La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró este martes 10 que continúan “las tensiones políticas y los actos de violencia de las fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno contra parlamentarios de la oposición” en Venezuela.
Michelle Bachelet hizo esa afirmación durante una actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Entre esas tensiones y actos de violencia, indicó que desde el 5 de enero las Fuerzas de Seguridad han dificultado el acceso a dichos diputados a la sede de la Asamblea Nacional.
Asimismo, lamentó la detención a finales de 2019 del diputado Gilber Caro y de su asistente Victor Ugas.
“El diputado Caro continúa privado de libertad sin que oficialmente se conozca el lugar de su detención. Asimismo, el diputado Ismael León fue detenido y se encuentra bajo arresto domiciliario”, explicó.
Bachelet añadió que su Oficina también ha documentado agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas, sin que las fuerzas de seguridad actuaran para evitarlo.
El 11 de febrero, fueron agredidos por lo menos 12 periodistas que cubrían la llegada de Juan Guaidó al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en las afueras de Caracas, tras su gira por Europa y Estados Unidos; mientras que el 29 de febrero, presuntos miembros de colectivos armados agredieron a manifestantes y periodistas que se congregaron en un acto político en el Estado de Lara.
“También hemos registrado casos de al lanamientos de la sede de un partido político, distintas ONG y oficinas de medios de comunicación”, agregó.
Estigmatización y descrédito de las víctimas
Las agresiones suelen estar acompañadas por una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia.
“Me preocupa el anuncio de que se aprobará una legislación que sancione a las organizaciones de derechos humanos que reciben financiamiento del exterior, así como el señalamiento público a las ONG”, agregó la alta comisionada.
Por otro lado, se ha documentado el hostigamiento en contra de algunas autoridades universitarias. Por otro lado, por lo que Bachelet considera positiva la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de suspender la medida cautelar de agosto de 2019 que amenazaba la autonomía universitaria.
También persisten restricciones a la libertad sindical a través de desalojos y la detención arbitraria de líderes sindicales.
Además, la Oficina de Derechos Humanos sigue recibiendo alegaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar en Caracas.
Sanciones económicas
Respecto a los derechos económicos y sociales, preocupan las imposiciones de nuevas sanciones económicas, en especial las que afectan a la empresa aérea Conviasa, así como las sanciones a la industria petrolera.
Tales sanciones, resaltó Bachelet, disminuyen los recursos del Gobierno destinados al gasto social.
Además, a pesar de las excepciones establecidas para permitir las importaciones de medicamentos, los alimentos e insumos para la acción humanitaria, los servicios públicos y la población en general siguen sufriendo el impacto del cumplimiento de las sanciones más allá de lo necesario por parte del sector financiero.
Atender a los niños con necesidad de trasplante
“Permítame hacer aquí un comentario especial, como mujer, como madre y como pediatra”, dijo entonces Bachelet, antes de añadir: “Sigue siendo urgente atender la situación de los niños y niñas venezolanos con necesidad de trasplante”.
Hasta este momento, 38 niños siguen en lista de espera en Venezuela y seis están aún pendientes de ser atendidos en Argentina. Lamentablemente, algunos han fallecido esperando el trasplante.
Según la información recibida por la Oficina de Bachelet, las sanciones han obstaculizado la transferencia de recursos para los tratamientos.
Sin embargo, a ellas se suma la situación crítica del Hospital infantil J.M. de los Ríos, en Caracas. Al final de 2019, solo 21% de las camas se encontraban operativas.
Situación humanitaria
Por otro lado, una reciente encuesta del Programa Mundial de Alimentos mostró que 2,3 millones de personas se encuentran en inseguridad alimentaria severa y siete millones en inseguridad alimentaria moderada.
Otro elemento conocido es la situación de las personas que han abandonado el país.
Según la Plataforma Regional de Naciones Unidas, 4,9 millones de personas han abandonado Venezuela.
“Reconociendo los enormes esfuerzos de los países de la región, quiero asimismo lamentar las declaraciones de algunas autoridades de algunos países, que podrían justificar o incitar la xenofobia y violencia contra personas migrantes y refugiadas”, dijo Bachelet.
Pese a las tensiones políticas, la alta comisionada se mostró confiada en que se puedan alcanzar los acuerdos políticos necesarios para la renovación del Consejo Nacional Electoral y garantizar elecciones inclusivas, transparentes y creíbles.
“Valoro todos los esfuerzos encaminados en esa dirección y reitero el llamado a todas las partes a que actúen con la altura de miras que el país merece para evitar una mayor escalada en la confrontación política que pueda traducirse en mayores acciones violentas”, concluyó.
Este artículo fue publicado originalmente por Noticias ONU.
RV: EG
