Sobrevivir a sus intentos de suicidio político se reveló el deporte preferido del presidente Jair Bolsonaro hasta desatar una guerra por su inhabilitación, que exacerba la tragedia sanitaria y económica del coronavirus en Brasil.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, ya recibió por lo menos 28 solicitudes para abrir un proceso que podría finalizar con la destitución legal del presidente ultraderechista, en los términos previstos en la Constitución de 1988.
Actos contra la democracia, la seguridad nacional y la libertad de prensa, improbidad administrativa, abusos de autoridad y violación de normas sanitarias que arriesgan vidas humanas son algunas justificaciones de los pedidos de partidos políticos, legisladores, ciudadanos y asociaciones profesionales.
“La inhabilitación de Bolsonaro es inviable ahora, porque no se cumplen las cinco condiciones necesarias para su consecución”, sostuvo el sociólogo Elimar do Nascimento, profesor de la Universidad de Brasilia.
Una popularidad inferior a 10 por ciento, oposición mayoritaria de los medios de comunicación, derrota en la “batalla de las calles” y pérdida del sostén empresarial son los cuatro requisitos que aseguran el quinto, una decisión condenatoria por mayoría de dos tercios de diputados y senadores, apuntó a IPS desde Brasilia.
La última encuesta del Instituto Datafolha apuntó un rechazo de 38 por ciento de los entrevistados el 27 de abril al gobierno de Bolsonaro y la aprobación de 33 por ciento, proporción similar a la registrada en diciembre de 2019. El resto respondió “regular” o “no sé”.
La expresidenta Dilma Rousseff, destituida en 2016, contaba solo siete por ciento de aprobación popular en vísperas de comenzar el proceso, recordó Nascimento. El caso anterior, el de Fernando Collor de Mello, en 1992, sufría un descrédito similar.
En comunicación Bolsonaro cuenta con las redes sociales y algunos canales de televisión abierta. Sus adictos se movilizan en actos por las calles, a pie o en automóviles, contra los cacerolazos de la oposición.
Y parar asegurar el respaldo empresarial, el presidente trata de mantener como ministro de Economía a Paulo Guedes, economista de la ortodoxia neoliberal de la Escuela de Chicago, como garantía de una política de libre mercado y austeridad fiscal, pese a los gastos forzados por la pandemia.
El apoyo de 30 por ciento del electorado de 147 millones de brasileños “es una base sólida de Bolsonaro, que él ya disfrutaba desde antes de la campaña electoral de 2018”, según Fátima Pacheco Jordão, consultora en sondeos de opinión pública.
“Él no es un éxito de popularidad, pero sí de estabilidad”, resumió en una entrevista con IPS desde São Paulo.
Coincide con la opinión de Nascimento, quien prevé que ese respaldo estable podría asegurarle pasar a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2022 y reelegirse si se repite la polarización de 2018 con el izquierdista Partido de los Trabajadores.
Pero los avisperos en que con 16 meses en el poder se metió Bolsonaro por su cuenta en abril ensombrecen su horizonte.
Además de los requerimientos de un juicio parlamentario que podría sacarlo de la presidencia, varias investigaciones judiciales en marcha amenazan someterlo a un proceso de inhabilitación que dificultaría su defensa.
No se descarta también el enjuiciamiento por un delito común, no político. El juicio le tocaría al Supremo Tribunal Federal, tras la autorización de la Cámara de Diputados, también por mayoría de dos tercios como en el caso de inhabilitación.
El delito más reciente y de mayor impacto sería la intención de interferir en investigaciones de la Policía Federal (PF) y usar sus servicios de inteligencia, según denuncia del exministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, al renunciar ante imposiciones de Bolsonaro para sustituir el director general de la PF.
La PF es una institución de Estado, no del gobierno, y protegida de injerencias políticas por la Constitución. Es uno de los órganos autónomos de control que Bolsonaro intenta someter a su voluntad desde el inicio de su gobierno en enero de 2019.
Casi todos procesos judiciales en que están metidos el presidente y sus tres hijos políticos dependen de investigaciones de la PF. Por eso se sospecha que Bolsonaro busca someter esa policía a un director de su confianza personal en defensa propia y de la familia.
Los hijos, un senador y un diputado nacionales y un concejal en Río de Janeiro, son investigados por corrupción, uso ilegal de las redes sociales para difusión de noticias falsas y vínculos con milicias criminales. Son delitos que pueden involucrar el padre.
Hay otros líos. El Ministerio Público (fiscalía general) quiere investigar una orden presidencial para la revocación de ordenanzas del Ejército que permitían el monitoreo de armas y municiones por autoridades militares.
La decisión atendió a intereses particulares y respondió a presiones de compradores y comerciantes de armas, en desmedro de la seguridad pública, otro “delito de responsabilidad” que puede justificar la inhabilitación, por violar el principio de la impersonalidad en el gobierno.
Pese a la acumulación de procesos judiciales, parlamentarios y policiales contra la familia, la mayor probabilidad es que haya “una acomodación” para arrastrar ese gobierno hasta las elecciones de 2022, evaluó Fernando Lattmann-Weltman, profesor de Política en la Universidad del Estado de Río de Janeiro.
Los ministros tratarían de contener los impulsos radicales de Bolsonaro y de sus apoyadores agresivos en las redes sociales, para evitar la inhabilitación, que exige “un proceso largo e inseguro”, y concluir el actual mandato (2019-2022), razonó para IPS.
Además se podría temer la reacción de los militares, ya que Bolsonaro fue capitán del Ejército, mantiene estrecha relación con las Fuerzas Armadas y tiene nueve militares retirados como ministros dentro de un gabinete de 22 miembros.
“Si se camina hacia la inhabilitación, los militares no serian un obstáculo, porque el sustituto seria el vicepresidente Hamilton Mourão, un general retirado, más equilibrado que el capitán”, observó a IPS el también general retirado Bolivar Meirelles.
“Creo que la tendencia es la acomodación precaria de fuerzas, una convergencia de intereses para mantener a Bolsonaro, neutralizando su ímpetu, pero todo depende de la evolución de los muchos factores, en medio de la crisis económica y sanitaria”, concluyó Lattman-Weltman.
La pandemia de la covid-19 puede salir caro a Bolsonaro, por haber dimitido el 16 de abril al exministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, de cuyas orientaciones discrepaba.
Mandetta se hizo muy popular por impulsar el aislamiento social para desacelerar del contagio y evitar el colapso del sistema de salud. Mientras, Bolsonaro defendía y sigue defendiendo la reanudación de las actividades económicas para evitar el desempleo que, según él, “mata más que el virus”.
Desde entonces más que dobló la cantidad de muertes, que alcanzó 5466 en las cifras oficiales reconocidamente subestimadas del 29 de abril, la pandemia aceleró su expansión, los hospitales ya están en colapso en varias ciudades y así también algunos cementerios.
Difícilmente la popularidad del presidente se mantendrá estable ante la tragedia de las próximas semanas en los barrios pobres y hacinados, además del agravamiento de la parálisis económica.
Especialmente porque Bolsonaro sigue con su discurso que subestima la pandemia y reacciona con insensibilidad ante la mortandad. Se suma un gobierno demasiado lento en la ayuda a los desempleados y familias que perdieron sus ingresos.
Ed: EG
