile prevé el diseño de su Estrategia Climática de Largo Plazo en 2021 y el reajuste y ejecución del Plan Nacional de Adaptación, que desde 2022 contendrá metas de adaptación por sectores que deben cumplirse en 10 años.
Por su parte, México, que emitió 688 millones de toneladas en 2016, se comprometió a bajar en 22 por ciento sus GEI en 2030 respecto a su línea base, 2013, y alcanzaría su tope de emanaciones en 2026.
Pero la nación azteca no ha actualizado tres planes con que alcanzar esa meta, para el periodo 2018-2024: Especial de Cambio Climático, Nacional de Adaptación y el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La gran incógnita de América Latina es Brasil, el mayor emisor de la región, y con cuyo presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, se ha convertido en villano climático internacional por sus políticas que favorecen la deforestación de la Amazonía. Pero en el caso del Acuerdo de París, parece haber desistido de su promesa electoral de abandonarlo.
En su NDC precedente, Brasil, que emitió 1050 millones de toneladas de CO2 en 2016, se comprometió ante la CMNUCC a reducir 43 por ciento los GEI en 2030, en comparación con 2005, mediante el fomento a biocombustibles sostenibles, cuidado forestal y crecimiento de las energías renovables, para llegar a 1000 millones de toneladas en 2025 y 800 millones en 2030.[related_articles]
Pero queda por ver si esas promesas se materializan, a la luz de la pandemia de covid-19, ocasionada por el síndrome severo respiratorio agudo por el nuevo coronavirus, el SARS CoV2, surgido en China a finales de 2019, y que ha forzado el confinamiento de miles de millones de personas y la parálisis económica, con una hecatombe en el empleo.
De por sí, en América Latina solo las metas de la NDC de Costa Rica son compatibles con lograr una reducción planetaria de dos grados centígrados, el objetivo más ambicioso, según la plataforma Monitoreo de Acción Climática (CAT, en inglés), que cataloga las medidas de Argentina y Chile de “altamente insuficiente” y las de Brasil, Guyana Francesa, México y Perú de “insuficiente”.
Con su actualización, Chile quedaría en la categoría “insuficiente”, pero incluso podría llegar a ser compatible con el Acuerdo de París, según CAT, que analiza solo un puñado de países latinoamericanos y divisa que Argentina, Brasil y Chile se encarrilan a alcanzar sus metas voluntarias en 2030, no así México.
Coyunturalmente la pandemia puede ayudar a cumplir metas climáticas, pero se trata de un espejismo, fruto de la parálisis económica. En 220, las emisiones mundiales caerían en ocho por ciento, según la proyección de la Revisión Global de Energía, divulgada el 30 de abril por la Agencia Internacional de Energía, organismo de gobiernos del Norte industrial. Ese porcentaje es necesario anualmente para contener el calentamiento planetario en 1,5 grados.
En el caso latinoamericano, López, el académico mexicano, instó a que los países mantengan la crisis climática en la agenda pública, porque se trata de una emergencia humana, incluso superior a la de covid-19.
“Evidentemente, no se debería de quitar el pie del acelerador y se debería pensar en cumplir metas. La crisis no nos va a dar tregua. Pero claramente la amenaza de mediano plazo no se va a posponer por esta emergencia (de covid-19), que no debería ser un pretexto para relajar la política climática. No ganamos tiempo ni mucho menos”, sostuvo.
Maurtúa, el ambientalista argentino, sugirió que el sector de energía renovable debe mostrar “sus fortalezas, los beneficios que pueden aportar para la reactivación económica, mostrar que son la solución. Argentina está en una posición complicada, porque salvar a la industria petrolera necesita mucho dinero y eso no es viable”.
Ambos coincidieron que cuando el mundo despierte de la fase más crítica de la pandemia a fin de año o en 2021, la emergencia climática seguirá allí, con su tic tac aún sin desactivar.
Ed: EG
