Hay fuertes competidores en el mundo, pero el presidente Jair Bolsonaro aventaja en la disputa por el título de campeón de la muerte de la pandemia de covid-19, por jugar políticamente con millones de vidas.
Saltó sin paracaídas el 16 de abril, al destituir a su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, de cuyas medidas venía discrepando y saboteando públicamente, con incursiones por las calles para juntarse con sus adeptos y recibir su apoyo o concurrir a tiendas comerciales e iglesias.
Otros presidentes o jefes de gobierno podrán ser responsabilizados de muertes y sufrimientos evitables, por retardar el aislamiento social recomendado por la Organización Mundial de Salud (OMS).
Es el caso de Donald Trump, de Estados Unidos, y Andrés Manuel Lopez Obrador, de México. A ellos se suman algunos que ignoran la pandemia, como Daniel Ortega, de Nicaragua, por citar solo casos de América.
Pero el ultraderechista Bolsonaro no solo persiste en menospreciar los riesgos de la covid-19. También rechazó la política impulsada por su Ministerio de Salud y los gobiernos regionales con buenos resultados y aprobada por la OMS y los expertos de todo el mundo.
Asumió así, personalmente, la responsabilidad por el porvenir de la crisis sanitaria, al destituir Mandetta, cuya labor conquistó también un gran apoyo popular. Una encuesta del Instituto Datafolha le atribuyó al comienzo de abril la aprobación de 76 por ciento de los entrevistados, contra 33 por ciento a Bolsonaro.
Coincide con 76,2 por ciento que rechazaba su pronosticada destitución en la encuesta de la consultora Atlas Político, hecha del 12 al 14 de abril.
El respaldo popular al exministro se expresó en cacerolazos y gritos de “Fuera Bolsonaro” en las mayores ciudades brasileñas minutos después de conocerse la decisión presidencial.
Además de castigar a su ministro por una labor apoyada por casi todos los gobernadores de los 27 estados brasileños y por los profesionales de la medicina, el presidente lo hizo en un momento que juega contra su propio destino político.
Los epidemiólogos prevén consensualmente una aceleración del contagio por el coronavirus en Brasil para las próximas semanas, con su apogeo en mayo. Por más que esa tendencia ya estuviese prefijada, será difícil que la población no le eche la culpa al presidente.
Su popularidad, que se había estabilizado en cerca de un tercio del electorado tras un fuerte descenso los primeros meses de su mandato, iniciado en enero de 2019, tiende a un nuevo bajón debido a su actitud ante la epidemia y el caso Mandetta.
El desastre será más desgarrador si los cadáveres empiezan a acumularse en los hospitales, tanatorios, barrios pobres o calles, como ocurre en la ciudad ecutoriana de Guayaquil.
Mandetta, un médico ortopedista, fue sustituido por el oncólogo Nelson Teich, quien tomó posesión con un discurso ambiguo. Rechazó una “definición brusca” de la política que adoptará, indicando que no cambiará pronto las directrices de su antecesor, pero garantizó “un alineamiento completo” con Bolsonaro.
Teich tiene cierto prestigio entre los médicos del sector privado, como empresario y gestor, pero nunca tuvo experiencia en la administración pública.
Anunció como sus directivas algunos principios obvios, como obtener “información sólida” y la mayor cantidad de datos para adoptar decisiones más eficientes. También rechazó antagonismos entre salud y economía para tratarlos como “sinérgicos”, ya que la salud tiene “determinantes sociales”.
Un programa de diagnósticos masivos para “entender la epidemia” y “asumir su comando” está en sus planes, aunque se conoce que Brasil no produce pruebas suficientes, enfrenta dificultades en su importación y está entre los países que menos diagnostican sus enfermos de covid-19.
Esas orientaciones anunciadas por Teich demandan un tiempo que no parece disponible en la rapidez de propagación del coronavirus SARS-CoV-2. Por eso es que se imponen el aislamiento de las personas y la suspensión de las clases escolares y de las actividades económicas no esenciales.
La expansión de la epidemia se aceleró en los cuatro últimos días, con un promedio de 200 muertes diarias en las estadísticas oficiales sabidamente subestimadas, el doble de la semana anterior, en ese país de 211 millones de habitantes donde se asesinan 115 personas al día.
Algunas metrópolis ya están al borde del colapso de sus sistemas de salud.
En Manaus, la principal ciudad de la Amazonia, con 2,2 millones de habitantes, se agotó la capacidad de sus hospitales para atender enfermos graves de Covid-19. São Paulo (12,2 millones), que concentra casi 30 por ciento de la epidemia en Brasil, y Fortaleza (2,7 millones), una de las capitales de la región del Nordeste, se acercan a la insuficiencia.
Los hospitales de campaña difícilmente se alistarán a tiempo o serán suficientes, ante la escasez de respiradores mecánicos, personal capacitado y sus equipos de protección individual.
Las ideas del nuevo ministro probablemente parecieron más aceptables a Bolsonaro por el énfasis en articular la economía y la salud en el combate al coronavirus.
Pero es una abstracción, una cuestión futura que preocupa a todos en todo el mundo, para cuando se busque una salida a la “hibernación” económica dictada por el aislamiento social, que Teich acoge como correcto, por ahora.
Queda claro que el reemplazo del ministro de Salud no resuelve el caos político provocado por el presidente. Su creencia de que se debe “volver a la normalidad” y reanudar pronto las actividades económicas para evitar un desempleo explosivo, solo por milagro tendría una respuesta satisfactoria del nuevo ministro.
Es Bolsonaro quien más contrapone salud y economía. Ha defendido que sería mejor restablecer las actividades económicas, para evitar la quiebra de empresas y el desempleo, es decir un caos que “mata más que el virus”.
No admite que una epidemia descontrolada, con miles de muertos diarios y el colapso del sistema de salud, provocaría daños económicos peores, al aterrorizar la población, exterminar o incapacitar parte de los trabajadores y consumidores, desorganizar cadenas de producción y transporte, afectando actividades esenciales hoy preservadas.
Por eso sostiene, contra todas las evidencias, que la pandemia no es tan agresiva como pintan los epidemiólogos.
El caos político no se limita a la contradicción entre la presidencia y el Ministerio de Salud. Los conflictos de Bolsonaro también se agravaron con el legislativo Congreso Nacional, con los gobernadores y con el Supremo Tribunal Federal (STF), que tiene entre sus funciones velar por la Constitución.
Son los gobernadores de los 27 estados y miles de alcaldes, con respaldo del STF y del Ministerio de Salud, cuyo papel es fundamentalmente rector, que decidieron y ejecutan las acciones de contención de la pandemia rechazadas por el presidente.
Bolsonaro amenazó con derogarlas por un decreto, que con toda probabilidad sería anulado judicialmente. Pero el presidente puede presionar a gobernadores y alcaldes, con la reducción de la ayuda financiera para compensar las pérdidas que sufren estados y municipios debido a la contracción económica.
Esa ayuda depende también del bicameral Congreso Nacional, que tiende a favorecer las entidades federales y que ahora amplía así sus roces con el gobierno central, cada vez más crecientes, nutridos por el hecho de que Bolsonaro no cuenta con partido propio en el parlamento.
Ed: EG