Desde 2012, la mexicana Teresa Castellanos ha enfrentado la construcción de una planta termoeléctrica a gas en Huexca, en el estado de Morelos, en el centro de México y contiguo a la capital del país.
“No queremos que opere la termoeléctrica, porque va a dejar daños irreparables, contamina el agua, el aire. Es un proyecto impuesto, tenemos que defender el agua, la tierra. Esta no es una zona industrial”, dijo a IPS la activista, coordinadora del Comité Huexca en Resistencia.
Durante las pruebas, el ruido permanente de las turbinas también alteró la vida de esta pequeña comunidad con algo más de 1000 habitantes, mayormente campesinos, cerca del río Cuautla, dentro del municipio rural de Yecapixtla.[pullquote]3[/pullquote]
La Central de Ciclo Combinado Centro, emplazada en Huexca y con capacidad de 620 megavatios a base de gas y vapor, integra el Proyecto Integral Morelos (PIM), desarrollado por la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que también consta de un acueducto y un gasoducto que atraviesa los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Mediante varios amparos judiciales, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala y su aliada, la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos, han parado desde 2015 el funcionamiento de la central, del acueducto de 12 kilómetros de extensión, y de la entrada en operación del gasoducto, de 171 kilómetros de largo.
Castellanos, que ha ganado un premio internacional y otro nacional por su activismo, participa en la batalla contra la obra desde sus comienzos, lo que le ha valido persecución y amenazas.
La oposición a la central de las comunidades afectadas, que viven de la siembra de maíz, frijol, calabaza, tomate y la cría de ganado vacuno y porcino, se centra en la falta de consulta, la amenaza a su actividad campesina, por la extracción del agua de los ríos, y las descargas de residuos líquidos.
En febrero de 2019, una consulta pública, que no cumplió con los estándares internacionales, respaldó la terminación del proyecto.
Días antes, el activista Samir Flores fue asesinado, en un crimen que continúa en la impunidad, dentro de la tradicional violencia contra los ambientalistas en el país. Pese a esa muerte, el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador mantuvo el referendo.
Fondos públicos han alimentado el conflicto, pues el estatal Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) prestó unos 55 millones de dólares para el tendido del gasoducto.
Como en otros proyectos, la banca de desarrollo mexicana se ha convertido en soporte financiero de la industria petrolera en la segunda economía latinoamericana y con una población de 130 millones de habitantes.
El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Banobras y la Nacional Financiera (Nafin) han destinado millones de dólares para construir gasoductos e instalaciones de petróleo y gas en años recientes, a pesar de que la crisis climática requiere el abandono de esas inversiones, según datos revisados por IPS.
También han financiado proyectos de energías renovables, pero en montos muy inferiores respecto a las fósiles.
Puntal de la reforma energética
La reforma energética que el entonces presidente conservador Enrique Peña Nieto (2012-2018) promulgó en 2013 abrió el sector al capital privado, rompió el monopolio de las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y CFE, y convirtió a México en un mercado global atractivo para las inversiones del sector.
Para apuntalar esa transformación, la estatal banca de desarrollo abrió también sus arcas.
Banobras, que financia infraestructura y obras y servicios públicos, ha prestado desde 2012 al menos 721 millones de dólares para la construcción de gasoductos, 10 234 millones para proyectos de petróleo y gas, 251 millones para cogeneración eléctrica, a partir de vapor generado en plantas de hidrocarburos, y unos ocho millones para la construcción de una termoeléctrica, que quemará combustóleo, en el noroccidental estado de Baja California Sur.
Por su parte, Bancomext, que suministra financiamiento a empresas exportadoras, importadoras y de nueve sectores estratégicos, ha entregado unos 500 000 dólares a emprendimientos petroleros en el oriental estado de Tamaulipas y otros 446 millones en Ciudad de México. Además, ha aportado 65,41 millones a iniciativas gasíferas en el norteño estado de Nuevo León y 626,75 millones en Ciudad de México.
Adicionalmente, ha aportado 1528 millones de dólares para suministro de gas por ductos al consumidor final, 324 millones para extracción de petróleo y gas; 216 millones para construcción de obras para crudo y gas; 126 millones para la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón; casi siete millones para refinación de petróleo; 0,65 millones para comercialización de combustibles, 0,25 millones para perforación y mantenimiento de pozos de hidrocarburos, así como 0,25 millones para mantenimiento y servicios a plataformas petroleras.
