Las leyes de emergencia que se promulgan en América Latina y otras regiones para apurar la compra de suministros médicos, ante la pandemia covid-19, tiene el riesgo de que permite a los gobiernos evitar los controles habituales en el gasto público, advirtió la organización independiente Transparencia Internacional.
“Para salvar vidas y minimizar el sufrimiento, la respuesta a la crisis de la región debe ser lo más eficiente posible. De lo contrario, los preciosos recursos perdidos por la corrupción podrían costar innumerables vidas”, señaló la organización no gubernamental dedicada a la vigilancia anticorrupción en más de 70 países.
Transparencia Internacional recogió en lo que va de abril reportes de 13 países de la región con alarmas por evidencias o indicios de corrupción en respuestas a la pandemia, específicamente en los procesos de contratación pública.
Mencionó el caso de Brasil, donde, según denuncias de medios y organizaciones no gubernamentales (ONG), el gobierno otorgó un contrato de máscaras quirúrgicas a una compañía que cobra hasta 12 veces más que el precio del mercado, pero tiene vínculos con el presidente de la república.
También puso otro caso en Brasil como ejemplo de conflictos de intereses: el gobierno recientemente otorgó contratos de emergencia para batas de hospital a una compañía que donó a las campañas electorales de miembros del gobierno.
Los aumentos de precios en los insumos de salud colocan a los gobiernos de la región ante la disyuntiva de pagar cantidades exorbitantes por suministros básicos o dejar a trabajadores del sector en mayores riesgos de infección.
Para encarar estos problemas, la ONG recomendó que la información sobre compras y contrataciones se publique en formato de datos abiertos, accesibles a todos los públicos, de modo que haga posible el seguimiento de los recursos utilizados durante la respuesta de emergencia.
Otras recomendaciones son que los procesos de adquisición eviten aumento de precios y el acaparamiento, promoviendo la competencia entre empresas, y activar a las agencias nacionales antimonopolio para evitar la colusión entre actores económicos y prácticas que resultan en especulación de precios.
También las empresas privadas “deben evitar las prácticas de aumento de precios que afectan el suministro de bienes y servicios, actuar con mayor integridad y anteponer a las personas a las ganancias ante esta emergencia sanitaria mundial”.
Por su parte, CAF-Banco de Desarrollo Latinoamericano recomendó a los gobiernos latinoamericanos “el uso de datos y nuevas tecnologías para garantizar la integridad de las compras públicas y evitar casos de corrupción que pueden ser letales para atender la pandemia covid-19”.
“La transparencia no debería pasar al segundo plano durante la crisis. Los riesgos de corrupción suelen incrementarse, pero podemos reducirlos si las nuevas tecnologías se complementan con el análisis de los datos para el monitoreo de la pandemia”, dijo Carlos Santiso, director de innovación digital en el organismo.
La primera recomendación de la CAF es la rendición de cuentas orientada a resultados, “para garantizar el destino de recursos que administran los gobiernos y las organizaciones multilaterales, así como los resultados de ese gasto en materia de contención del virus”.
Después está la publicidad de la contratación directa de emergencia, porque “permite mostrar a la ciudadanía las actuaciones del gobierno y maximizar el nivel de respuesta a sus solicitudes de abastecimiento”.
Y, luego, generar transparencia y rapidez en los suministros de insumos de salud mediante la “digitalización en la agregación de esa demanda”, es decir, que se trabajen las contrataciones entre el comprador y varios proveedores mediante audiencias virtuales o procedimientos de adjudicación electrónica.
“Es clave que los gobiernos de América Latina integren el uso de datos y de las nuevas tecnologías en sus procesos de contratación pública, para mitigar los riesgos de corrupción y atender de manera oportuna la emergencia de la pandemia global”, subrayó Santiso.
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