Las prácticas comerciales con las que grandes marcas de ropa responden a la crisis generada por la covid-19 están dejando sin trabajo a millones de personas en Asia, advirtió en un informe la organización Human Rights Watch (HRW).
Esas empresas “enfrentan decisiones comerciales difíciles para superar la crisis del coronavirus, pero no deberían abandonar a los trabajadores de las fábricas que confeccionan sus productos”, dijo Aruna Kashyap, asesora en la división de derechos de la mujer de HRW.
Son mujeres la inmensa mayoría de trabajadores textiles que laboran en miles de fábricas o a domicilio en países pobres del sureste de Asia o en China e India.
Decenas de marcas de ropa, así como cadenas de tiendas minoristas –que HRW no mencionó en su informe público- han cancelado pedidos a las fábricas sin asumir su responsabilidad financiera, incluso cuando los trabajadores ya habían terminado de elaborar sus productos.
La pandemia hizo caer en picada las ventas de marcas de ropa y minoristas. Hay cierre de tiendas para controlar la propagación del virus y algunas firmas “se han aprovechado de prácticas de compra injustas”.
El exgerente de una fábrica de ropa en Camboya dijo que las marcas generalmente imponen todos los términos y condiciones de pago sin margen de negociación. Cuando se desató la pandemia suprimieron los pagos por adelantado y fijaron plazos de pago más amplios después de que los productos fueran enviados.
Los anticipos y los plazos de pago más reducidos permiten a los proveedores o fabricantes en Asia mantener un mejor flujo de caja, lo que condiciona su capacidad de pagar a tiempo los salarios o las remuneraciones a costureras a domicilio.
Tras plantear a sus proveedores asiáticos que sean “flexibles y comprensivos”, marcas y minoristas de firmas de moda cancelaron pedidos de productos que los trabajadores ya habían terminado o estaban produciendo cuando les alcanzó la decisión empresarial.
También pidieron en marzo descuentos sobre productos ya enviados y cuyos pedidos se remontan a enero y no asumieron responsabilidad financiera ni fijaron fecha para realizar los pagos de pedidos ya despachados o en proceso, indicó HRW tras encuestar a proveedores en países como Bangladesh, Camboya y Myanmar (Birmania).
HRW recordó que esas prácticas son contrarias a las responsabilidades de las empresas, detalladas en los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos.
Los principios exigen a las empresas que “eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos, y que hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan”.
También se les pide que “traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con sus operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlas”.
Mientras algunas grandes marcas asumieron una conducta indebida, empresas medianas sí cumplieron sus compromisos, al igual que algunos grupos que “actuaron correctamente”, según HRW. Entre éstos, la española Inditex, la estadounidense Target y la sueca H&M.
H&M trabaja con 311 fábricas textiles en Bangladesh y otras 39 empresas que hacen agregados a la cadena de valor, y su principal competidora, Inditex, tiene 94 proveedores con 160 fábricas, de las cuales 150 son de confección.
La holandesa C&A, que tiene 850 centros de producción en 36 países, concentra dos tercios de ellos en cinco países asiáticos: China, Bangladesh, Turquía, India y Camboya, y la irlandesa Primark cuenta con más de 1000 factorías en 31 países, en su mayoría en China, India y Bangladesh.
De las estadounidenses, la mayor es Gap, que en 30 países tiene 885 fábricas, muy concentradas en China, India y Bangladesh, pero también firmas de calzado, como Nike, que tiene más de un millón de empleados en 554 centros de producción en el mundo, la mitad entre China, Vietnam, Indonesia y Camboya.
HRW calcula que fueron despedidos o cesados temporalmente un millón de trabajadores en Bangladesh, hasta 70 000 en Myanmar y 200 000 en Camboya. En India trabajan 12 millones en la industria textil y de la confección, pero muchas más personas, sobre todo mujeres, laboran a domicilio para el sector.
“Se necesitan esfuerzos urgentes para ayudar a los trabajadores de bajos ingresos durante la crisis de covid-19”, dijo Kashyap, “pero también medidas a más largo plazo, porque esta pandemia puso de relieve que protección social y regulaciones efectivas de las prácticas comerciales son un tema pendiente desde hace tiempo”.
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