En febrero Bancomext otorgó un empréstito por 7,1 millones de dólares al Grupo Diarqco, en lo que presentó como el primer crédito a una empresa privada mexicana del sector, para explotar un campo petrolero en el sudoriental estado de Tabasco.
Nafin, que otorga créditos y garantías a proyectos públicos y privados, creó en 2014 el Programa Impulso Energético para esas iniciativas, dotado con más de 1000 millones de dólares.
Además, maneja con la Secretaría (ministerio) de Economía el Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética, diseñado para el fomento industrial de cadenas productivas locales y de la inversión directa en la industria energética y que este año cuenta con un fondo de unos 41 millones de dólares.
Salvaguardias sociales y ambientales, ausentes
Como el caso del PIM de Morelos, los gasoductos han sido fuente de confrontación con poblaciones locales, que se origina en la falta de salvaguardias socioambientales, estándares que sirven para garantizar que un proyecto y su financiamiento respeten los derechos humanos de comunidades potencialmente afectadas.
Nafin y Banobras carecen de esas salvaguardias, mientras que Bacomext posee la “Guía del sistema de gestión de riesgos ambientales y sociales” desde 2017, sin que haya evidencia de si aplica la norma y cómo lo hace en los proyectos energéticos financiados desde entonces.[related_articles]
Desde 2003, han surgido tres plataformas de estándares internacionales, a los cuales la banca de desarrollo mexicana no se ha adherido, sobre derechos humanos, evaluaciones e impactos sociales y ambientales; la aplicación de salvaguardias; la participación de partes interesadas; resolución de quejas y transparencia.
El planeta necesita que 80 por ciento de las reservas de hidrocarburos globales queden enterradas, para que el aumento de temperatura se estabilice en 1,5 grados centígrados, como lo marca el Acuerdo de París sobre cambio climático.
El tratado lo firmaron 196 Estados y territorios en 2015, regirá desde fines de este año y se considera indispensable para evitar catástrofes climáticas irreversibles y, por ende, humana.
Liliana Estrada, investigadora del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe, señaló a IPS que la mayoría de la inversión aún va a combustibles fósiles.
“A partir de la reforma, tienen que entrar a proyectos estratégicos y siguen las líneas del gobierno, no pueden ir en contra de esas líneas estratégicas. El gas y gasoductos se volvieron estratégicos”, con el impulso a los megaproyectos del gobierno de López Obrador, dijo la representante de la coalición de organizaciones no gubernamentales y académicos.
Esos créditos clasifican dentro de los subsidios a las energías fósiles que México se comprometió a eliminar ante varias instancias internacionales.
El imán energético mexicano también atrajo a la banca privada internacional, que ha prestado 55 950 millones de dólares a 12 corporaciones, según el reporte “Contando con el cambio climático 2020”, divulgado en marzo por seis organizaciones ambientales internacionales.
La CFE recibió casi 5405 millones de 12 bancos entre 2016 y 2019 y Pemex, 48 338,53 millones de 20 bancos extranjeros.
Con base a la experiencia de Huexca, Castellanos exigió detener esas inversiones.
“Si es nuestra empresa, como dice el gobierno, entonces la podemos cerrar. Tenemos que defender el espacio en el que vivimos, porque el planeta en el que estamos solo es uno y es de todos nosotros, es de todo ser vivo, y es nuestra obligación aportar algo para este planeta, porque nosotros estamos aquí de paso, somos huéspedes de la tierra que pisamos”, aseguró.
Estrada planteó regulaciones de financiamiento sostenible pero cuestionó la falta de liderazgo gubernamental a este respecto.
«Los bancos de desarrollo deben contar con salvaguardias y principios de inversión sostenible. Es necesario tener regulaciones nacionales, que definan qué es financiamiento climático, financiamiento verde, cuáles son los principios que los rigen, cuáles son los riesgos climáticos. La tendencia debe ser financiar proyectos verdes y cada vez menos los hidrocarburos”, planteó.
Ed: EG
